En el discurso oficial se habla constantemente de cambio, de ruptura con el pasado, de un nuevo horizonte para la cultura en México. Se insiste en que la cultura debe ser un derecho de todas y todos, que debe estar al alcance de la ciudadanía sin exclusiones. Sin embargo, cuando observamos más de cerca las políticas implementadas, nos damos cuenta de que bajo la retórica transformadora se esconde una continuidad con prácticas que provienen de un modelo neoliberal instalado desde hace décadas en la vida pública del país.

La cuestión que surge es inevitable: ¿estamos realmente ante una transformación de la forma de hacer política cultural, o simplemente frente a una nueva cara del mismo paradigma neoliberal? Para explorar esta pregunta, conviene examinar tres rasgos que muestran cómo la política cultural mexicana mantiene una lógica de mercado.

Primero: la reducción del Estado. Con el argumento de la austeridad, se han reducido presupuestos, desmantelado programas y debilitado instituciones culturales. Lo que antes era un compromiso irrenunciable –el acceso gratuito y universal a la cultura– ahora se mira como un gasto que debe medirse en función de su rentabilidad inmediata. Este debilitamiento obliga a museos, teatros y centros culturales a competir entre sí por recursos limitados. Cuando el Estado retrocede, son los capitales privados y los patrocinios corporativos quienes dictan las condiciones. El mensaje implícito es claro: la cultura ya no es prioridad pública, sino un espacio que debe sostenerse con dinámicas de mercado.

Segundo: la cultura convertida en producto. Cada vez con mayor insistencia, se exige a instituciones culturales que generen ingresos propios, que justifiquen su existencia a través de números de visitantes o boletos vendidos. Bajo esta lógica, lo que cuenta no es la profundidad crítica ni la diversidad de propuestas, sino la capacidad de atraer públicos masivos. De este modo, se privilegia lo espectacular y rentable, mientras que expresiones menos comerciales quedan relegadas. Así, la cultura deja de asumirse como un derecho universal y comienza a entenderse como un bien de consumo, disponible únicamente para quien pueda pagar por él.

Tercero: la precarización laboral. Artistas, trabajadores de la cultura, técnicos e investigadores enfrentan condiciones cada vez más frágiles: contratos temporales, ausencia de seguridad social, pagos diferidos o insuficientes. La lógica neoliberal se hace evidente: el trabajo cultural debe ser flexible y barato, aunque ello signifique vidas inestables. La contradicción es evidente: se enaltece la importancia simbólica de la cultura, pero se ignoran las condiciones materiales de quienes la sostienen cotidianamente.

En conjunto, estos elementos muestran que la política cultural mexicana no rompe con el pasado neoliberal: lo prolonga y lo refuerza. Se reduce el papel del Estado, se mercantiliza la cultura y se precariza a quienes trabajan en el sector. El riesgo de este camino es profundo: una cultura excluyente, donde sólo quienes tengan capacidad de pago puedan disfrutar plenamente de sus beneficios.