Ariadna Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género, además de una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.
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El gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta no deja de sorprender ni de inconformar a poblanos, y mexicanos de todo el país por su propensión a violentar las leyes: el pasado martes 31 de marzo, el Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP) actuó como una de sus secretarías de despacho y, a puerta cerrada, negó el registro como partido político al Movimiento Antorchista Poblano (MAP), pese a las 96 apelaciones que éste interpuso y a que cuenta con el respaldo de más de 300 mil ciudadanos.
Este episodio se suma a su negligencia con respecto a los graves problemas de pobreza e inseguridad pública que padece la entidad y la crispación social y política que su autoritarismo han generado –la protesta de 150 mil estudiantes, su enfrentamiento con la alcaldesa Claudia Rivera y sus disparatadas recetas culinarias contra el Covid-19. Barbosa acaba de cumplir uno de sus caprichos valiéndose del uso mafioso de una institución supuestamente autónoma.
Con esta acción, el morenista se muestra como el peor gobernador de la historia de Puebla y demuestra su temor a rendir cuentas al pueblo por su mal gobierno, pues tanto él como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) saben que, en Puebla, el MAP es el partido que mejor representa los intereses de la mayoría; y que, con reconocimiento legal, podría tomar las riendas del estado.
En Veracruz, un estado acosado y acorralado por la inseguridad, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, al igual que su colega poblano, se ha ganado el repudio de la población, porque tampoco sabe gobernar y reprime todo lo que huela a protesta ciudadana; prueba de ello son las cinco manifestaciones que se le juntaron el siete de enero de 2020.
Taxistas inconformes de varios municipios de la zona centro del estado exigieron atención a sus demandas, ante el supuesto reordenamiento vehicular; un grupo de obreros de la extinta fábrica textil San Lorenzo, de Nogales, pidieron la intervención del gobierno estatal en el conflicto con líderes sindicales, oponentes a la venta del casco fabril; un grupo de personas de Ciudad Mendoza exigió medicamentos para las clínicas de salud y otra manifestación, integrada por familiares de siete comerciantes desaparecidos en octubre pasado, se sumó a los múltiples reclamos contra el mandatario.
Entre los actos represivos del gobierno de García Jiménez figuran las amenazas contra un centenar de activistas, colonos y estudiantes que recientemente participaron en una marcha exigiendo atención a los afectados por la pandemia del Covid-19, en la que hicieron 10 propuestas que el Ejecutivo estatal podría cumplir. Entre éstas destacan las primeras tres: Otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas para que no quiebren y puedan pagar salarios a sus empleados; condonar los pagos de los servicios de agua potable y electricidad en colonias populares y comunidades rurales; y poner en marcha, urgentemente, un programa alimentario mediante la entrega de despensas a la población pobre rural y urbana. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno del estado?
El lunes 30 y el martes 31 de marzo, al menos 100 líderes sociales, todos activistas del Movimiento Antorchista en Veracruz, recibieron llamadas telefónicas del número 4761352151 –plenamente identificado– en las que supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG) trataron de extorsionarlos. Pero la operación “Cuitláhuac” no paró ahí, pues en Córdova, el maestro de danza Román Daniel Sánchez fue virtualmente secuestrado, exigiendo a su familia 200 mil pesos en efectivo para dejarlo con vida; por fortuna, poco más tarde fue localizado en la zona donde se le mantuvo aterrorizado.
Esta campaña de intimidación contra el antorchismo en Veracruz, que dirige Samuel Aguirre Ochoa, inició después de que se difundiera la exigencia al gobierno estatal para que apoye a las comunidades marginadas que sufren por la pandemia. Todo indica que al gobernador morenista, Cuitláhuac García, igual que a su colega poblano Miguel Barbosa, le molesta que el antorchismo encabece a la población; en lugar de demostrar que sabe gobernar, su única capacidad de repuesta es la intimidación y la represión.
En Veracruz, Puebla y Morelos, el abuso de poder, la violación de los derechos ciudadanos y la falta de oficio político para gobernar con eficacia y profesionalismo han provocado un gran descontento social. Pronto quedó claro que Morena no sabe gobernar; Cuitláhuac García, Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco son una verdadera pandemia incontrolable; y de esta pandemia, millones de mexicanos tienen que liberarse. Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).