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El senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar los Artículos 20° y 34° de la ley reglamentaria de las instituciones de crédito, así como los Artículos 20° bis y su fracción Tercera de la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de moneda extranjera.
En términos generales, las modificaciones tratan de delimitar las operaciones que los ciudadanos mexicanos pueden hacer con moneda extranjera en efectivo. La compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito de contar con sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información sobre la identidad de sus clientes y que permitan evaluar el riesgo de que los recursos en efectivo procedan de actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, etcétera.
De acuerdo con la “Ley Monrealˮ, una vez que los bancos reciben las divisas extranjeras, pueden ofrecerlas a la venta, obtener las comisiones correspondientes a estas transacciones y devolver sus sobrantes al país de origen que, en nuestro caso, la inmensa mayoría son dólares. En los últimos años, la acumulación de los excedentes de efectivo en moneda extranjera ha sido baja, y la mayoría de los bancos los colocan entre sus clientes y otros usuarios o bien los exportan a sus países de origen mediante contratos de corresponsalía que mantienen con entidades del exterior, de tal suerte que, hoy, no tienen problemas con el destino de estos recursos.
Ante este hecho, cabe preguntar ¿Por qué entonces fue promovida casi subrepticiamente esta ley, y para aprobarla se dispensaron trámites y se votó rápidamente en el Senado? Veamos. Los autores, como siempre, nos pintaron el lado bonito de la ley, con el argumento de que “beneficiará” a la población en general cuando en realidad, quienes manejan monedas extranjeras son los mexicanos que se dedican a actividades turísticas y las familias que reciben remesas procedentes de Estados Unidos (EE. UU.), quienes apenas representan el uno por ciento de la población nacional.
Pero el mayor problema de esta modificación legal está en “las letras chiquitas”, pues éstas quebrantan la autonomía del Banxico al obligarlo a comprar las remesas que los bancos no puedan colocar en el mercado local o repatriarlas a las instituciones internacionales. En otras palabras: si los bancos mexicanos y extranjeros no pueden vender esas divisas, Banxico tiene que comprárselas a precios de mercado y guardarlas en sus bodegas como parte de las reservas internacionales del país.
Supongamos que un banco mexicano recibe moneda extranjera de procedencia ilícita, cuyo origen no pudo detectar, no colocó entre sus clientes ni pudo enviarla al exterior, su destino natural de acuerdo con la ley Monreal –que aún puede ser vetada por el Presidente de la República– será el Banxico, que estará OBLIGADO a recibirla en sus bodegas. Pero supongamos que la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) descubre su origen ilícito, demuestra que es dinero sucio, responsabiliza al Banxico del delito de “lavado” y le bloquea sus cuentas.
Con todo esto, el banco central de México, además de ver violentada su autonomía, será objeto de sospechas ante las instituciones financieras internacionales, no podrá sacar de sus bodegas divisas extranjeras para venderlas en el país y, sobre todo, perderá la posibilidad de orientar la política monetaria, con la cual ha logrado mantener la inflación en niveles relativamente bajos y estables.
¿Quiénes se benefician con esta ley, además de los receptores de dólares enviados por los trabajadores migrantes y los mexicanos que se dedican al turismo? De acuerdo con los analistas serios, hay instituciones que cabildean en favor de estas instancias legales porque están sancionadas en EE. UU., poseen muchos dólares de procedencia ilícita y les urge lavarlos. Se citan, entre otras, el banco HSBC, instituciones relacionadas con Banco Azteca, que recibe dinero vía Western Union, y versiones de que existen jóvenes que, por 500 dólares a cambio, se arriesgan a pasar dinero sucio en efectivo por la frontera para incorporarlo al sistema financiero mexicano.
Esas instituciones son las que quieren que el Banxico sea el mayor “lavador” de dinero sucio en México. Santiago Nieto y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ¿Habrán observado ya “el gol” que les está metiendo Monreal, también miembro destacado de la “Cuarta Transformación” (4T)? ¿Qué le estarán ofreciendo a cambio de esa iniciativa que fue aprobada de manera expedita en el Senado de la República? ¿Será un pacto de apoyo a la posible candidatura en 2024 a la Presidencia de la República del hoy senador Monreal?
No lo podemos saber, solo intuir, pero también podemos decir que, con este tipo de promociones legislativas, la 4T alcanza un 10 de calificación en su objetivo de perjudicar a México y propiciar la corrupción que dice combatir. En la Cámara de Diputados, los antorchistas no aprobaremos estas arbitrariedades de la 4T.
El especial aborda el rescate de Altán Redes, que ya se encontraba en quiebra, y que será herencia (endeudada junto con Pemex, por muchos millones de dólares y con otros graves problemas) de la 4T a la siguiente administración federal.
Además de que los incrementos al salario mínimo son nulos o benefician más a los grandes empresarios, recordemos que en México el 96% de los negocios son mini y pequeños, y que tales incrementos los pone al borde de la extinción.
En los gobiernos gobernados por Morena, como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán y Chiapas, las cifras de trabajo infantil son alarmantes, con 3 millones 300 mil niños trabajando y sin educación.
Es ilegal el llamado que le hizo Xóchitl a los empresarios: Fernández Noroña.
Mientras que en Europa se ha prohibido su uso debido al daño que provoca en los ecosistemas, en México, el gobierno de la 4T usa el pasto nocivo para adirnar los camellones y espacios de la Riviera Maya y del bajío.
La escasa información sobre el número de desapariciones en el registro de la CBPCM es tan alarmante como que la fiscal Ernestina Godoy asegure que en el incremento del 400% en desapariciones, hay muchas que “son ausencias voluntarias”.
Los manifestantes trataban de llegar en una marcha pacífica al Zócalo capitalino, pero fueron interceptados por policías de la Ciudad de México.
Tras haberle recortado el presupuesto al INE, la administración morenista ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.
En cinco años, el gobierno de Cuitláhuac García se ha caracterizado por la represión contra padres de familia, jubilados, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y políticos inconformes ante nulos resultados en materia de seguridad pública, salud, educación y descontrol del erario.
La SEP no cuenta con protocolos para garantizar “el buen gasto de los recursos públicos que se entregan a los planteles escolares que solicitan el apoyo económico por medio de los comités de padres de familia que se conforman”.
El político queretano afirmó que ahora mismo “la esperanza está en otra parte”, por lo que hay que razonar el voto para las elecciones presidenciales de 2024.
El espíritu persecutorio del Presidente exhibe la involución de la izquierda mexicana, desde la decente figura de su abuelo, el muy respetado don Wenceslao Roces, a su inquisidora nieta modelo 4T. Sin embargo, hay algo más profundo, de orden estructural.
En Veracruz, Puebla y Morelos, el abuso de poder, la falta de oficio político para gobernar con eficacia y profesionalismo han provocado un gran descontento social.
México está entregado a las decisiones de EE. UU., por lo que sus decisiones como país están ligadas a las de los poderosos de Norteamérica. Así, eso de que el neoliberalismo está acabado por decreto es mentira. Y explico por qué.
Los cambios promovidos por este partido (Morena) se han hecho a nombre del pueblo pero sin el pueblo; y eso es lo grave. Para que haya un verdadero y profundo cambio en México, hay que hacer una revolución pacífica.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.