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El pasado 1º de diciembre se cumplieron tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México y los festejó con “bombo y platillo”, pese a que sus resultados de gobierno han sido desastrosos y a que ha perdido los estribos porque se halla completamente desesperado debido a que ni él ni su gabinete han logrado que sus fantasías cuajen en la realidad y sean aplaudidas siquiera por los mexicanos que votaron por él en 2018.
A cada paso de AMLO se advierte la desesperación que lo está llevando a cometer garrafales errores políticos que tarde o temprano le cobrarán la factura, lo que seguramente empezará a verse en las elecciones de 2022, cuando se elegirán gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Su desesperación es tal que hace unos días se vio reflejada en un decreto presidencial (22 de noviembre) con el que pretende que varias de sus megaobras en proceso de construcción sean consideradas de “seguridad nacional” para que no sean objeto del escrutinio público, actitud en la que los analistas políticos serios advierten los primeros indicios de una dictadura, ya que ven que, con esa decisión autoritaria, intenta pisotear la Constitución.
En el citado decreto se afirma que las obras públicas relacionadas o afines “con la infraestructura de los sectores de las comunicaciones, las telecomunicaciones, las aduanas, las fronteras, la hidráulica, el agua, el medio ambiente, el turismo, la salud, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos” serán asuntos y proyectos de seguridad nacional.
Pero también reconoce que los proyectos de infraestructura que tengan “propósitos, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”. Es decir, AMLO decide lo que debe realizarse y todo lo que se oponga a sus objetivos debe ser allanado. Y si por legítima o natural defensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deroga ese decreto, entonces llamará a las “armas” a su base morenista, muy minada ya, contra los “conservadores”, “enemigos del pueblo”, “antidemocráticos” y todos “los que quieren regresar el pasado”.
Pero más allá de esto hay otro elemento que ha entrado en el juego político de AMLO y es la participación del Ejército en la política y economía de nuestra nación. De acuerdo con la ley actual, cuando un proyecto debe ser salvaguardado por razones de seguridad nacional, pueden concertarse contratos sin licitación y desarrollarse en secrecía, algo que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha venido haciendo aun sin este decreto. Pero ahora el objetivo es despacharse con la cuchara grande y de paso mostrarse ante el pueblo humilde y trabajador como el hombre poderoso, autoritario y dictador que es.
El acercamiento y cortejo que hacen los militares forma parte de esta jugada política de corte dictatorial; lo que permite entender por qué desde que llegó a Palacio Nacional, les ha dado contratos para construir obras públicas, manejar dinero e irse convirtiendo en una “empresa” que controle el mismo gobierno para que, por esa vía, asegure su existencia y permanencia política una vez que concluya su sexenio. Por ello vemos cómo una compañía militar va administrar los recursos que reciben el Tren Maya, el corredor interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles y los aeropuertos que se construirán en Chetumal, Tulum y Palenque.
No hay as bajo la manga. Con el pretexto de la seguridad nacional, el decreto de AMLO hará que los contratos de los militares sean más grandes, pero, eso sí, no habrá ninguna garantía de que los proyectos sean viables, protejan al medio ambiente y que sean transparentes.
Aquí no hay ninguna acción en la que estén primero los pobres, no hay 4T y tampoco un México libre y democrático. AMLO y sus políticas erróneas amenazan los derechos de los mexicanos consagrados en la Constitución Política. AMLO está desesperado y quiere garantizar su legado político, de que sabe que deberá morir al término del sexenio porque no sirve. Los próximos tres años serán más complicados en lo económico, político y social y, para eso, los mexicanos debemos estar listos y cambiar de capitán en este barco que se llama México. Por el momento, querido lector, es todo.
El rector de la Universidad Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez informó que tras el levantamiento este jueves de la huelga, será a costa de las finanzas de la institución.
¿Cómo pretende crear un plan de inversión cuando dichos programas, desde sus cimientos, están pobremente planteados?
Desdeñar el crecimiento económico puede ser un error que no solo afecte a los mexicanos, sino que sea el motivo para que el gobierno de la 4T se encamine a la ruina política; por eso mismo éste debería pensar seriamente en reorientar la inversión.
“Pedimos a la autoridad que nos atienda, pedimos que esté atenta y que realmente abra una mesa de diálogo”
Algo visible del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es que cuando más se le replica tras sus declaraciones sobre algún tema, sean verdaderas o falsas, más se enfada, se enoja y más acciones prepara y realiza contra sus “enemigos”.
El presidente mexicano ya sacudió a los inversionistas al cancelar un nuevo aeropuerto
Parecen pocas las consecuencias de que un amplio sector del pueblo ignore y no cultive expresiones artísticas de alta exigencia estética –teatro, danza, literatura, pintura, escultura, etc.– porque se les considera de “élite” o meros adornos intelectuales
Diez millones de organizados es la meta, algo imposible de lograr sin recursos para crear y sustentar una estructura de activistas.
La actualización de casos por Covid-19 en el país hasta este martes es de 405, además hay ya 5 personas fallecidas.
Desafiar por ignorancia o arrogancia a este poder, sin tomar las debidas precauciones, puede acarrear consecuencias devastadoras para un país como el nuestro
En Chapingo se ha convertido en delito una garantía individual constitucional: el derecho de cada quien a participar en el partido de su preferencia.
AMLO trata de poner por delante a Pemex como impulsora número uno de todas las actividades económicas para México.
“Este desalojo es un acto de arbitrariedad y autoritarismo con el que está actuando Andrés Manuel López Obrador, aun habiendo amparos vigentes de los ejidos”.
Los negocios de Antorcha tienen registro, pagan impuestos y han cubierto todos los requisitos y salido bien librados de las auditorías que se les han hecho.
Cientos de antorchistas alzaron la voz y con pancartas le respondieron al presidente “¡miente, miente, miente el presidente!”
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).