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En la semana que concluyó, durante una declaración pública, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), entiéndase la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dejó claro que el de la metrópoli se encamina hacia un gobierno autoritario y represor; dejó ver esto cuando a los cuatro vientos difundió que “si el diálogo fracasa, entonces el Gobierno capitalino usará la fuerza policial para liberar vialidades bloqueadas por manifestantes”.
Según el mismo gobierno, si “no hay posibilidades para continuar con el diálogo o las condiciones representen un peligro real e inminente de daño irreparable hacia la vida e integridad de personas participantes, del personal de las secretarías o de terceros”, se usará a la policía.
La autoridad tendría que responder dos preguntas: ¿Qué es lo que el Gobierno de la CDMX entiende por, “si fracasa el diálogo”, o qué es para él “el diálogo”? y ¿atenderán las peticiones de los manifestantes, o su “diálogo” consiste en decir que se deben retirar sin atenderlos?
Contestaríamos la primera pregunta tomando como base las acciones y lo que ha hecho el Gobierno Federal, así como la respuesta y la solución que ha dado el gobierno de Claudia Sheinbaum a las demandas populares de la capital.
La autoridad morenista no ha logrado atender peticiones ciudadanas, por ejemplo de seguridad, pues bastaría con dar un vistazo a las cifras de crímenes en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero o Tláhuac, donde narcomenudeo, crímenes y asaltos son el pan de cada día. También podríamos indagar qué tanto ha resuelto el gobierno capitalino las peticiones de vivienda o de atención a la salud; y nos daríamos cuenta que, por ejemplo, en esa misma alcaldía de Tláhuac se han cerrado clínicas y hospitales; y ahora la gente no tiene dónde curarse y menos conseguir los medicamentos para atender su salud.
El mal estado en que se encuentran decenas de vialidades en la ciudad, y el pésimo servicio de transporte público son problemas que los más de nueve millones de capitalinos deben sortear a diario mientras sus autoridades siguen sin cumplir con las expectativas de los mexicanos que les otorgaron su confianza; no por nada, encuestas recientes arrojaron como resultado que de los 16 alcaldes de la CDMX, solo cinco tienen la aprobación de los capitalinos; uno es del Partido de la Revolución Democrática (PRD); dos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); uno del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los números rojos que presenta el gobierno de Morena en la capital del país, se hacen más evidentes cuando se habla de un supuesto diálogo, porque en la CDMX no se atienden las necesidades de los gobernados; tal diálogo solo ha consistido en un discurso amenazante: “si no se retiran, los vamos a desalojar o a retirar”, un mensaje de abierta y declarada represión política contra organizaciones sociales y mexicanos que necesiten protestar.
No es necesaria mucha ciencia para responder a la segunda pregunta; el gobierno, con su “diálogo”, no atenderá las peticiones o demandas de los mexicanos que protesten; basta saber que en los meses que lleva el gobierno capitalino no ha resuelto ninguna de las necesidades planteadas por sus gobernados; y ni siquiera ha promovido el diálogo elemental; un ejemplo de esto es el trato discriminatorio que hace meses sufren los habitantes de Tláhuac, que piden intervención de las autoridades para que se les dote agua potable y se atienda la salud de miles de habitantes.
El anuncio del gobierno de Sheinbaum, en torno a que se usará la policía si se agota el diálogo, se entiende como una abierta amenaza de represión contra el pueblo mexicano que, de materializarse, exhibirá al gobierno morenista de la capital como lo que realmente es, un gobierno antidemocrático, antipopular, que se quita su “máscara de cordero” para pasar a la de “lobo feroz”.
El gobierno de la CDMX no debe olvidar que los gobiernos represores usan a la fuerza pública como arma para contener las inconformidades del pueblo, a quien no se detienen a escuchar, a resolver sus peticiones, que siempre son de primera necesidad, como servicios de agua potable, luz eléctrica, drenaje, vivienda, cultura o deporte; tarde o temprano estos gobiernos serán odiados por la población, porque no hay peor régimen que el que además de no escuchar y resolver las necesidades del pueblo, lo reprime y agrede. Por el momento, querido lector, es todo.
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El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).