Fotografía. Rodrigo Merino

Atitalaquia, Hidalgo.- Ejidatarios de Atitalaquia, Hidalgo, dijeron a buzos que en un eventual reinicio del proyecto para la construcción de la refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunciarán el incumplimiento de los acuerdos que hace más de ocho años suscribieron con el gobierno del estado de Hidalgo, entonces encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong (2005-2011), que implicó la pérdida de 700 hectáreas de tierras cultivables para 500 campesinos de la región de Tula.  

El comisario ejidal Florentino López Colín dijo, sin embargo, que los abogados de su organización están estudiando la forma legal de exigir la recuperación de esas tierras, ya que éstas permanecen abandonadas, al igual que el gran proyecto petroquímico –cancelado oficialmente en 2014– y las muchas promesas con que el gobierno estatal les hizo creer que les esperaba “una mejor vida”. 

López Colín, electo como dirigente en 2016, reconoce las dificultades que existen para lograr este objetivo, toda vez que los operadores legales del entonces gobernador hidalguense Osorio Chong tuvieron la previsión de verificar que la propiedad ejidal fuera convertida a dominio pleno en favor del estado. 

“Nuestra autoridad ejidal en turno negoció mal, porque se hizo el cambio de uso de suelo y las tierras ejidales pasaron a dominio pleno. Esto se dio a conveniencia del gobierno, toda la negociación fue con el gobierno del estado, con Osorio Chong. Lo supieron manejar. Como gobierno tienen muchos asesores. Pero nosotros por ahí ya tenemos trabajando a los abogados, a ver qué posibilidades hay; agotar las últimas instancias, para ver qué podemos hacer para la restitución”, agregó el comisario ejidal. 

Con base en un préstamo de mil 500 millones de pesos contratado por el gobierno local, se pagó un millón de pesos por hectárea ejidal. Las tierras acopiadas para el proyecto petroquímico pertenecen a los municipios de Atitalaquia, Tula, Tlaxcoapan y San Bartolomé Doxey. De las 700 hectáreas, 480 forman parte de Atitalaquia. 

María Antonieta Herrera Jiménez, presidenta de esta comunidad, cuya población es de 25 mil personas, dijo no obstante que el 90 por ciento de las tierras destinadas a la refinería se ubican en su municipio, no en Tula. “Ésta es una de las situaciones que han incomodado a la gente, ya que siempre se identifica a la refinería como de Tula, aunque la mayoría de los terrenos son de Atitalaquia”, explicó. 

Incumplimientos 

Un documento firmado el dos de febrero de 2010 –del que buzos cuenta con una copia– revela el convenio impulsado por el gobierno de Osorio Chong, urgido de cumplir con el compromiso contraído con Pemex el 14 de abril de 2009 para tener listo, comprado y sin litigios pendientes, en un plazo no mayor a 100 días, el terreno de 700 hectáreas requerido para la refinería anunciada por el entonces presidente panista, Felipe Calderón (2006-2012), el 18 de marzo de 2008, en ocasión del 70 aniversario de la Expropiación Petrolera de 1938. 

En la cláusula Quinta, por ejemplo, se lee: “El Gobierno promoverá ante PEMEX la bolsa de trabajo para beneficio de los ejidatarios o sus familiares, respetando en todo momento las políticas contractuales y laborales de la Paraestatal y su Sindicato”. Pero no hubo ni refinería ni trabajo. 

El comisario ejidal Florentino López dijo a este semanario: “Ellos nos emocionaron, por decirlo así, con todas estas ofertas, y nosotros creyendo en estas gentes que vinieron a hacer la negociación, que iba a haber fichas de trabajo, concesiones de taxis, de micros, porque iba a hacer falta quién moviera al personal; y pues todos nos deslumbramos por llamarlo de esta manera”. El Ejido Atitalaquia cuenta actualmente con un padrón de 779 cabezas de familia. 

López Colín explicó que desde que terminó el gobierno de Osorio Chong, en 2011, los subsiguientes gobernadores del estado, José Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) y Omar Fayad Meneses (2016-2022), han desconocido los acuerdos. “Nos han dicho: nosotros no sabemos, eso pertenece a otra administración, y les decimos, cómo no… busca en tu archivo, compromisos son compromisos. Y estamos vueltas y vueltas… ya llevamos ocho años y no pueden terminar todavía el pozo que se acordó”, dijo López. 

La construcción del pozo lleva un avance de 80 por ciento en estos ocho años y se siguen alargando las fechas de terminación. Otras obras comprometidas son varias instalaciones agrícolas –algunas necesarias para el riego– y una trituradora de piedra que aún no se ha  entregado. 

Los acuerdos suscritos fueron cinco. En los primeros tres se dice que el gobierno del estado haría gestiones para obtener los permisos mineros y conseguir financiamiento para la explotación y comercialización de materiales pétreos del cerro Las Canalejas, cercano a la comunidad y para cuya explotación se formaría una Sociedad Cooperativa Ejidal. Están pendientes la entrega de una quebradora de piedra y de una máquina de trituración de uso minero. 

En los puntos cuatro y cinco, el gobierno del estado se comprometió a gestionar los permisos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para explotar con fines agrícolas la zona llamada San Luis Comunidad de Tezoquipa, en el municipio de Atitalaquia, para irrigar aproximadamente 300 hectáreas abiertas al cultivo, que no se estaban aprovechando por la falta de agua. De ser favorable el dictamen de la Conagua –como ocurrió– el gobierno local asumiría, hasta por tres mil 500 millones de pesos, el costo de un pozo, que a la fecha no se ha concluido. Otros proyectos productivos pendientes están relacionados con las secretarías de Desarrollo Económico y Agricultura.  

María Antonieta Herrera, Presidenta municipal de Atitalaquia, dijo lo siguiente con respecto a la posibilidad de que se rehabilite el proyecto de la refinería Bicentenario: “Yo lo veo viable, porque la inversión para adquirir esos terrenos fue muy grande y hasta ahorita no se les ha dado ninguna utilidad. La gente que vendió sus terrenos hizo inversiones, construyó locales, pensando en que se iba a detonar económicamente el municipio, en negocios y diferentes giros. Yo no lo veo de manera negativa. Lo que sí pondría énfasis, es que se utilice la infraestructura necesaria para que no tengamos esas grandes emisiones contaminantes al medio ambiente; que vengan más modernas, y no represente más contaminación para el municipio”.