Cargando, por favor espere...

Esténtor Político
“Megafarmacia” de AMLO, más tragedia en desabasto
En 2022 hubo mil 400 denuncias de desabasto; entre 2019 y 2020, el IMSS no surtió 15.9 millones de recetas; y en 2021 pasó lo mismo con más de 24 millones de recetas, ¡una clara violación al derecho a la salud de los mexicanos!


Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió que su gobierno no compraría medicamentos a las empresas farmacéuticas del sector privado y creó la paraestatal Birmex, cometió un error. Pero como no entiende razones y menos aprende de sus malas experiencias, la falta de medicamentos en el sector público se ha convertido en un drama para los mexicanos, tal como lo demuestra Xavier Tello en su libro Tragedia del desabasto.

En su V Informe, AMLO afirmó que, en dos o tres meses, se contaría con una farmacia en la Ciudad de México (CDMX) donde se guardarán, se almacenarán todos los medicamentos, no faltará uno; y todos los medicamentos que haya en el mundo estarán en esa farmacia. De modo que “si en un centro de salud, en un hospital no hay medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento”.

¿Qué tal esto?... ¡Como si no supiéramos que, en menos de cinco años, ha dicho más de 130 mil mentiras!

Recientemente, el especialista en farmacología Xavier Tello, reveló que la “megafarmacia es un disparate, un despropósito”, porque no resolvería el problema del desabasto; y porque éste se ha convertido en una crisis nacional debido a que el gobierno de Morena se ha deslindado de su responsabilidad de abastecer con medicamentos a la población.

Pero AMLO no entiende, en su autoritarismo y soberbia, que su administración federal ahora no tiene la logística y el personal especializado para atender la demanda de medicamentos, solicitarlos y distribuirlos a las instituciones del Sector Salud con la atención tecnológica que muchos de ellos requieren.

Esto se debe a que, por su contenido químico y caducidad, estos medicamentos exigen un almacenamiento y una movilización controlada para que no se echen a perder. Hace un año, en agosto de 2022, se difundió que algunos medicamentos, cuyo costo aproximado era de 118 millones de pesos (mdp), caducaron por problemas de distribución.

Por ello, uno se pregunta: ¿qué garantía hay de que “todos los medicamentos que hay en el mundo” y que serían traídos para la “megafarmacia AMLO” sean bien almacenados y bien distribuidos sin que caduquen antes de ser entregados a los pacientes?

Sí, el anuncio de la “megafarmacia” solo es demagogia barata para que AMLO conserve su imagen presidencial en una posición mediática más o menos alta, sin que él ni los morenistas se interesen en que, a cinco años de su gobierno, 50.4 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud pública, que el desabasto de medicamentos se incremente y que niños con cáncer, diabéticos y pacientes de otras enfermedades crónico-degenerativas mueran.

Entre enero y noviembre de 2022, según especialistas, hubo mil 400 denuncias de desabasto en el país; en el bienio 2019-2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no surtió 15.9 millones de recetas; y en 2021 pasó lo mismo con más de 24 millones de recetas, ¡una clara violación al derecho a la salud de los mexicanos!

La crisis en el abasto de medicamentos del sistema de salud público se debe a problemas de presupuesto, infraestructura y personal capacitado para concertar compras consolidadas prudentes en tiempo y forma; ya que las ejecutadas por el gobierno morenista han sido parciales y realizadas mediante adjudicación directa.

Por ello, además de que la salud de los mexicanos ahora se encuentra más lejos que nunca de Dinamarca, existen razones para suponer que la opacidad en el sistema público de salud no solo se debe al desconocimiento e impericia de los funcionarios morenistas. Hoy, cuando faltan únicamente 14 meses para que termine este sexenio, resulta claro que AMLO y Morena no estuvieron a la altura necesaria para gobernar este país. Por el momento, querido lector, es todo.


Escrito por Miguel Ángel Casique

Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Notas relacionadas

Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.

La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.

La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.

Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.

Ricardo Monreal admite que no hay consenso con los partidos aliados y que la iniciativa podría quedar atorada sin mayoría calificada

El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal: ONG

El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.

La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.

En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.

Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.

Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.

El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.

Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.