Durante el gobierno de la “Cuarta Transformaciónˮ (4T) se ha asignado al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea más de un centenar de disposiciones civiles, alejándolas, así, de sus atribuciones constitucionales.

Especialistas alertan que esta actitud está facilitando el empoderamiento económico y político de las Fuerzas Armadas y generando un alto riesgo para las instituciones democráticas, las libertades individuales y los derechos civiles.

La organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló que las Fuerzas Armadas tienen ahora 227 nuevas asignaciones, que eran de carácter civil, más de la mitad de éstas atribuidas por el Presidente y ajenas a sus objetivos constitucionales de salvaguardar la soberanía del territorio nacional y brindar apoyo a la población en casos de desastre.

En su informe El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero, difundido el pasado seis de marzo, la MUCD revela “que las Fuerzas Armadas se han convertido en una nueva cúpula económico-política, administradora de crecientes partidas presupuestales, ejercidas sin transparencia ni rendición de cuentas”.

En este reporte, el segundo sobre el tema publicado desde 2022, la citada organización afirma que los mexicanos estamos “ante un escenario sin precedentes altamente riesgoso para los derechos humanos, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”.

Además, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública en el país a través de la Guardia Nacional (GN), tarea que la Constitución asigna a las autoridades civiles y a las que los militares únicamente deben brindar respaldo temporal.Entre las tareas que AMLO ha asignado a los militares resaltan la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la administración de las terminales aéreas de Tulum, Chetumal y Palenque, así como la propiedad y funcionamiento de la línea aérea Mexicana de Aviación.

Los militares también se les ordenó construir dos tramos del Tren Maya; participan en la edificación de la refinería de Dos Bocas; se han encargado de montar casi tres mil sucursales del Banco del Bienestar; levantan cuarteles para la GN e instalan una planta para el tratamiento de agua en Baja California; remodelan 32 hospitales abandonados; distribuyen fertilizantes, medicinas, insumos médicos y libros de texto gratuitos; participan en el programa Sembrando Vida; apoyan los programas sociales del “Bienestar”; controlan puertos y aduanas, vigilan las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos (EE. UU.) y combaten el huachicoleo o robo de combustible a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Carta Magna y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Loefam), dispone que las Fuerzas Armadas se encarguen de salvaguardar el territorio ante amenazas externas; garantizar la seguridad interior del país (ante conflictos sociales y políticos) y brindar apoyo a la población ante emergencias nacionales (sismos, inundaciones, pandemias, etcétera).

El artículo 1º de la Loefam describe: “I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación; II. Garantizar la seguridad interior; III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

El Artículo 129º constitucional estipula: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es decir, las Fuerzas Armadas están impedidas legalmente para realizar funciones no descritas en la Constitución y su legislación orgánica.

Pero en abierta violación a ambas leyes, AMLO ha persistido en incorporar la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El Artículo 21º de la Carta Magna señala claramente: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

A su vez, el Artículo 2º bis, de la Loefam, indica que “El personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública en los términos que señale el marco jurídico aplicable”.

El negocio de la militarización

“El proceso de militarización en México representa un negocio para las Fuerzas Armadas porque se ven beneficiadas económica y políticamente a partir de las nuevas funciones asignadas, las cuales trascienden a la esfera de la seguridad pública. A partir de estas nuevas funciones, las Fuerzas Armadas han comenzado a actuar desde una perspectiva empresarial”, expone el reporte 2024 de la MUCD.

Este análisis asegura que los militares han concentrado mayores recursos públicos del presupuesto federal, de convenios en colaboración con instituciones federales y estatales, con el uso de recursos de sus fideicomisos, la administración de empresas públicas y de los ajustes presupuestarios realizados cuando reciben tareas nuevas.

“El acceso a estos recursos públicos va más allá de desarrollar las actividades que les han sido encomendadas, en tanto ha beneficiado a las Fuerzas Armadas para sufragar otro tipo de gastos, como la compra de equipos y materiales de lujo, mejores pensiones para los efectivos en retiro de las Fuerzas Armadas, así como la construcción y adecuación de sus instalaciones”, refiere la organización especializada.

“La opacidad con la que manejan los recursos públicos abre la puerta a la malversación de estos recursos, los cuales, no hay que olvidar, son nuestros impuestos. Con todos estos elementos, podemos asegurar que la militarización del país es un negocio”, agrega la MUCD.

Plantea, asimismo, que los recursos transferidos, administrados y aprovechados por los militares empoderados se restan directamente del “dinero y capacidades que el Estado debería destinar para proteger nuestros derechos”, denuncia.

En el estudio 2024 de MUCD se explica que a partir de 2020, y de manera inédita en el país, los militares se han convertido, hasta ahora, en operadores de 30 empresas de participación estatal mayoritaria.

Informa también que, desde 2019, la Sedena, la Secretaría de la Marina (Semar) y la Fuerza Aérea son receptoras cada vez de más recursos públicos; y que, en 2024, recibieron 142 mil 730 millones de pesos (mdp) destinados al Grupo Olmeca-Maya Mexica, encargado de operar diversas empresas como el AIFA y el Tren Maya aún en proceso de construcción.

Durante su mandato, AMLO ordenó la desaparición de más de 100 fideicomisos destinados a la atención de problemas sociales; pero hasta ahora no ha tocado los de las Fuerzas Armadas, que al cierre de 2023 disponían de un fondo global de 69 mil 193 mdp.

La MUCD abunda en el caso del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, cuyos recursos oscilan entre los 20 mil y 72 mil mdp.

El presupuesto destinado a la Sedena se ha incrementado 138 por ciento entre 2018 y 2024, mientras que el de la Semar aumentó 71 por ciento. Ambas dependencias concentran ya 3.7 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024.

Las Fuerzas Armadas ahora tienen la posibilidad de recibir dinero mediante “convenios de reasignación de recursos” con otras instituciones, tanto del Gobierno Federal como de los estatales, recursos que no siempre son reportados en la Cuenta Pública, precisa el informe citado.

Debido a este tipo de convenios –dice MUCD–, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, los militares recibieron 23 mil 166 mdp de instituciones federales y mil 650 mdp de estados y municipios.

Militarización de la vida pública 

La militarización ahora es mucho mayor de lo que comúnmente se piensa, va más allá de la seguridad pública y “lo que estamos viendo es una militarización de la vida pública de México; el Ejército está adquiriendo muchas más facultades de las que son militares”, alertó Ernesto Partida, director del centro de análisis Borde Político.

Más que defendiendo a la nación –destacó a este semanario– “lo que nos está tocando ver es a militares construyendo infraestructuras, ejerciendo recursos de cambio climático; en programas sociales, en puertos y aduanas. Entonces, lo que vemos son muchas funciones que no tendrían nada que ver con los militares, que se les han ido incorporando”.

Indicó que los militares controlan directamente casi el cinco por ciento del Presupuesto Federal. “Lo que vemos es que invertir en militares va en detrimento de las instituciones civiles y que, por otro lado, es muy mala idea, porque la preparación militar no es la mejor para muchos rubros, entre ellos, por ejemplo, la planeación de infraestructura (civil).

“Vamos a comenzar a ver en un futuro los resultados de todos estos errores de planeación que han hecho multiplicar el presupuesto destinado a las obras públicas de las que están a cargo; del AIFA, que iba a costar 157 mil millones y que ya va en los 500 mil millones; o el Tren Maya, que iba a costar 47 mil millones y ya va por los 200 mil”, detalló.

Partida informó, además, a este semanario que en México se está construyendo un régimen autocrático, es decir, un gobierno en el que la voluntad de un solo hombre es como ley. “Se está construyendo un espacio donde las Fuerzas Armadas están ahí, detrás del Presidente todo el tiempo, y están acumulando poder”.

Expuso que, sin embargo, la base de esta desviación autocrática surgió de unos sexenios antes, cuando los militares comenzaron a empoderarse “con todas las banderas políticas que existen en este país. En realidad no estamos construyendo un régimen autocrático desde este sexenio, sino desde varios sexenios atrás”.

En relación con lo expuesto por Partida, en el gobierno del priista Ernesto Zedillo comenzó una introducción paulatina y acentuada de las Fuerzas Armadas en labores públicas con la creación, el cuatro de enero de 1999, de la Policía Federal Preventiva (PFP), formada esencialmente con efectivos de la Policía Militar y los integrantes de la extinta Policía Federal de Caminos.

El panista Vicente Fox Quesada mantuvo y respaldó la PFP militarizada e hizo lo mismo su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa quien, a su vez, ordenó un abierto despliegue de tropas militares para combatir a las bandas del narcotráfico. Para acolchonar esta militarización, el 1° de junio de 2009 Calderón convirtió a la PFP en Policía Federal, un cuerpo policial destinado a la seguridad pública de corte completamente civil para atender lo dispuesto en la Constitución.

Pero AMLO alentó el despliegue de militares en las labores de seguridad pública a pesar de que en su campaña electoral de 2018 se comprometió a regresar a los soldados a sus cuarteles y acabar con la “guerra de Calderón”.

El Presidente ofreció sustituir a la Policía Federal con una nueva fuerza policiaca civil, la GN, creada en 2019 con el apoyo de todas las fuerzas políticas y que hoy insiste en militarizar, aunque la Constitución establezca que esta corporación debe ser de carácter civil.

Giro hacia la derecha autocrática

“Llegó un gobierno de izquierda a nuestro país, que asumimos iba a tener una posición de una política social más amplia, que iba a garantizar un Estado más grande que lograra resolver el acceso a derechos sociales en el país; y en lugar de eso hemos tenido un giro a la derecha autocrática”, aseveró a buzos Luis Fernández, director ejecutivo de Práctica, Laboratorio para la Democracia.

“Es un gobierno austero, muy pequeño, que no tiene capacidad de garantizar el equilibrio de derechos, que concentra más presupuestos en temas de seguridad, en este caso, en los militares, que no necesariamente resuelven el problema público de la inseguridad y la violencia y que, por el contrario, concentran mucho más poder”.

El analista agregó que AMLO concentra su atención en los militares “porque le garantizan disciplina y lealtad ante todas las decisiones que toma el Ejecutivo Federal. 

Organizaciones civiles, nacionales e incluso extranjeras, advierten que México está viviendo un acelerado proceso de militarización al aumentar paulatinamente el protagonismo castrense en atribuciones y funciones públicas destinadas a civiles.

En un análisis de la nueva iniciativa de reforma enviada por AMLO al Congreso de la Unión el pasado cinco de febrero, en la que insiste en poner a la GN bajo el mando de la Sedena, la organización civil Causa en Común denuncia que el plan es militarista.

La agrupación advirtió que el Presidente está tratando de “constitucionalizar” las nuevas tareas asignadas a los militares: “Se busca así legalizar y perpetuar la serie de encargos que se les han endilgado, atropellando a instituciones civiles y alterando el equilibrio entre las esferas civil y militar, elemento fundamental para la estabilidad política del país durante las últimas décadas.

“El abuso que se hace de las Fuerzas Armadas ordenándoles funciones que no les corresponden y para las que no son competentes, no podría significar ahorros, ni mejores servicios, ni mejores obras, ni mayor transparencia. Sí ha significado, en cambio, mayores ineficiencias, mayores costos y mayor opacidad”, denunció.

GN civil, pero militarizada 

La creación de la GN en sustitución de la Policía Federal fue anunciada mediante un decreto publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que reformó el Artículo 21º de la Constitución y que fue aprobado por los legisladores de todos los partidos políticos.

En el Artículo 5º transitorio de esa reforma constitucional se fijó un periodo de cinco años en que la GN estaría conformada, inicialmente, por miembros de las Fuerzas Armadas, mientras el Gobierno Federal formaba a sus integrantes civiles y sustituía a los militares en 2024 como plazo definitivo.

Sin embargo, el cuatro de julio de 2023, durante la presentación del Cuarto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, denunció que la GN seguía integrada en un 71 por ciento por efectivos militares a cuatro años de su creación. Además, no cumplía aún con el compromiso contraído en 2019, pues la corporación militarizada recibió ese año 68 mil mdp, monto 17 veces mayor al de 2020.

“Tenemos que hacer una profunda reflexión de cómo reconstruir la seguridad en el país, para tener la esperanza de vivir en paz, porque dados los índices delictivos, no se visualiza una relación entre el incremento de recursos y una mayor eficacia operativa de la Guardia Nacional”, anotó Morera.

En su paquete de 20 iniciativas de reforma enviadas al Congreso de la Unión el cinco de febrero de 2024, AMLO incluyó una de carácter constitucional para incorporar a la GN a la Sedena, aunque su partido y sus aliados no reúnen los votos necesarios para aprobarla.

Esta pretensión contradice, una vez más, el compromiso asumido durante su campaña electoral de 2018, cuando aseguró que devolvería a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, porque legalmente no les corresponde hacerse cargo de la seguridad pública, y que acabaría con la “guerra de Calderón”.

Sin embargo, una vez declarado Presidente, AMLO se desdijo; y el 24 de agosto de 2018 anunció que las Fuerzas Armadas permanecerían en las calles.

El 28 de agosto de ese año, el colectivo Seguridad sin Guerra, formado por 300 organizaciones civiles especializadas en problemas de seguridad y justicia, le reclamó esta contradicción y le exigió un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, que constitucionalmente son responsabilidad de las autoridades civiles.

El colectivo denunció que AMLO abonaba “a la incertidumbre la voluntad del próximo gobierno para detener la militarización, que a lo largo del país ha venido acompañada de un incremento de la violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

Y hoy, mientras el Ejército sigue realizando tareas civiles por mandato de AMLO, su fallida política de seguridad “abrazos, no balazos” no ha logrado disminuir la violencia delictiva, continúan al alza las cifras de homicidios dolosos y desapariciones forzadas en varios estados del país, mientras el Presidente asegura que los mexicanos se encuentran “felices, felices”.