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El pasado 1º de diciembre se cumplieron tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México y los festejó con “bombo y platillo”, pese a que sus resultados de gobierno han sido desastrosos y a que ha perdido los estribos porque se halla completamente desesperado debido a que ni él ni su gabinete han logrado que sus fantasías cuajen en la realidad y sean aplaudidas siquiera por los mexicanos que votaron por él en 2018.
A cada paso de AMLO se advierte la desesperación que lo está llevando a cometer garrafales errores políticos que tarde o temprano le cobrarán la factura, lo que seguramente empezará a verse en las elecciones de 2022, cuando se elegirán gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Su desesperación es tal que hace unos días se vio reflejada en un decreto presidencial (22 de noviembre) con el que pretende que varias de sus megaobras en proceso de construcción sean consideradas de “seguridad nacional” para que no sean objeto del escrutinio público, actitud en la que los analistas políticos serios advierten los primeros indicios de una dictadura, ya que ven que, con esa decisión autoritaria, intenta pisotear la Constitución.
En el citado decreto se afirma que las obras públicas relacionadas o afines “con la infraestructura de los sectores de las comunicaciones, las telecomunicaciones, las aduanas, las fronteras, la hidráulica, el agua, el medio ambiente, el turismo, la salud, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos” serán asuntos y proyectos de seguridad nacional.
Pero también reconoce que los proyectos de infraestructura que tengan “propósitos, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”. Es decir, AMLO decide lo que debe realizarse y todo lo que se oponga a sus objetivos debe ser allanado. Y si por legítima o natural defensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deroga ese decreto, entonces llamará a las “armas” a su base morenista, muy minada ya, contra los “conservadores”, “enemigos del pueblo”, “antidemocráticos” y todos “los que quieren regresar el pasado”.
Pero más allá de esto hay otro elemento que ha entrado en el juego político de AMLO y es la participación del Ejército en la política y economía de nuestra nación. De acuerdo con la ley actual, cuando un proyecto debe ser salvaguardado por razones de seguridad nacional, pueden concertarse contratos sin licitación y desarrollarse en secrecía, algo que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha venido haciendo aun sin este decreto. Pero ahora el objetivo es despacharse con la cuchara grande y de paso mostrarse ante el pueblo humilde y trabajador como el hombre poderoso, autoritario y dictador que es.
El acercamiento y cortejo que hacen los militares forma parte de esta jugada política de corte dictatorial; lo que permite entender por qué desde que llegó a Palacio Nacional, les ha dado contratos para construir obras públicas, manejar dinero e irse convirtiendo en una “empresa” que controle el mismo gobierno para que, por esa vía, asegure su existencia y permanencia política una vez que concluya su sexenio. Por ello vemos cómo una compañía militar va administrar los recursos que reciben el Tren Maya, el corredor interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles y los aeropuertos que se construirán en Chetumal, Tulum y Palenque.
No hay as bajo la manga. Con el pretexto de la seguridad nacional, el decreto de AMLO hará que los contratos de los militares sean más grandes, pero, eso sí, no habrá ninguna garantía de que los proyectos sean viables, protejan al medio ambiente y que sean transparentes.
Aquí no hay ninguna acción en la que estén primero los pobres, no hay 4T y tampoco un México libre y democrático. AMLO y sus políticas erróneas amenazan los derechos de los mexicanos consagrados en la Constitución Política. AMLO está desesperado y quiere garantizar su legado político, de que sabe que deberá morir al término del sexenio porque no sirve. Los próximos tres años serán más complicados en lo económico, político y social y, para eso, los mexicanos debemos estar listos y cambiar de capitán en este barco que se llama México. Por el momento, querido lector, es todo.
La polémica generada por los libros de texto gratuitos provocó que miles de estudiantes iniciaran el ciclo escolar sin libros.
Me inclino más por el modelo chino que permite la apertura a la competencia, pero con la habilitación de controles de calidad para que no abusen de la gente.
La Federación está endeudando al país y comprometiendo el futuro de los mexicanos, luego de que Morena, PT y PVEM aprobara para el 2024 una deuda por 1.9 billones de pesos, la más alta en 10 años, según el CEFP.
Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas.
Los señalamientos del Presidente en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país.
Senadores deben demostrar que realmente representan al pueblo de México y que su desempeño en esos altos cargos se traduce en la protección de la salud.
Exigiremos que la justicia sea, por lo menos, pareja, mientras se mantenga en pie la actual Constitución y las leyes legalmente derivadas de ella.
En San Luis Potosí capital, las autoridades municipales han retirado a cientos de comerciantes ambulantes de las calles de la ciudad.
Venir a decir ahora que en México “esto no aplica” porque aquí la riqueza de las clases altas es pura dádiva del gobierno, sorprende y preocupa.
El gobierno de la 4T niega, esconde y miente descaradamente sobre la realidad social y económica del país. La negación llega a tal grado que su estrategia para enfrentarla es solo “espiritual”.
Solo siete mesas no se instalaron y fue por decisiones comunitarias, no por violencia, acotó en conferencia de prensa.
Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortaron más de 20 mil millones de pesos al Sector Salud.
La Sader importó ese insumo, a través de Pemex de Indonesia, China y Ucrania, para ello, destinó un presupuesto total de mil 310 millones de pesos.
Nos queda claro que solo la movilización y la presión social va a hacer que podamos modificar la decisión de la SCJN. No descartamos que tengamos que realizar una lucha prolongada.
“Los mexicanos tenemos que entender que esto que está haciendo el presidente, es un intento por hacer que se olviden los problemas y se centren en algo que puede ser muy llamativo".
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).