El lunes 23 de septiembre, los juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados reanudarán actividades tras el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que decidió por mayoría levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y sus áreas administrativas.

Durante la votación realizada la noche del jueves, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y la consejera Lilia Mónica López Benítez votaron en contra.

El órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales, que desaparecerá con la entrada en vigor de la reforma judicial, comunicó esta decisión mediante una circular.

Además, la mayoría de los consejeros aprobó convocar a una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), así como con la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas. También participarán el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal el próximo viernes 20 de septiembre en una sede aún por definir, con el objetivo de que retornen a sus labores.

Por su parte, la presidenta Piña Hernández abrió una nueva consulta al Pleno del máximo tribunal del país sobre la procedencia de una controversia interpuesta por magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) para suspender la aplicación de la reforma al Poder Judicial.

Esta nueva consulta cumple con las “formalidades” del procedimiento legislativo, que se siguieron para aprobar esta reforma tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como con el “contenido material” de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial.

El acuerdo publicado el miércoles 18 de septiembre en los registros del máximo tribunal detalla que “se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto respecto al cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo como a su contenido material, conforme al apartado III”.

Por esta razón, la nueva consulta se clasificó como de “urgencia” y se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá elaborar el proyecto respectivo para someterlo a discusión del Pleno de la SCJN.