A pocas horas de la aprobación del dictamen del proyecto de egresos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, legisladores del oficialismo anunciaron que recortarán un monto total de 20 mil millones de pesos a organismos autónomos y al Poder Judicial, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE).

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que los recortes se distribuirán principalmente entre el Poder Judicial, el INE y otros órganos autónomos, con el fin de ajustar el gasto público.

Con este recorte, la mayoría de los diputados prevé compensar el financiamiento que se le retiró a las universidades en la propuesta original de la Secretaría de Hacienda y asegurar los recursos necesarios para la elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados.

La oposición sostuvo que mientras el recorte propuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México es de cinco mil millones de pesos en el proyecto de egresos 2025, el ingreso de los siete órganos autónomos que se extinguirán será sólo de cuatro mil 500 millones de pesos (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai; Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE; Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL; Comisión Reguladora de Energía, CRE; Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH y Mejora la Educación, Mejoredu).

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) propusieron ajustes adicionales, desde recortes al Tren Maya hasta la suspensión del pago de la deuda del IPAB-Fobaproa, además de sugerir modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

Ambos partidos también han destacado que el sector salud es uno de los más afectados por la propuesta de gasto para 2025. Fue el mismo PAN quien denunció un recorte de 30 mil millones de pesos, afectando especialmente al Sistema Nacional de Vacunación y la red hospitalaria. El PRI propuso reasignar recursos para salud y educación, y cubrir los 9 mil millones solicitados por el INE.

En respuesta, han planteado reasignar más recursos al sistema hospitalario. Además, proponen incrementar la cobertura de seguridad en estados y municipios, así como aumentar el presupuesto para la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana y al Instituto Politécnico Nacional.

La discusión interna en el oficialismo se centra principalmente en el presupuesto destinado a las universidades. En un encuentro con la subsecretaria, Reginaldo Sandoval insistió en que es necesario revisar las diferencias en el costo de los alumnos en las instituciones, destacando que en la UNAM un alumno cuesta 120 mil 579 pesos, mientras que en las Universidades Tecnológicas y Politécnicas se destina solo 16 mil 257 pesos.

Asimismo, sugirió que, bajo el concepto de autonomía, las universidades deben rendir cuentas más claras sobre el uso de sus recursos y propuso que la Secretaría de Hacienda asuma un papel más activo en la supervisión de estos gastos.

Recorte al Poder Judicial y otros órganos autónomos

Ramírez Cuéllar aseguró que en este momento se lleva a cabo “una disección quirúrgica” de las partidas presupuestales solicitadas por los órganos autónomos y el Poder Judicial, con especial atención a los 85 mil millones de pesos solicitados por el Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta cifra, explicó, será cuestionada debido a que aún no se aplica la austeridad en ese sector.

El morenista recordó que, para 2025, se esperan recursos adicionales provenientes de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, con un total de 17 mil millones de pesos (7 mil millones de la SCJN y 10 mil millones del Consejo de la Judicatura). Estos fondos se destinarán a garantizar las liquidaciones y pensiones de los juzgadores y trabajadores del PJF que dejen sus cargos.

También se anticipan ajustes adicionales al INE, incluyendo una reducción de 4 mil millones de pesos relacionados con la consulta popular, que ya no se llevará a cabo al haber vencido el plazo legal para su convocatoria.

Además, El PVEM apoyó la propuesta de reducir los recursos solicitados por el INE para la elección extraordinaria de jueces, argumentando que el costo es excesivo. Además, propuso hacer más eficiente los recursos en el Poder Judicial, priorizando áreas como medio ambiente, educación, salud, seguridad e infraestructura, con un 34 por ciento del presupuesto destinado a estos rubros.

Movimiento Ciudadano destacó que el presupuesto de 2025 afecta gravemente al medio ambiente, con un recorte del 40 por ciento. También advirtió sobre el impacto en los estados y municipios, que enfrentan una falta de recursos.