México arrastra, desde 2016, la ausencia de un gasto progresivo y suficiente en materia de salud sexual y reproductiva, problema al que el Gobierno Federal vigente (2018-2024) ha sumado mayor opacidad en el ejercicio del presupuesto y cifras récord en desabasto de anticonceptivos, aborto seguro y la prevención del virus del papiloma humano.

Además, la tasa de fecundidad en adolescentes, hoy la más elevada en América Latina y el Caribe, con un promedio de 66.9 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad, por estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Política Pública (Coneval). Así como este problema hay varios otros en los que México se halla a la cabeza en esta región de América, especialmente después de la pandemia de Covid-19.

En 2022, por ejemplo, por cada 100 mil nacimientos, hubo en promedio 40 madres fallecidas durante las acciones médicas de parto, aborto y puerperio, cifra superior a las defunciones registradas desde 2019; y que ubicaron al país en el primer lugar de América Latina, según cifras de la Secretaría de Salud (SS) y del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMMM).

La salud sexual y reproductiva es un derecho humano, por lo que los gobiernos de México tienen la obligación constitucional de asignar presupuestos suficientes para garantizar los servicios y programas médicos de calidad que prevengan y atiendan estos problemas sanitarios, como también evitar que jóvenes y mujeres sean violentadas o víctimas de feminicidios.

La desatención a esta problemática impactará anualmente en la vida de miles de mexicanas, porque cancela sus oportunidades de desarrollo educativo, laboral y en la mayoría de los casos profundiza sus condiciones de pobreza, si es que no mueren a causa de embarazos mal atendidos o abortos inseguros.

A pesar de este negro panorama, entre 2016 y 2020 no se elevó el gasto público federal en la compra de medicamentos e información destinada a promover la salud sexual y reproductiva. En contraste, han aumentado el descontrol, las disparidades, irregularidades y la opacidad en las políticas de la SS y los sistemas de salud de las entidades federativas, según la evaluación realizada por el Centro de Análisis e Información (Fundar) con apoyo de otras organizaciones civiles.

Sin gasto progresivo

El mayor desafío que hoy enfrenta México es que 25 por ciento de sus 64 millones de mujeres en 2022 no estaban afiliadas a ningún servicio de salud; y la única instancia para atender sus problemas sanitarios está en los Programas de Acción Específicos (PAE), enfocados básicamente a combatir cánceres, salud materna y perinatal, prevenir y atender actos de violencia de género, planificación familiar, salud sexual y reproductiva en la adolescencia y el aborto seguro.

El financiamiento de los PAE proviene del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSR) de la SS, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que opera desde 2020, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyas asignaciones y control están a cargo de las entidades federativas.

En su análisis de estos programas Fundar reveló que en 2016, se gastaron mil 397 millones 788 mil 70 pesos en la compra de vacunas para prevenir el papiloma, preservativos y tratamiento de cánceres, entre otros aspectos; que, en 2017, el Gobierno Federal y los estatales redujeron su gasto a mil 210 millones 10 mil 294 pesos; en 2018, a mil 178 millones 63 mil 832 pesos y en 2019, poco antes de la pandemia, a mil 111 millones 61 mil 39 pesos.

En 2020, cuando las muertes maternas y otros padecimientos registraron sus peores cifras, el gasto federal y estatales destinado a los PAE aumentó por primera vez a mil 207 millones 959 mil 186 pesos en cuatro años, monto que si bien representó un aumento de 8.7 por ciento con respecto al año anterior, no superó el presupuesto que tuvo en 2016.

Fundar no pudo obtener el gasto ejercido en 2021 y 2022 porque el CNEGSR –rector de la política pública en materia de salud sexual en los niveles federal y estatal– reportó que no compró medicamentos, no informó qué institución realizó las compras, ni por qué montos.

Además, varias entidades que integran el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), que desde hace más de una década analiza al gasto y al cumplimiento de metas de la política de salud sexual, ocultaron el número exacto de las medicamentos que compraron, con lo que se imposibilitó el análisis integral del gasto.

Fundar encontró, además, que en ese mismo periodo el 88 por ciento de las compras federales de medicamentos para la salud sexual y reproductiva realizadas por el CNEGSR se hicieron por adjudicación directa; y solo el 12 por ciento por licitación pública; y que aquéllas se concentraron en tres grandes distribuidoras: Grupo Fármacos Especializados (78 por ciento), Farmacéuticos Maypo (12 por ciento) y Farmacéutica Althos (cuatro por ciento), lo que implicó el riesgo de actos de corrupción por sobreprecios, conflictos de interés y el uso de privilegios fiscales.

Esta concentración de las compras públicas en estas empresas –así como las hechas a Merck Sharp & Dohme Comercializadora, Bayer de México y Janssen-Cilag de México– y el 97 por ciento de ellas por adjudicación directa –ahora realizadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para proyectos (UNOPS) y el Insabi– invalidaron de algún modo las reducciones desde el 18 hasta el 224 por ciento que el gobierno había logrado a partir de 2019 con la aplicación de una nueva estrategia de adquisiciones en la compra de medicamentos.

Para Fundar, estas prácticas resultaron iguales a las de las administraciones pasadas, incluso peores: los precios de algunos medicamentos tuvieron una variación de hasta 900 por ciento en las adquisiciones de varias entidades; es decir, cada entidad compró los medicamentos al costo que quiso; además de que el número de piezas de algunos medicamentos fue diferente para los estados compradores, al igual que sus fechas de caducidad.

“Estas malas prácticas evidencian un problema de control, fiscalización y rendición de cuentas, además de generar riesgos de corrupción que, en última instancia, impactan el derecho de las mujeres al máximo nivel posible de salud sexual y reproductiva”, declaró Fundar.

Desabasto de medicamentos

Las irregularidades y falta de claridad en las compras de medicamentos para la salud sexual y reproductiva han propiciado el desabasto, ya que las compras a sobreprecio disminuyeron su disponibilidad.

Acerca de este problema, los investigadores Frida Romay Hidalgo, jefa de la causa Salud y Bienestar en Nosotrxs, y Andrés Castañeda, ambos del Colectivo Cero Desabasto, revelaron que la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, que se aplica en dos dosis a niñas entre nueve y 11 años de edad, cayó 95 por ciento entre 2018 y 2020 en relación con las dos millones 500 mil vacunas aplicadas en 2017 por siete instituciones médicas. En 2021 no se aplicó ninguna.

El mismo Colectivo denunció una disminución también relevante en la dotación de otros medicamentos e insumos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, la anticoncepción de emergencia, el parche dérmico, el implante subdérmico, el preservativo femenino o el preservativo inyectable; pues en 2021 se entregaron 48 por ciento menos con respecto a los entregados en 2017.

Otra medicina con desabasto en el país es el Mifepriston, que se utiliza por las unidades médicas para garantizar el aborto seguro, explicó Jennyfer Jiménez González, integrante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (Mexam), organización especializada en derechos sexuales y que, desde hace décadas, se encarga de verificar la disponibilidad de estos medicamentos mediante investigaciones de campo y análisis estadísticos.

En entidades como la Ciudad de México (CDMX), que brindan servicios de interrupción legal del embarazo, las autoridades sanitarias están obligadas a garantizar la dotación de los medicamentos para el aborto en casos de violación y que no peligre la salud de la víctima.

A decir de Jiménez González, el desabasto de medicamentos representa uno de los principales problemas que impiden garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres; y advirtió que para el diseño de una política pública adecuada es indispensable que los TAE y todas las instituciones de salud pública dispongan de personal médico capacitado técnica y científicamente en esta materia, del instrumental médico especializado y presupuesto suficiente.

Por todo ello, las organizaciones especializadas coinciden en que la SS, el Insabi y el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-B) deben recibir un mayor presupuesto destinado a proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres sin atención médica debido a sus derechos laborales.

Además, les pareció preocupante que la CNEGSR no tenga la información detallada de las compras de medicamentos que se realizan en los niveles federal y estatal; ya que esto afecta su rectoría y su capacidad para monitorear el logro de las metas establecidas al respecto; y recordaron que, dadas las fuentes de financiamiento involucradas, es necesario que clarifique quiénes son los responsables de alimentar y gestionar la plataforma SIAFFASPE y quiénes de verificar su correcto llenado.

Precisaron que esto es necesario para disminuir los riesgos de corrupción, con lo que el Gobierno Federal debe evitar el uso excesivo de figuras como la adjudicación directa, la concentración de mercado y promover la competencia entre las farmacéuticas.

Fundar recomendó que, independientemente del esquema de compras utilizado por el Gobierno Federal y de las instancias que realicen las compras, el CNEGSR, como entidad rectora, debe conocer y publicar de forma proactiva los montos presupuestarios totales asignados y erogados en la Federación, porque la compra de medicamentos para los PAE a su cargo debe detallar la información del proveedor contratado, la cantidad, el precio unitario y los mecanismos de adjudicación; de manera que haya un registro público de los medicamentos e insumos totales que se están adquiriendo y que deberían estar disponibles en los centros de salud y hospitales.

Por su parte, remarcó, las entidades federativas están obligadas a publicar de forma proactiva y apegada a los más altos estándares de transparencia las compras de medicamentos efectuadas y los recursos que asignan para la política de salud sexual y reproductiva, y que permitan su monitoreo de la población; y promover la rendición de cuentas en los estados.

Asimismo, debe asegurarse una mayor coordinación entre el CNEGSR y los gobiernos estatales para que, como entidad rectora de esta política, conozca los recursos totales y medicamentos que se asignan y adquieren para esta materia; y con ello garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.