La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Más de 100 mil mexicanos están en riesgo de no ejercer su legítimo derecho al voto, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) estima que no podrá instalar 820 casillas por problemas de inseguridad y conflictos políticos, de estas, la autoridad electoral confirmó que 104 no serán colocadas y aún está valorando los riesgos que implica la apertura de los módulos receptores del voto restantes.
Informó que los estados de Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Colima y la Ciudad de México son las demarcaciones en las que definitivamente no se instalarán las 104 casillas.
Agregó que tan sólo en el estado de Michoacán no se colocarán 88 casillas en 10 municipios, incluidos Charapán, Cherán y Paracho; mientras tanto, serán reubicadas dos casillas en Apatzingán y Bellavista por amenazas de grupos armados contra supervisoras y capacitadoras electorales; todo ello afecta directamente a 54 mil 195 votantes.
De igual manera, por problemas de inseguridad, en Oaxaca no se instalarán cinco casillas en San Mateo del Mar y Santo Domingo Platanillo. En Nuevo León serán tres módulos de votación que no abrirán; dos más en Tlaxcala; mientras que, en Nayarit, Sinaloa y la Ciudad de México no se colocarán la casilla básica 350; del distrito 03 y la del Campo Militar 1, respectivamente.
Asimismo, el INE detectó problemas en 519 casillas en comunidades de Chiapas, incluyendo Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, debido a enfrentamientos entre el crimen organizado y conflictos políticos.
En suma, reiteró se trata de 820 casillas que están en riesgo de no ser instaladas el día de la jornada electoral; al mismo tiempo rechazó la solicitud de los líderes del PAN, PRI y PRD para elaborar un mapa de riesgo que permitiría atraer la elección en zonas de violencia; argumentó que corresponde a las autoridades de seguridad implementar políticas para garantizar la integridad de las personas y la ciudadanía durante los procesos electorales.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.