El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva tres años sin aplicar el Programa Nacional Hídrico (PNH 2020-2024) que su propio gobierno diseñó para evitar inundaciones desastrosas como las que en septiembre pasado causaron la pérdida de vidas y bienes patrimoniales de miles de personas en el estado de Hidalgo.

El Plan Hídrico 2020-2024, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegura que “el mayor impacto histórico y la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan al 62 por ciento de la población, porcentaje que hoy equivale a 81 millones 909 mil 115 habitantes de la República Mexicana, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a enero de este año.

Los estados con mayor riesgo son Veracruz, Tabasco y Chiapas, entidades con litorales marítimos, ríos caudalosos y asentamientos con alta densidad de población ribereña. La Conagua estima que el 24 por ciento de los municipios de México presentan un “alta” y “muy alta” vulnerabilidad climática; y que millones de familias son susceptibles de verse afectadas con pérdidas de vidas y materiales debido al cambio climático.

La administración federal de AMLO conformó el PNH 2020-2024, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que, a su vez, fue resultado de varios foros en los que participaron más de tres mil personas del país a través de una consulta sobre cinco problemas públicos:

1) Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento insuficiente e inequitativo. 2) Uso ineficiente del agua que afecta a la población y a los sectores productivos. 3) Pérdidas humanas y materiales por fenómenos hidrometeorológicos extremos. 4) Deterioro cuantitativo y cualitativo del agua en cuencas y acuíferos. 5) Condiciones institucionales y de participación social insuficientes para la toma de decisiones y el combate a corrupción.

En los cinco puntos se señalan los objetivos a conseguir. En el tercer punto, el documento de 44 páginas suscribe: se busca reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, priorizando en los pueblos indígenas y afromexicanos, es decir, en los más pobres.

Para alcanzar este propósito se elaboró el Plan Hídrico en el que, se precisa, los tres órdenes de gobierno –Federal, estatal y municipal–, los usuarios, las organizaciones civiles y la sociedad deberán coordinarse y sumar esfuerzos.

Entre las estrategias previstas para evitar que la gente padezca las graves consecuencias de las inundaciones y sequías provocadas por los fenómenos climáticos extremos, el documento se enfoca en cuatro puntos:

Fortalecer los sistemas de observación e información hidrológica y meteorológica para mejorar la gestión integral de riesgos; las medidas de prevención de daños frente a fenómenos hidrometeorológicos y de adaptación al cambio climático; desarrollar la infraestructura pública creada para proteger los centros de población y zonas productivas, y fortalecer la atención de emergencias relacionadas con el agua.

Plan Hídrico que no se ejecuta

El gobierno actual dispone de un plan que le permite identificar con anticipación los puntos más vulnerables y para aplicar planes de contingencias que reduzcan pérdidas humanas y materiales. En el Plan Hídrico 2020-2024, proyectado por la Conagua, se ubican las prioridades en 17 entidades de la República.

Entrevistado por este semanario, Enrique Garduño, extitular del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) del municipio mexiquense de Chimalhuacán, informó que “aunque existe plan hídrico de la zona, porque es la cuenca de agua del Valle de México, no se ejecutan las obras ni se destina el presupuesto que se requiere. Es decir, hay muchas obras de contención que se tienen que hacer”.

El ingeniero afirmó que para evitar las inundaciones es necesario construir presas de gavión en la parte alta de los cerros, ya que ayudan a reducir la velocidad con que baja el agua e inyectar agua en los mantos acuíferos.

“Existen diferentes planes hídricos para las diversas cuencas. Tabasco tiene un plan hídrico independiente de la Ciudad de México (CDMX). Son proyectos de miles de millones de pesos; pero que no están pensados para ser gastados en un año, ni siquiera en una administración, seis años, sino que son proyectos que se van a 12 o 15 años”, explicó.

El especialista afirmó, sin embargo, que estos proyectos se han estancado porque no se les han asignado los recursos suficientes a la Conagua. Algo ayudaba el fideicomiso para desastres naturales (Fonden) que, cuando desapareció, dejó en la indefensión a estados y municipios, cuyas autoridades en adelante no podrán recibir apoyo federal, que aunque no era lo óptimo, les ayudaba a enfrentar los efectos provocados por los desastres naturales.

La maestra en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Citlali Aguirre Salcedo, señala que las autoridades de los municipios afectados reportan que las inundaciones se deben principalmente a la obstrucción con basura de las coladeras distribuidas en las calles. Sin embargo, éste es solo uno de varios factores que contribuyen a que ese problema se agrave.

El cambio climático es la primera consecuencia derivada de los desastres provocados por el agua; el segundo factor es la creciente deforestación, ya que las zonas con más vegetación mejoran la absorción y la captación de agua en el subsuelo; el tercero es la instalación deficiente e insuficiente de almacenamiento de agua y drenaje, ya que la cantidad que cae en una o dos horas satura muchas veces el sistema de drenaje existente en las grandes ciudades; y el cuarto es la deficiente cultura urbana de muchos mexicanos, que tiran basura en las calles o cualquier sitio.

Para el ingeniero Enrique Garduño, la inundación sufrida en septiembre por los habitantes del municipio de Ecatepec se debió a la combinación de varios factores y a que el agua se acumuló en la parte baja de la demarcación: “El problema es en la parte baja si también hay acumulación de basura, porque de repente no tenemos una buena educación cívica, no depositamos la basura donde debe ir, y entonces la tiramos en la calle”.

Para el ingeniero civil Dean Chahim, las inundaciones que causaron la muerte de17 personas y dejaron a más de 31 mil afectados en Tula no se debieron al desbordamiento de las presas por exceso de agua, sino a que el río Tula fue desbordado por un “torrente adicional de al menos 220 metros cúbicos de aguas negras y pluviales provenientes del Valle de México, que la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) mandaron al Valle de Mezquital”.

Es decir, ese flujo adicional proveniente de la CDMX se debe a que los gobiernos Federal y capitalino no han concluido las obras de infraestructura hidráulica requeridas para controlar las aguas negras que envían al río Tula. En la zona metropolitana, por ejemplo, se ha hablado de instalar una macroplanta de tratamiento de agua que se construiría en los límites de Chimalhuacán y Texcoco, la cual sanearía un poco más de 10 mil litros por segundo.

Dicha obra estaba contemplada para terminarse en 2010, pero “estamos en 2022 y eso aún no pasa”. Si esa macroplanta estuviera en operación, el agua tratada tendría ya una utilidad práctica “y no se estaría mandando al canal, ni al túnel emisor oriente ni, por tanto, le estaríamos mandando ni dando salida hacia el estado de Hidalgo”, explicó a buzos el ingeniero Garduño.

El pasado 20 de septiembre, Dean Chahim, doctor en antropología con estudios de posgrado en la Universidad de Princeton sobre el problema del drenaje en el Valle de México, publicó un texto en el que afirmó que las inundaciones en Tula y gran parte del Valle de Mezquital no se debieron a un fenómeno natural, sino “fue un efecto predecible derivado de un manejo político del drenaje en el Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México y su zona conurbada”, a la que se privilegia por su mayor plusvalía en detrimento de las poblaciones periféricas.

Citlali Aguirre Salcedo, estudiante de doctorado en ecología en la Universidad de Umea, Suecia, reveló que, años antes, la ciencia ha propuesto una solución inmediata a este problema priorizando en zonas verdes tanto en la ciudad como en el ámbito rural, porque la vegetación es fundamental para reducir los riesgos de inundación; ya que propicia la infiltración de agua al subsuelo y recarga los mantos acuíferos.

El propio gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, declaró en su momento que la inundación de Tula y Tlahuelilpan se debió a que el río Tula rebasó su capacidad para recibir las grandes cantidades de agua provenientes de la CDMX y el Estado de México, entidad que también se inundó. El saldo de los hidalguenses afectados es de más de 32 mil, mismos que ahora reclaman la falta de apoyos.

“Por eso se vuelve un círculo vicioso y, al final, todo redunda en construcción de obras que ayuden a mitigar las inundaciones. Algunas son necesarias para captar el agua de lluvia antes de que llegue a la parte baja y evitar que se combine con las aguas negras; y otras para que, una vez que se combine con las aguas negras se tenga la capacidad instalada de bombeo para garantizar que el agua negra salga antes de que afecte los domicilios”, agregó Garduño.

Damnificados sin ayuda

Han transcurrido más de tres meses desde que el Presidente se comprometiera a recorrer las zonas de desastre en Tula, luego de la inundación ocurridas a principios de septiembre; pero no ha cumplido tal promesa, porque no solo no ha pisado esa región, sino que, además, no ha brindado una solución a los miles de damnificados en casi todo el Valle del Mezquital.

Aunque los censos se efectuaron desde el mismo dos de octubre, como lo informó la Secretaría de Bienestar, los apoyos ofrecidos se quedaron en promesas, mismas que ahora se consideran una burla por los damnificados, que en su mayoría sufrieron pérdida de bienes en sus hogares, muchos de los cuales quedaron inhabitables.

El desastre exhibió también la falta de atención de las autoridades del estado hacia los ciudadanos y la insuficiencia de infraestructura médica en el Hospital General de Zona No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tula, donde murieron 17 de los pacientes afectados por la inundación debido a que el personal no contaba con el instrumental necesario para atender ese tipo de emergencias.

Por ello y para evitar más tragedias, Manuel Hernández Badillo, alcalde de la región, solicitó al Gobierno Federal realizar una obra hidráulica amigable con el medio ambiente, ya que advirtió que los habitantes de esa región de Hidalgo no pueden permanecer en la incertidumbre de qué tan fuertes serán las lluvias, si perderán la vida y todos sus bienes; o si deben evacuar definitivamente los asentamientos que ahora ocupan.

La Conagua canceló en 2017 una infraestructura hidráulica destinada a prevenir este tipo de problemas debido a que su construcción implicaba la tala de árboles y los grupos ambientalistas presionaron a los gobiernos estatal y Federal. El organismo se comprometió a rehacer el proyecto sin afectar el medio ambiente, pero hasta la fecha no lo ha presentado.

Enrique Garduño culpó a la Conagua por no destinar recursos para obras de mitigación –principalmente presas de gavión y pozos de absorción– para dar mantenimiento a las obras existentes.

“En la zona conurbada de la CDMX, por ejemplo, el Canal de la Compañía ya requiere dragado de mantenimiento que, si no se realiza, provoca que trabaje siempre con los niveles altos y con alto riesgo de desbordamiento. No se han realizado los trabajos de dragado y mantenimiento a los cuerpos ya existentes, como ríos, que sacan el agua negra de la CDMX”, detalló.