El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
Nacional
Coparmex se opone a eliminar organismos autónomos
En lugar de su eliminación, señaló, el debate debe ser a favor del fortalecimiento de los órganos autónomos y garantizar su funcionamiento con un presupuesto adecuado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó este martes su rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal de eliminar a los organismos autónomos y, al contrario, resaltó su labor como garantes de los derechos establecidos por la Constitución.
Discutir sobre si se eliminan o no el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Compete{´'ncia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no debería ser el tema; el debate debe ser a favor del fortalecimiento de éstos y garantizar su funcionamiento con un presupuesto adecuado, porque es esencial su “papel de equilibrio y garantes de los derechos establecidos por la Constitución”.
“No existe ninguna justificación, ni lógica, ni económica, ni jurídica para eliminar los órganos autónomos, que son el contrapeso necesario de cualquier democracia”, indicó la Confederación Patronal en un comunicado de prensa.
Aseguró que el argumento de la austeridad del gobierno para su eliminación no es congruente, ya que los organismos que se pretenden eliminar generan un gasto de 3.9 mil millones de pesos, un 0.04% del presupuesto federal, mientras que las irregularidades detectadas en Segalmex ascienden a 15 mil 151 millones de pesos.
“Sería más eficaz combatir la corrupción y propiciar una reparación del daño provocado al erario, que desaparecer instituciones que tanto han servido a los ciudadanos”, apuntó.
“Su función es preservar la separación de poderes y evitar la acumulación de poder en una sola entidad. Son producto de décadas de lucha y demandas sociales”, agregó. Además de que pueden ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y existen mecanismos legales para revisar sus resoluciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera