En marzo del presente año se llevó a cabo la Convención Nacional Bancaria Número 86, en Mérida, Yucatán. En dicho evento, varios expositores, jefes de distintos bancos, pronosticaron una gran oportunidad para el crecimiento de la economía mexicana por la llegada de una gran cantidad de inversión extranjera directa (IED), causada por el proceso de nearshoring. Lo mismo auguraron varios funcionarios públicos cuando la empresa Tesla anunció que realizaría una importante inversión en México.

El nearshoring puede entenderse como un proceso de relocalización de las actividades productivas de las empresas en países cercanos a sus clientes, ya sea que éstos últimos sean consumidores finales o que sirvan como insumos en las partes siguientes en la cadena productiva. Este fenómeno, dicen los investigadores, fue causado por las políticas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos (EE. UU.) en 2017, como la imposición de aranceles a China, y por la búsqueda de mayor estabilidad en las cadenas productivas, que se vieron afectadas por el freno de las cadenas de suministro durante la pandemia.

Para resolver ambos casos, México se presenta como un lugar estratégico donde colocar las empresas extranjeras, cuyos productos están destinados al mercado norteamericano. En primera porque nuestro país forma parte del tratado comercial con EE. UU. y Canadá (T-MEC), que lo exime de pagar altos aranceles y le brinda otros beneficios en cuanto a comercialización de sus productos. Y en segundo lugar por la cercanía geográfica que tiene con EE. UU.

Sin embargo, el que empresas extranjeras busquen situarse en México no es algo nuevo. Desde tiempo atrás, las empresas extranjeras, principalmente maquiladoras, decidieron instalarse en la frontera norte con EE. UU. por las ventajas que representaba el T-MEC (antes TLCAN) y los beneficios particulares que obtenían con ello, como la libre importación de insumos y componentes con bajos aranceles, la cercanía geográfica con EE. UU. y los bajos salarios; esto se conoce como onshoring. Incluso, desde 1965, se puso en práctica el Programa de Industrialización de la Frontera Norte (PIF), que permitía importar insumos y maquinarias sin pagar aranceles; y esto fue acompañado por políticas de EE. UU. que permitían importar productos mexicanos sin costos arancelarios.

Adicionalmente, cuando en México se implementó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), las empresas maquiladoras en la frontera norte escapaban a las restricciones que tenía la inversión extranjera en otros sectores de la producción. Posteriormente, con el acatamiento del Consenso de Washington, las pocas restricciones a la IED que quedaban se fueron eliminando por completo. Es decir, pues, que México desde siempre ha tenido esa supuesta “ventaja” de ser receptor de IED; incluso, desde 2004 ha figurado entre las 25 economías más atractivas para este tipo de inversión.

La cuestión reside, entonces, en que la inversión extranjera que se ha establecido en territorio nacional no ha generado avances importantes en el desarrollo industrial de la economía mexicana. Por tanto, el que este tipo de inversión se esté incrementando no garantiza el impulso del crecimiento económico y el desarrollo de la industria. La política del Gobierno Federal no se puede limitar a atraer IED y dejar que el mercado genere este desarrollo tan anhelado, puesto que los hechos han demostrado que esto no va a ocurrir; sino que debe complementarse con una política industrial impulsada desde el Estado, como lo han hecho países como Singapur, China y Japón, entre otros.