En cada territorio donde las sociedades construyen su vida y su identidad, la diversidad cultural se manifiesta como una riqueza viva. No es una simple acumulación de lenguas, costumbres o prácticas, sino una forma de organización social concreta, nacida de las condiciones históricas colectivas. Esta diversidad es una expresión de la historia de la sociedad y, por tanto, un bien que debe ser defendido frente a las estructuras de poder que buscan homogeneizar y controlar desde el centro. 

Este principio aplica no solamente para el conjunto social en general, sino también para aquellos campos particulares de los profesionales de la cultura. Y aquí encontramos la paradoja de que, en una sociedad que tiende a la homogeneización cultural –y, por tanto, a la supresión de las diversidades–, el rol de las instituciones culturales debe ser propiciar esa diversidad. 

Pero el camino en la construcción de esta tarea no ha sido fácil. La historia moderna de las políticas culturales mexicanas se ha construido en torno, precisamente, a figuras centralizadoras: José Vasconcelos, Carlos Chávez, Octavio Paz… figuras que, si bien en el discurso oficial aparecen como “constructores de instituciones”, defendieron siempre, por el otro lado, un discurso de centralización que de hecho reprimió a las “disidencias”, a las diversidades culturales. 

En nuestras sociedades latinoamericanas, donde el colonialismo no ha sido sólo un episodio del pasado, sino una lógica persistente en las formas del poder económico, mediático y político, la centralización de las decisiones en materia cultural ha sido una herramienta para silenciar las voces múltiples de otros espacios culturales de la sociedad. Las figuras de poder, ya una persona, ya una institución, se presentan como árbitros universales de lo que debe contarse, mostrarse o preservarse, excluyendo las expresiones que no se alinean con los intereses particulares de sus agendas. 

Es aquí donde debemos revalorar el papel de los proyectos independientes. Su sola existencia es ya muestra de que las instituciones oficiales no pueden abarcarlo todo, de que existen otras expresiones, otros grupos, que no caben en sus narrativas centralizadoras. La labor ecuánime de las instituciones hegemónicas no debería ser, pues, absorber, suprimir o alinear esos proyectos, sino propiciarlos y apoyarlos. 

Platicaba hace poco con un agregado cultural del Servicio Exterior Mexicano sobre los virajes que han tenido las políticas culturales en las últimas décadas. Él criticaba este papel “paternalista” de “la política cultural del pasado”. “Antes –decía– el gobierno les daba todo a los artistas; hoy, en cambio, han aprendido a gestionarse a sí mismos, con independencia de los subsidios estatales”. No era el sitio para debatir con un diplomático, pero me quedé pensando que esa argumentación es, precisamente, el resultado de una sostenida práctica neoliberal en las políticas culturales. Eliminan los estímulos a la creación, reducen presupuestos de escuelas e instituciones culturales, no pagan a los artistas que trabajan en agrupaciones gubernamentales; pero en cambio les ofrecen webinarios sobre cómo diseñar mejor su perfil de Instagram. Que cada quien se rasque como pueda; el Estado ya no es garante de la oferta pública de bienes y servicios culturales. 

Ése es el origen del boom actual de los proyectos independientes. Una escena cultural donde los patrocinadores tradicionales de la cultura –el Estado y la iniciativa privada socialmente responsable– han abandonado ya su papel como agentes culturales; una escena donde los trabajadores de la cultura han sido orillados a una precarización extrema.