En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, adjudicó este martes 14 de enero el 73.2 por ciento de los medicamentos e insumos médicos solicitados para los años 2025 y 2026 en la compra consolidada, la cual involucra a 26 instituciones del Estado mexicano, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar, la Secretaría de Marina, los institutos nacionales de salud, los hospitales de referencia y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que, de un total de cuatro mil 982 millones de piezas, se han asignado contratos para la adquisición de tres mil 649 millones. El monto total de la compra consolidada asciende a 213 mil millones de pesos.
También mencionó que el gobierno ha recibido ofertas para otros mil 218 millones de piezas, que corresponden al 24.4 por ciento del total solicitado. Esto eleva la cobertura de la compra al 97.6 por ciento. Estas propuestas suman 52 mil millones de pesos.
El funcionario detalló que, en los procesos de licitación y negociación de medicamentos de más alto costo, se recibieron ofertas para casi el total de lo solicitado por el sector; sin embargo, algunos proveedores no cumplieron con los requisitos técnicos o documentales, pero se espera que en los próximos días se realicen las correcciones necesarias para adjudicar los contratos.
Aunque aún faltan piezas por licitar, específicamente 162 millones, lo que equivale al 3.2 por ciento del total, se espera que en los próximos días se resuelva esta situación. Esta compra incluye la distribución directa a almacenes estatales y hospitales, realizada por las empresas farmacéuticas.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El SAT informó que los ingresos por impuestos aumentaron 11 por ciento anual, impulsados por IEPS e ISR.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Se prevé que esté lista la primera semana de febrero.
La Secretaría de Salud señaló que “un paciente donante puede salvar la vida de hasta ocho personas”.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera