El 16 de enero de 2025 tuvo lugar el primer Encuentro Nacional Municipal (ENM) convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; participaron en esta reunión los gobernadores y la mayor parte de los presidentes municipales del país. En la reunión se hicieron tres planteamientos. Primero se anunció que, a partir de 2025, de la partida presupuestaria del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) denominada Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se entregarán los recursos correspondientes directamente a las comunidades de los pueblos originarios. Segundo, se propuso a los munícipes “juntar los recursos” del FAIS. Y tercero, se convocó a los gobiernos estatales y municipales a combatir los “problemas de seguridad” de manera coordinada con el Gobierno Federal. 

¿Qué efectos tendrá esta reunión? Sobre el anuncio que se hizo primero, sí es necesario priorizar el desarrollo social de los pueblos originarios, que históricamente han sido de los más marginados; no obstante, hay que advertir que este nuevo convenio no implica más recursos, no representa un esfuerzo mayor para mejorar la distribución de la riqueza. Lo único que se modifica es cómo se distribuye el mismo presupuesto. Ahora el Gobierno Federal entregará directamente este recurso y ya no lo harán los otros niveles de gobierno. El resultado inmediato es el reforzamiento de la deriva centralista del Ejecutivo Federal, mayor control de éste sobre los recursos de todos. De la convocatoria que se hizo en tercer lugar, todo ha quedado en la exposición de la confusa estrategia de seguridad de este gobierno.

Hasta aquí, este encuentro podría pasar como otro de los que sólo sirven para hacer declaraciones grandilocuentes; pero resulta claro que el punto central era hacer la propuesta de “juntar los recursos” del FAIS y conseguir que los munícipes y gobernadores renuncien a la parte que les corresponde del PEF. El FAIS tiene como población objetivo a la que vive con carencias de vivienda, infraestructura urbana, educativa y de salud; es decir, en condiciones que impiden ejercer los derechos asociados a la dignidad humana. Por eso, son las áreas más marginadas las que llevan mano en este fondo. La construcción de infraestructura social suficiente es una tarea de los municipios, según manda el Artículo 115^o de nuestra Constitución; y sin el FAIS, difícilmente podría cumplirse. El FAIS representa aproximadamente el 1.2 por ciento del presupuesto federal aprobado; en dinero contante y sonante, en 2025, la bolsa de este fondo es de 123 mil millones de pesos; de éstos, 88 por ciento se entrega a los municipios y el 12 por ciento restante, a los estados. Se creerá que el monto es una fortuna, pero si consideramos los retos del desarrollo social, el FAIS se queda muy corto. Por ejemplo, si se distribuyera entre la población con alguna carencia de vivienda que, según las cifras oficiales del Coneval en 2022 sumaba 23 millones de personas, el promedio sería de apenas cinco mil pesos por persona con problemas de vivienda.

En esta reunión, la Presidenta reconoció que, luego de entregar los programas de transferencias monetarias directas, el gobierno no cuenta con recursos suficientes para enfrentar los problemas de la sociedad, ni siquiera de los más pobres. Según su planteamiento, para atender el problema nacional de la escasez de agua potable se requiere emplear los recursos del FAIS, pues “a lo mejor es poco recurso, pero si lo ponemos juntos entonces vamos a poder resolver más problemas”, dijo la Presidenta.

La escasez de agua potable es muy grave; 50 por ciento de los mexicanos no cuenta con el suministro diario de este líquido. Incluso el Foro Económico Mundial lo identificó como el riesgo principal para el desarrollo de México. El problema requiere atacarse de manera integral y a todos los niveles en lo inmediato. La cuestión se agrava porque la propuesta de la Presidenta resulta muy insuficiente. Y, por otro lado, implica menos recursos para los pueblos. Hay que exigir a nuestros munícipes que no haya ninguna renuncia a sus obligaciones, ninguna complicidad con los pobrísimos esfuerzos del Gobierno Federal para la redistribución del ingreso nacional y para atacar los problemas del desarrollo social.