Después de la pandemia, el sistema de salud mexicano nos mostró la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en un país donde la salud pública está colapsada, siendo el trato hacia las mujeres con problemas de salud mental e indígenas el punto más alarmante. 

La lucha por la igualdad y equidad ha impedido ahondar en la discriminación y la desigualdad que vivimos las mujeres en un país que aún no nos coloca en un punto de igualdad, siendo la parte de salud pública la más alarmante para las mujeres con problemas de salud mental y las mujeres indígenas de zonas rurales, quienes sufren problemas de salud exclusivamente femeninos tales como el embarazo o el parto, que entrañan riesgos y asistencia específicos, es decir, que requieren, por su condición de dar vida, cuidados durante y después del parto; pero es aquí donde el sistema deja vulnerable a este sector y sin acceso a una atención adecuada, sumido en el olvido social, las carencias económicas y los rezagos sociales. 

Hablando de la salud mental, el deterioro del bienestar psicológico femenino es un fenómeno en aumento, tanto en poblaciones rurales como citadinas. Según la OMS, el suicidio es una de las principales causas de muerte en mujeres entre los 20 y los 59 años. 

Trastornos mentales como la depresión son una causa importante de discapacidad en las mujeres. Los estudios demuestran que la discriminación social, legal y económica provocan sentimientos de indefensión, dependencia y baja autoestima y son responsables de estos trastornos. 

La OMS también apunta a la violencia de género como una de las principales causas de desórdenes mentales y dolencias físicas cuyo impacto en la salud, tanto de la víctima como de sus allegados, es muy elevado. 

En este sentido, los informes remarcan la ausencia de datos que permitan conocer la situación de salud pública de las comunidades indígenas, así como un mayor riesgo de padecer enfermedades, menor esperanza de vida y poca participación en los servicios y recursos existentes. Además, determinadas enfermedades no son adecuadamente dimensionadas entre la población indígena, como deficiencias en alimentación y nutrición; y según los usos y costumbres de algunas zonas rurales se considera más importante la supervivencia de los hombres y se descuida la salud de las mujeres. 

Todas estas cuestiones están claramente condicionadas por factores demográficos, del entorno, el nivel de instrucción, las carencias económicas, el empleo y por una insuficiente disponibilidad de servicios públicos de salud. 

En México, el derecho a la salud está reconocido en el Artículo 4° de la Carta Magna y se garantiza a todas las personas en el marco legal; la Ley General de Salud establece las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud y cada uno de las entidades federativas tiene sus propias leyes estatales de salud. La Ley de Salud del Distrito Federal es la norma más importante que regula el derecho a la salud en la capital de la República. 

Las diferencias de género siguen siendo determinantes de las desigualdades, y en la salud son muy obvias. Dos de cada 10 mexicanas carecen de servicios de salud, pero entre las mujeres rurales la carencia alcanza a cuatro de cada 10. Las mujeres mayores de 60 años presentaron niveles de hipertensión (45 por ciento) y de diabetes mellitus (28 por ciento) más altos que los hombres (34 y 23 por ciento). A partir de los 60 años, los accidentes y las caídas disminuyen en los hombres y se incrementan en las mujeres.