El pasado 1º de diciembre se cumplieron tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México y todo lo que se propuso con relación a los resultados positivos de su gobierno, celebrados con “bombo y platillo”, son producto de las fantasías de un hombre que ha perdido los estribos y que se encuentra completamente desesperado, porque él y su gabinete no han logrado cuajar uno de solo de sus proyectos –ni siquiera el mínimo– como para que los mexicanos, incluidos los que votaron por él en 2018, lo aplaudan y feliciten.

Por ello, cada día, semana y mes que pasa, la desesperación que agobia a AMLO es más notoria y lo lleva a cometer errores políticos garrafales que tarde o temprano le cobrarán la factura, lo cual seguramente empezará a verse en las elecciones del próximo año, cuando se elijan nuevos gobernadores en los estados Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Es tal su desesperación, que el pasado el 22 de noviembre, la incluyó inconscientemente en el decreto presidencial, con el que declaró que sus obras “emblemáticas” deben ser consideradas como "seguridad nacional" y que, por lo mismo, no pueden ser objeto de la supervisión interna o pública, actitud que los analistas serios interpretan como violatoria de nuestra Carta Magna y uno de los primeros pasos hacia la instauración de una dictadura en México.

En ese mismo decreto AMLO incluyó como asuntos de seguridad nacional a las obras públicas relacionadas o asociadas "con la infraestructura de los sectores de las comunicaciones, las telecomunicaciones, las aduanas, las fronteras, la hidráulica, el agua, el medio ambiente, el turismo, la salud, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos"; así como a los proyectos de infraestructura que tengan el "propósito, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional".

Es decir, en su afán por superar todo lo que se opone a sus caprichos y ocurrencias, AMLO pretende imponer decisiones personales que contravienen el derecho constitucional. Por este camino, sin embargo, tendrá que enfrentar recursos de inconstitucionalidad y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deroga ese decreto, arengará y convocará a las “armas” a la base morenista con el argumento de que los "conservadores", “antidemocráticos” y "enemigos del pueblo" quieren que México “regrese al pasado".

Pero además de este recurso, AMLO cuenta con nuevo elemento de “defensa” en la actual coyuntura política nacional: la participación del Ejército Federal en actividades públicas y económicas y cuya presencia, de acuerdo a la ley vigente, es necesaria en la salvaguarda de bienes, instituciones y actos considerados de seguridad nacional, los cuales no requieren licitaciones para suscribir contratos y trabajan en secrecía, práctica con la que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) opera desde su asunción en diciembre de 2018, y mediante la cual ahora quiere despacharse con la cuchara grande.

El acercamiento y el cortejo a los militares por cuenta del inquilino del Palacio Nacional se ha traducido en la concesión de contratos para construir numerosas obras públicas, entre las que destacan el Aeropuerto Felipe Ángeles, varios tramos del Tren Maya, el puerto de Coatzacoalcos, el Tren Interoceánico y los aeropuertos civiles de Chetumal, Tulum y Palenque, los cuales están convirtiendo al ejército mexicano en una compañía empresarial muy poderosa.

¿Hay un as bajo la manga del Presidente detrás de esto? No lo sabemos, lo único seguro y previsible es que los contratos concesionados a los militares serán cada más y de mayor envergadura; que no hay ninguna garantía de que tales obras vayan a ser viables, transparentes y sustentables; y que, una vez terminadas, beneficiarán a los mexicanos más pobres y harán de México un país libre y democrático.

Las políticas de AMLO son erróneas y amenazan los derechos consagrados en la Constitución Política; está desesperado y pretende garantizar un legado político del que sabe que morirá al término del sexenio, porque no sirve. Los próximos tres años serán más complicados en lo económico, político y social; y en ese contexto, los mexicanos debemos estar listos para cambiar de capitán en este barco que se llama México. Por el momento, querido lector, es todo.