La Comisión recurrirá a las coberturas financieras para evitar riesgos en el suministro hasta 2028.
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A cuatro años de su lanzamiento, la iniciativa de Gas Bienestar, operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha generado utilidades, continúa bajo subsidios gubernamentales y no ha trascendido de las nueve alcaldías de la Ciudad de México en las que comenzó como proyecto piloto. Ante este panorama, el Gremio Gasero Nacional (GGN) tiene previsto un paro nacional la primera semana de junio.
Datos de Pemex refieren que entre enero y mayo de 2022, Gas Bienestar obtuvo ingresos por 254.3 millones de pesos; en 2023, durante el mismo periodo, la cifra bajó a 183.4 millones y para 2024, los recursos descendieron nuevamente con un total de 174.4 millones, pero los gastos se mantuvieron elevados; tan sólo en el primer año, la adquisición de cilindros costó mil 298.3 millones de pesos y ha gastado millones más en la reparación de más de 800 mil tanques.
Para compensar las pérdidas acumuladas, la empresa transfirió 300 millones de pesos en subsidios durante 2024 a Gas Bienestar y Gasolinas Bienestar, según el cuarto informe trimestral enviado a la Cámara de Diputados.
El precio tope de 10.61 pesos por litro, establecido desde 2021, ha provocado pérdidas no sólo en Gas Bienestar, sino también en empresas privadas del sector. Las compañías denuncian afectaciones directas en sus costos operativos, lo que ha ocasionado despidos de personal y ha generado advertencias sobre posibles cierres masivos en los próximos meses.
Ante este panorama, representantes del sector gasero informaron sobre un posible paro nacional que se llevaría a cabo entre el 3 y 6 de junio, si las autoridades no responden a sus demandas. Acusaron bloqueos de permisos, controles arbitrarios y una estrategia gubernamental que calificaron como persecutoria.
Entre las demandas del gremio destaca: aumentar la tarifa en cuatro pesos por litro, con el argumento de asegurar el suministro del gas LP, que usan 100 millones de personas y predomina en el 76 por ciento de los hogares del país.
La Comisión recurrirá a las coberturas financieras para evitar riesgos en el suministro hasta 2028.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán y Fernanda Trujano Chavarría
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