En el tema del hostigamiento presupuestal a los gobiernos locales (administraciones estatales y municipales) de que habla buzos esta semana, lo esencial no son las declaraciones o amenazas disfrazadas de consejos en las conferencias mañaneras del Presidente; no son las palabras, sino los hechos, las medidas que ya han sido aplicadas; son las iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso de la Unión y puestas en práctica en 2020, así como la que está a punto de discutirse y aprobarse y que hundirá definitivamente a la mayoría de los municipios, que al final del segundo año de la “Cuarta Transformación” (4T) ya se hallan al borde del precipicio.

Las declaraciones y amenazas, francas o veladas, solo anuncian nuevas medidas como las que contribuyeron a que muchas entidades federativas se encuentren en las más difíciles condiciones económicas y los municipios en quiebra y fuertemente endeudados.

Los recortes presupuestales, heredados de gobiernos anteriores, no fueron eliminados en este sexenio y se convirtieron en un sello distintivo de la política económica de la 4T, a quien le tocó aprobar el último PEF del gobierno anterior, aplicó recortes al segundo presupuesto que le correspondía ejercer y propone uno nuevo, aun más recortado, para el tercer periodo de su mandato.

La situación de las administraciones municipales empeoró durante los dos años anteriores, por los recortes y por la desaparición de varios fondos presupuestales que ayudaban a enfrentar la problemática social; por ejemplo, construir obras públicas y brindar a los ciudadanos servicios indispensables como salud y educación. La contingencia sanitaria no fue motivo suficiente para que el Gobierno Federal aplicara un programa de apoyo emergente ante la drástica disminución de los ingresos propios en los municipios; esto los condujo a la quiebra y al endeudamiento; a ello se agregó la reducción de las participaciones de origen federal y la desaparición total de los recursos que se destinaban a obra pública, recortes que los han puesto en precarias condiciones.

Se aproxima el momento en el que el Congreso de la Unión discutirá la nueva iniciativa presidencial, el PEF 2021, que ya se sabe viene lleno de recortes y en el que no se contemplan apoyos extraordinarios para resolver las necesidades de las administraciones locales.

Se espera que el PEF endurezca la fiscalización de los recursos federales. El Presidente de la República ha prometido “fisgonear” más el ejercicio del presupuesto en estados y municipios (nadie duda que lo hará) y ha recomendado con cruel ironía a quienes no tienen capacidad de ahorrar, que utilicen sus ahorros para la construcción de obra pública.

El jefe del Poder Ejecutivo ha declarado públicamente que este fisgoneo tiene como finalidad impedir que los estados y municipios utilicen electoralmente el presupuesto; pero todos los recortes, la desaparición de fondos y el anunciado endurecimiento fiscal obligan a pensar que el Presidente reserva para su gobierno y su partido la exclusividad en el uso electoral de los recursos previamente centralizados.