Los pueblos aprenden de su experiencia; más aún de sus derrotas que de sus victorias. Y normalmente en su avance hacia el progreso se abren paso mediante ensayo y error. Así ocurrió, por ejemplo, en la elección de 2018, considerada en la propaganda oficial como un tsunami, pero que, dicho sea de paso, conviene dimensionar en sus justos términos. La Lista Nominal de Electores en 2018 era de 89.1 millones; votaron 56.6 millones, 63.5 por ciento del total; por López Obrador, 30.1 millones, 53.2 por ciento de los votantes, pero solo 33 por ciento de la lista total, es decir una tercera parte de los mexicanos en condición de votar; 66 por ciento o no votó, o lo hizo por otro partido.

Los ciudadanos, en su justo y libre derecho, buscando un cambio, decidieron explorar lo que a primera vista parecía una nueva ruta, sin mirar bien a bien a dónde conducía, ni que podría agravar los males sociales, como, a juzgar por los resultados, ocurrió: hoy existen 9.8 millones más de pobres y las clases medias se extinguen. Con un discurso popular antisistema, Morena despertó entusiasmo y grandes y mágicas esperanzas. Su diagnóstico fue correcto, no así su proyecto, y menos su aplicación, que han provocado un desastre. El encanto viene perdiendo poder –aunque es difícil saber en qué medida–, al mostrar Morena su verdadero rostro, y su profunda incongruencia, aspecto este último que pretendo desarrollar aquí.

Ofrecieron democracia, pero dueños de la Cámara de Diputados ejercieron una sobrerrepresentación ilegal, recientemente prohibida por el INE: por ley ningún partido podrá tener más de ocho por ciento de diputaciones sobre las que obtuvo en las urnas; por ésta y otras medidas totalmente legales, hoy el INE ciudadano está en la mira del gobierno: se proponen liquidarlo o convertirlo en dependencia gubernamental subordinada a la Secretaría de Gobernación. Esto, véase bien, cuando fueron los mismos que hoy gobiernan quienes se sumaron al reclamo popular de un organismo electoral autónomo.

El IFE (INE a partir de 2014) inició su actividad en 1990. Antes, la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación y presidida precisamente por el secretario del ramo, organizaba las elecciones federales; creado el IFE, al principio todavía operaba la conducción gubernamental. En 1994 se constituyó la figura de consejeros ciudadanos, designados por la Cámara de Diputados con dos tercios de votos presentes. Finalmente, en 1996 el IFE, ya como organismo autónomo, eligió un consejero presidente.

El PRD de entonces, dirigido principalmente por hoy destacados morenistas, negoció la conformación del nuevo organismo, exigiendo que fueran ciudadanos y estuviera libre de la conducción gubernamental. Al respecto dice Rosario Robles en artículo reciente (El Universal, 11 de abril): “Teniendo ya como sustento el consenso de los principales liderazgos (…) el PRD votó a favor. Un año después, este partido se alzó con el triunfo en la Ciudad de México y con una abultada bancada en la cámara baja; este momento histórico sin duda fue clave para la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador”. Otro artículo (Romeo Valentín, El Cotidiano, El proyecto político de Ernesto Zedillo y su relación con el PRI, pág. 53, UAM Azcapotzalco, 2012), dice: “… para continuar reformas que aseguraran la transparencia de los comicios y la total imparcialidad del IFE. El primer paso en ese sentido había sido la firma del documento (…) suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD, más el Partido del Trabajo (PT) (…) Tales compromisos dieron pie a la aprobación unánime, por las dos cámaras del Congreso, de la reforma (…) que, entre otras cosas, reforzó la autonomía del Instituto, al excluir totalmente al Ejecutivo de su integración y, por consecuencia, dejar el manejo de los órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros ciudadanos”. Así avanzaba la llamada “transición a la democracia”, de la que se colgó la izquierda, y que incluso reivindica. Pablo Gómez dijo (La Jornada, viernes 23 de mayo de 1997, Cambiar el IFE): “Primero, el gobierno ideó un organismo presidido por el secretario de Gobernación y absolutamente subordinado al Presidente de la República. (…) De Fernando Gutiérrez Barrios a Jorge Carpizo, y de Emilio Chuayffet a Arturo Núñez, solo el gobierno tomó las decisiones en el IFE. El actual secretario de Gobernación sostenía que él era completamente imparcial, a pesar de ser priista, lo cual es imposible, pero no por ser militante político, sino por formar parte del partido oficial mexicano”.

Así pues, solo un IFE de ciudadanos y sin la conducción de Gobernación garantizaría elecciones libres. Todo muy bien, hasta aquí. Pero Morena se inspira como apotegma en aquella expresión atribuida a Groucho Marx: “éstos son mis principios, y si no les gustan, tengo otros”. Fieles a su credo, el Presidente y sus cofrades pretenden liquidar al INE, o ponerlo bajo el control de ¡la Secretaría de Gobernación!, en una lógica que evidencia un pragmatismo escalofriante: si estamos en la oposición exigimos que se ciudadanice el organismo electoral y afirmamos que su control oficial afecta la democracia; ahora en el poder, exigimos que el gobierno maneje las elecciones. Y no es broma; si ganan la mayoría calificada, lo harán. ¡En qué manos estamos!

Y así como esta traición a la confianza ciudadana, hay muchas. Veamos solo algunas. Cuestionaban el otorgamiento de contratos gubernamentales para proteger a empresarios ligados al sistema; hoy Morena hace lo mismo, convirtiendo en norma la asignación directa. Cuando estaban abajo reivindicaban el derecho de manifestación (López Obrador lo empleó hasta el abuso); hoy, desde el poder, lo criminalizan, y se persigue a quienes intenten ejercerlo. Incluso han abandonado a aliados suyos pertenecientes a organizaciones, sobre todo campesinas, pero también a normalistas, profesores de la CNTE, o el caso mismo de Ayotzinapa no resuelto aún, casi ya a mitad de sexenio.

Se declaran juaristas, como ornamento, pues Juárez era profundamente federalista; y hoy, en su nombre, se dinamita el pacto federal, imponiendo un modelo más cercano al de Santa Anna en los últimos años (1853-1855), abierta dictadura, que creó un rechazo social que la llevaría a su fin con el movimiento de Reforma, inicialmente lanzado por don Juan Álvarez y Comonfort en 1854, y encabezado más tarde por don Benito Juárez. Muy juarista, Morena suprimió el Ramo 23 y redujo drásticamente el gasto federalizado (recursos presupuestarios para estados y municipios), y pretende someter a gobiernos estatales condicionándoles recursos y mediante ilegal injerencia, paladinamente confesada, en la elección de gobernadores, para imponer incondicionales. ¿No que eso estaba mal y era inmoral? Juraron respetar la Constitución y atropellan a los poderes Legislativo y Judicial, contrapesos del Ejecutivo.

En fin, lo que vemos no es la ofrecida solución de los grandes problemas nacionales, y sí en cambio el huevo de la serpiente de una dictadura.