El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares dejó Veracruz en un estado casi absoluto de inseguridad y bañado en sangre con la comisión cotidiana de crímenes de extrema crueldad que han sido nota internacional, fosas clandestinas a lo largo y ancho de la entidad, restos sin identificar, secuestros y múltiples feminicidios. 

Hace poco más de dos años, cuando fue candidato a la gubernatura por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Yunes se comprometió a terminar con la inseguridad en Veracruz en solo seis meses mediante mayor eficiencia policial y el uso de alta tecnología (cámaras de seguridad, drones, etc.). 

Pero este año cerró con casi dos mil asesinatos, 100 de ellos feminicidios, la aparición de más fosas clandestinas, más desapariciones de gente y un aumento significativo en la incidencia de prácticamente todos los delitos del fuero común que ubican a Veracruz en los primeros lugares de criminalidad interna y externa. 

“Habrá mano dura en contra de los delincuentes; los trataré como lo que son; enemigos de los veracruzanos. Se implementará una red estatal de video-vigilancia para ayudar a prevenir el delito. Se vigilará a los delincuentes y no a los ciudadanos”, dijo en abril de 2016 Yunes Linares, durante su campaña proselitista. 

En la recta final de su gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que solo en octubre pasado se denunciaron en Veracruz cuatro mil 262 delitos y que en el curso de todo 2018 se habían registrado 48 mil 78 acciones delictivas.  

El desglose del décimo mes de 2018 fue el siguiente: 105 homicidios dolosos, 364 lesiones dolosas; ocho feminicidios; 12 secuestros y mil 575 robos, entre los que 543 fueron de autos. Los asesinatos con mayor resonancia mediática fueron los cometidos contra Ernesto y Román Pérez González, dos jóvenes hermanos profesionistas, quienes perdieron la vida a manos de policías municipales afuera de su casa en Orizaba.  

Las fosas clandestinas encontradas en la entidad han sido nota internacional. En solo dos años fueron ubicadas 343 fosas; en 44 de los 212 municipios se han encontrado restos humanos, la mayoría sin identificación, de acuerdo con denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Colectivo Solecito.  

En septiembre pasado, en la localidad de Arbolillo, en el tramo Paso del Toro-Alvarado, en la costa de Veracruz, se encontró una de las fosas más grandes, con 174 cuerpos, entre los que se hallaron restos de menores de edad. 

En cuanto a los feminicidios, hasta septiembre pasado, Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con 51 de los 607 que se habían perpetrado en el país. Es decir, de cada 100 mil veracruzanas 1.20 son asesinadas. Los 100 municipios con mayor incidencia feminicida son Córdoba y Poza Rica, donde habitan 111 mil y 108 mil mujeres, respectivamente. Un poco más abajo se ubican San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Tuxpan. 

A la par se contabilizan las mujeres víctimas de homicidio doloso: 54 en lo que va del año; 112 fueron por homicidio culposo. Mil 67 veracruzanas sufrieron de lesiones dolosas y 286 de lesiones culposas. 

Con 41 mujeres secuestradas en los primeros nueve meses, Veracruz es el primer lugar nacional en la incidencia en este ilícito. El segundo lugar, Tamaulipas, tuvo 32 casos. La entidad también figura entre las nueve con más denuncias de tráfico de menores en todo el país.  

En la entidad sigue pendiente la implementación de dos alertas de género; el argumento utilizado por el Congreso Local, liderado entonces por la mayoría panista, fue que no le quedaba tiempo para declararlas e instalar una comisión especial para darle seguimiento, gestión que debía asumir la legislatura actual, hoy con mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

Muchos de los asesinatos de mujeres en Veracruz han causado revuelo en el ámbito internacional debido a la saña con que se perpetraron; es el caso de Ángela, de 19 años, en el Puerto de Veracruz, quien fue asesinada para extraerle a su bebé, que estaba a punto de nacer.  

Unos meses antes, en abril, otra embarazada de 23 años fue asesinada en las mismas circunstancias. La Fiscalía veracruzana ofreció un millón de pesos de recompensa a quien brindara información confidencial del paradero del presunta homicida, quien hoy se encuentra tras las rejas.  

En julio pasado, en el sureño municipio de Minatitlán, una joven mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras amamantaba a su bebé de nueve meses. Su otro hijo, de cuatro años, presenció el asesinato. La hoy occisa había denunciado el maltrato ante el sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Minatitlán, pero esta oficina no actuó y sus dos  hijos quedaron en la orfandad. 

Uno de los casos más recientes y de mayor ruido mediático fue el crimen cometido contra Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal morenista Carmen Medel. La joven fue ejecutada a balazos mientras hacía ejercicio en Ciudad Mendoza; la versión oficial de la Fiscalía fue que la confundieron con una distribuidora de drogas y que ese mismo día su asesino había sido abatido. Semanas después, “volvió” a aparecer muerto el asesino. 

La violencia contra políticos y periodistas 

Otro rubro delictivo en el que Veracruz ha ocupado los primeros lugares en los dos años pasados es el que tiene como víctimas a políticos y presidentes municipales. De acuerdo con el primer Atlas de Riesgo Político-Electoral, elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Veracruz es uno de los cuatro estados con más asesinatos cometidos contra presidentes y expresidentes municipales desde 2006, pues concentra el 55 por ciento de este tipo de crímenes. 

Uno de los casos más recientes fue el del perredista Víctor Molina Dorantes, expresidente municipal de Colipa, quien  el 10 de enero de este año fue hallado en su rancho con una herida de bala en la cabeza. 

El 20 de noviembre de 2017, el presidente municipal de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena, fue asesinado por un comando armado en su propio domicilio. Unos días después, el 24 de noviembre de ese mismo año, el munícipe de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, junto con su esposa y tres acompañantes, corrieron la misma suerte. 

El año pasado también fueron asesinados Erasmo Sosa Garza, director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) del ayuntamiento de Poza Rica; Armando Violante, excandidato del PAN a la alcaldía de Coatzintla, junto con un hijo; Sergio Tremari Gaya, operador político del PRD en Papantla; David Alonso Rodríguez, tesorero del ayuntamiento de Juchique de Ferrer; Francisco Rafael Mendoza, contador de la Tesorería de Juchique de Ferrer; Yendi Guadalupe Torres Castellanos, Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia para la Zona Norte de Veracruz; Juan Carlos Zamarripa Fernández, regidor del ayuntamiento de Pánuco; Francisco Ánimas Enríquez, directivo regional de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa); Pedro David Domínguez Moreno, dirigente juvenil del Partido Verde Ecologista (PVEM) y aspirante a regidor en el municipio de Isla; Juan Camilo Castagné Velasco, coordinador de la Policía Federal en Veracruz; Rogelio Hernández Andrade, regidor del ayuntamiento de Cerro Azul; Antonio Rodríguez, asesor jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos; Antonio Arroyo Antonio, excandidato del PRD a la alcaldía de Tenochtitlán; Francisco Vázquez Rojas, exsíndico (PRI) del ayuntamiento de Ixtacxoquitlán; César Antonio García Cosquilla, excandidato del PRI a la presidencia municipal de Tenampa. 

A la lista se suman los periodistas asesinados durante el gobierno de Yunes Linares: cuatro en 2017 y uno este año. Los reporteros a quienes les arrebataron la vida fueron Ricardo Monlui Cabrera (19 de marzo de 2017), Edwin Rivera Paz (10 de julio de 2017), Cándido Ríos Vázquez (22 de agosto 2017), Gumaro Pérez Aguilando (19 de diciembre de 2017) y Leobardo Vázquez Atzin (21 de marzo de 2018). 

Se suman otros delitos 

El sabotaje a trenes estuvo también a la orden del día en la saliente administración. El caso más reciente fue en el municipio de Acultzingo, que cobró la vida del conductor. Tras lo anterior, desde la Cámara de Diputados se hizo un pronunciamiento para que el gobierno de la entidad establezca protocolos de seguridad para prevenir y combatirlos. 

De acuerdo con información oficial, en los primeros tres meses, tan solo en Veracruz se contabilizaron cuatro casos de robo a trenes, mientras que en el segundo trimestre se reportaron 105; en el tercero 91; y en el cuarto 105. Un total de 276 hurtos.  Dichos números convierten al estado en el líder nacional en la incidencia delictiva en este rubro. 

El modus operandi de los asaltantes de trenes incluye el empleo de niños y personas de la tercera edad para sabotear las vías del ferrocarril y provocar su descarrilamiento; también colocan piedras o barricadas para obstruir las vías férreas y provocar su freno. Una vez logrado esto, proceden al saqueo de las mercancías, que son trasladadas a zonas previamente ubicadas a las orillas de las vías.   

Otra forma de atraco denunciada por las empresas ferroviarias es aflojar y engrasar las vías del tren. Mover mercancías por Veracruz, aseguran las cámaras empresariales, es peligroso. 

La empresa Autobuses de Oriente (ADO) ha sido blanco de un sinnúmero de asaltos en sus rutas por Veracruz, principalmente en la zona centro, en Maltrata y Perote. La gran mayoría de estos asaltos fueron con violencia. 

Ante esta realidad, muchos comercios y empresas terminaron por bajar las cortinas en estos dos años, principalmente en Coatzacoalcos, en la región sur del estado; 300 robos se han hecho, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Entre las empresas más afectadas se encuentran Tepoznieves, Casa Kato y la casa de materiales Morales García. 

El bienio de Yunes Linares terminó, pero no funcionaron las 10 zonas de atención prioritaria en materia de seguridad, ni la creación de otras tantas policías regionales. En 24 meses tampoco aplicó tecnologías más avanzadas para combatir a los delincuentes. No usó satélites, ni drones ni sistemas de video, por el contrario, la violencia se incrementó en Veracruz.