Ese país andino es un actor energético agobiado históricamente por cuatro lastres para su desarrollo: racismo, corrupción, dependencia del mercado petrolero e incontenible deuda externa. Las víctimas son los indígenas, los mineros y los trabajadores que al protestar por esos agravios, ya arrasaron con tres gobiernos. Este mes volvieron a la calle en rechazo al decreto 883 de Lenín Moreno, quien articulaba el plan de choque impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Obcecado, el gobernante reprimió la protesta social hasta que la presión interna y externa lo obligó a aceptar las condiciones de la contraparte. No obstante, están latentes las causas del conflicto, y Moreno sabe que su presidencia pende de un hilo.

El fascismo, el racismo y la xenofobia de la élite conservadora de Ecuador se exhibieron brutalmente en los 12 días que indígenas, obreros, jubilados y estudiantes exigieron justicia por la pérdida de sus derechos tras las medidas del presidente. Entre las exigencias destacó la salida del mandatario, aunque otra retrató el drama del país: “Ecuador sublevado no se rinde al FMI”. El saldo de esta confrontación son 10 muertos –cifra que podría aumentar, pues hay 100 desaparecidos– dos mil heridos y más de mil 152 presos.

El rechazo al llamado ‘paquetazo’ económico-laboral que el organismo financiero internacional impuso al país andino se inició el dos de octubre. Ese día, el presidente anunció la entrada en vigor del decreto 883, que eliminaba el tradicional subsidio del 123 por ciento a los combustibles. El diésel pasó de 1.03 dólares a 2.24 el litro; la gasolina extra (de más consumo) de 1.85 a 2.30 dólares.

Al repudio por el alza de los combustibles pronto se sumaron demandas de distintos sectores del país. Se exigió la inmediata revocación de las últimas concesiones mineras, madereras e hidroeléctricas otorgadas por el gobierno de Lenín Moreno. Las marchas confirmaron que la toma de las calles es la estrategia fundamental para defender derechos y cambiar la política en Ecuador.

Entre 1997 y 2005 cayeron tres gobiernos por el alza de combustibles; solo Rafael Correa terminó sus presidencias. Entre las lecciones de la pasada protesta destacó que los actores tradicionales mostraron nuevas formas de movilización. Una de ellas fue la notable organización indígena; en cuanto el gobierno impuso el Estado de excepción, declararon sus propias medidas de excepción en sus territorios y advirtieron: “Vamos hasta las últimas consecuencias. Quienes se acerquen serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”.

En el plano externo no puede soslayarse la intervención de Estados Unidos (EE. UU.) en el país andino. Los objetivos geopolíticos de Washington se mantenían en dos ejes: uno, la imposición del modelo económico a través del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA); y dos, el control político-militar de la región a través de las bases estadounidenses en Manta. Ambos peligraron con la llegada del gobierno progresista de Correa a inicios de la década del 2000.

Con Lenín Moreno como presidente de Ecuador, EE. UU. consiguió un aliado en su estrategia de abrir paso al capital corporativo, socavar la integración regional y denostar a Cuba y Venezuela. Un paso en ese sentido fue la reactivación de su base en Manta, abandonada en 2009 y, a la par, se profundizó la polarización política.

En las protestas de octubre, cuando Moreno estableció el Estado de excepción por primera vez desde 2005, el Departamento de Estado reconoció que el gobierno de Ecuador tomó “difíciles decisiones para establecer bases de crecimiento” económico. Y advirtió que seguirán juntos “en apoyo a la democracia, la prosperidad y la seguridad”.

El viernes 11, cuando aumentó la crítica internacional por la violenta represión de Moreno, el exjefe del espionaje estadounidense y hoy secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, apoyó el esfuerzo de ese gobierno  por “institucionalizar prácticas democráticas e implementar reformas económicas necesarias”.

Acorde con la teoría de la conspiración del presidente ecuatoriano, Pompeo agregó que el gobierno de Donald Trump “monitorea las versiones de que un actor externo esté involucrado” en las manifestaciones. Tenía razón: es el FMI.

Un día después se dio el esperado diálogo entre los líderes de las protestas y la presidencia con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). Un primer resultado fue la creación de una comisión para redactar un nuevo decreto con “mecanismos que focalice recursos a quienes más los necesitan”, escribió Moreno en Twitter con el hashtag # DialogarEsElCaminoEC.

Sin embargo, su segunda frase escrita revela la incongruencia entre la realidad y el mundo que imagina el gobernante: “¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”. Pese a la enorme crisis que causó, Moreno se negó a admitir su error político e insistió en que miembros del anterior gobierno “estuvieron en Venezuela para trazar el supuesto plan de desestabilización” en su contra.

Mientras tanto, a miles de kilómetros —en Bélgica, donde reside desde 2017—Rafael Correa aseguró que las protestas no respondían a ningún “golpe de Estado” y pidió celebrar elecciones anticipadas.

A su vez, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, reconoció la “valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles” como único camino al verdadero desarrollo. Y reiteró la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la violenta represión policiaco-militar contra los manifestantes.

Plan de Ajuste

En marzo pasado, Lenín Moreno alegó la necesidad de liquidez al pactar con el FMI un paquete de severos ajustes presupuestales y laborales. A cambio de un crédito de 10 mil millones de dólares (mdd), el organismo impuso al país medidas asfixiantes: recortó vacaciones de 30 a 15 días; retención de un día de salario al mes como “impuesto extra” a altos funcionarios; reducción del 20 por ciento al salario del personal no fijo y una “contribución especial” a empresas que ganan más de 10 millones de dólares.

Es obvio que el FMI, Lenín Moreno y la élite terrateniente-empresarial del país sabían que ese ‘paquetazo’ detonaría protestas masivas. Esa troika era consciente de que al dar ese vuelco total a la política económica – vigente por una década– afectaría a los sectores más pobres de Ecuador. ¡Y no le importó!

Hasta ahora se ignora la razón de la urgencia de Moreno para pactar con el FMI, pues cuando firmó ese compromiso, el país “no estaba afectado por un choque externo como sería la fluctuación en precios del petróleo”, que justificara una situación fiscal tan extrema, dice el analista económico Pablo Dávalos.

Sin embargo, el 17 de junio, Ecuador firmó una nueva deuda por mil 175.37 mdd, por la que pagará mil 500 mdd por servicio. De ese modo, en septiembre de este año, la deuda externa aumentó en dos mil mdd, de los que 600 vencen en 2025 con una tasa de interés de 7.8 por ciento y los mil 400 restantes en 2030, con tasa de 9.50 por ciento.

Para recibir los primeros cuatro mil 200 mdd del FMI, Moreno debió reducir el gasto público y aumentar el ingreso estatal. Por ello, el 1° de octubre anunció la liberación del precio de las gasolinas —en vigor por cuatro décadas—y anunció reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento.

En la dolarizada economía ecuatoriana, el salario básico mensual es de 394 dólares (unos siete mil 607 pesos mexicanos), que con otras compensaciones asciende en promedio a 460 dólares (ocho mil 882 pesos). De ahí que para Dávalos, el estallido del descontento haya explicado el favoritismo de Moreno hacia los grupos poderosos del país, a quienes perdonó impuestos y moratorias pendientes a cambio de un impulso a la industria. Esta “amnistía fiscal” se estima en cuatro mil millones de dólares.

En contraste, el fin del subsidio a los combustibles elevó las tarifas del transporte y aumentó la inflación en un país con renta per cápita anual de cuatro mil 255 dólares (2018), y cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de petróleo a EE. UU. y China. Al estallar la indignación ciudadana, quedaron en vilo la suerte del Ejecutivo y la gobernabilidad del país. Pese a la crisis que provocó, el FMI aseguró que el gobierno de Moreno buscaba “fomentar un crecimiento sólido e inclusivo”.

Jaque al represor

“Tiene que escuchar el gobierno, si no quiere escuchar, ya debe irse de la casa”, explicó el indígena Domingo Tan a medios extranjeros, en su mano derecha sostenía una flecha tallada en madera del árbol pambil. A su vez, Edgar Chumbí, indígena shuar-achuar, quien caminó desde su territorio a Quito, explicó que sus lanzas simbolizan la defensa de sus derechos.

Como ellos, miles de indígenas que salieron de la Amazonía y Coopaxi rumbo a Quito, exigieron de forma pacífica derogar el decreto que elimina el subsidio a los combustibles. Enfático,  José Pasto, de la nación Shuar en la provincia de Pastaza, reiteró que no llegaba a la capital para pelear con las fuerzas del orden.

Según el censo de 2010, en Ecuador habita un millón 18 mil 176 personas (siete por ciento de la población total) que pertenecen a los pueblos indígenas Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila, Cofán y Zápara. Esta impresionante ola humana se desplazó al grito de “Fuera Moreno, fuera”, mientras el mandatario abandonaba de forma inesperada el Palacio de Carondelet, la sede presidencial.

Al día siguiente, indígenas liderados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ocuparon por una hora la Asamblea Nacional y exigieron la salida del presidente. Ahí ondeaban las características banderas multicolores de Conaie en señal de victoria hasta que policías y militares violentaron el recinto usando abundante gas lacrimógeno.

Con gran nivel de organización, los manifestantes marcharon al centro en su intento por llegar al Palacio de Gobierno, mientras en sus consignas explicaban medidas de auxilio contra el gas lacrimógeno y formas de comunicación.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) – la central obrera más importante – tuvo un rol sobresaliente en la organización de las concentraciones masivas ante las reformas laborales y las tributarias del FMI. Hace mucho tiempo presentó propuestas al gobierno para encarar la difícil situación económica del país que Moreno omitió.

 Ante el avance de las protestas, Lenin Moreno huyó a Guayaquil, enclave conservador. Solo salieron a la calle grupos de personas de clase media alta que pedían el fin de las marchas en lo que llamaron “concentraciones por la paz”. Refugiado ahí Moreno, atribulado y sin estrategia política, emitió un nuevo decreto que restringió la libertad de tránsito y el movimiento de personas de las 20:00 a las 05:00, “en zonas aledañas a instalaciones estratégicas e instituciones”.

Tan temeraria fue la represión que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, afirmó que parte del conflicto radicó en la “estrategia socialcristiana para convertirse en víctimas”. Lejos de la prudencia política, la también abogada afirmó que eliminar el subsidio a las gasolinas significó que “escondieron la serpiente en un canasto de manzanas”.

Horas después, el presidente retornó a Quito y, ávido por parecer avezado político, anunció el inicio de un diálogo inexistente, como confirmó el líder sindical Mesías Tatamuez. Mientras tanto, los indígenas y otros manifestantes se congregaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en universidades y sitios próximos.

Los capitalinos fueron excelentes anfitriones. Unos ofrecieron comida pagada con recursos propios; otros llevaron cacerolas de hasta 100 litros con avena y ropa para abrigarlos. También dieron comida a las fuerzas del orden, mientras en la Plaza del Teatro policías libraban una guerra campal contra ciudadanos que resistían gases lacrimógenos, disparos y golpes.

Tras evacuar edificios públicos en la zona comercial, la Fiscalía allanó Radio Pichincha Universa –que algunos califican como “correísta”–  para “recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia”. La emisora nunca cesó de transmitir los acontecimientos. Se veía lejos la solución.

Amnistía Internacional denunció arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura contra detenidos. Pidió “poner fin de inmediato a la fuerte represión e investigar de forma rápida e imparcial todas las denuncias” y respetar  la libertad de prensa.