Según fuentes radicadas en Washington, en condición de anonimato, el asalto del gobierno de Ecuador a la Embajada de México en Quito fue una operación dirigida y apoyada tras bastidores por el gobierno de Estados Unidos.

El principal objetivo era crear una estrategia político electoral orientada a reforzar la imagen del Presidente Noboa de cara a la consulta popular del 21 de abril, así como enviar un mensaje al Partido Revolución Ciudadana.

El segundo objetivo era enrarecer las elecciones en México, donde el partido Morena lleva la delantera, promoviendo líneas de ataque y crisis a Andrés Manuel López Obrador desde los medios y fuerzas de oposición.

El tercer objetivo, es mantener el estado de tensión en la región, para evitar que organismos como la CELAC logren reactivarse, complementando la ofensiva de las nuevas derechas latinoamericanas, que esperan el triunfo de Trump para pasar (aún más) a la ofensiva.

Como cuarto objetivo del asalto a la Embajada, el objetivo era intimidar a la oposición, en especial a Revolución Ciudadana buscando con ello trasladar el mensaje de que el gobierno está dispuesto a cruzar cualquier línea roja para aplastar al correísmo y hacerlos desaparecer como fuerza política.

El asalto a la Embajada de México en Ecuador contó con el consentimiento previo de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y la CIA.

Le trasladaron al Presidente de Ecuador que, una posible fuga inminente de Jorge Glas, similar a lo ocurrido en 2023 con la ex Ministra correista María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la Embajada de Argentina, pondría en ridículo su gobierno y sepultaría su aspiración de reelección, con una derrota casi segura en la consulta popular.

La estación CIA en Ecuador preparó de antemano, en conjunto con unidades de élite ecuatorianas, el operativo de captura del ex Vicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México.

Previo al operativo, la estación de la CIA en Quito compartió con el gobierno de Ecuador toda la información disponible de la Embajada de México, y el lugar exacto donde estaba Jorge Glas. Información adquirida desde aplicaciones secretas de escucha y filmación instalados ilegalmente en la Embajada de México.

Horas antes de la incursión en la Embajada de México, el Presidente de Ecuador Daniel Noboa se reunió en secreto con el Embajador de Estados Unidos, quién le dio su respaldo y anuencia para que ejecutara la acción.

El equipo militar de asalto estuvo integrado por efectivos y asesores extranjeros, que intervinieron usando capuchas y uniformes sin insignias oficiales, al mismo tiempo que la Embajada de Ecuador en Estados Unidos se mantuvo en constante comunicación con el Departamento de Estado durante el desarrollo del operativo.

Actualmente, existe una alineación y subordinación del gobierno de Ecuador con Estados Unidos, nada de ejecuta en el país sin la aprobación de su Embajador. Ecuador acordó con Estados Unidos, independientemente de que públicamente los haya “regañado”, que la potencia imperialista iba a emplear su capacidad de contención para que el asunto no escalara a mayores, y evitar que tenga implicaciones económicas y se apliquen sanciones contra Ecuador. Estados Unidos por su parte le garantizó a Noboa, junto a sus aliados regionales y europeos, que se limitará el impacto negativo, tanto político como económico.

Internacionalmente, ha quedado en evidencia la incompetencia de los responsables de la política exterior ecuatoriana, que no representan a los funcionarios diplomáticos de su cancillería. De hecho, la propia Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, proviene de sectores empresariales ligados al sionismo israelí, sin ninguna vinculación previa con la diplomacia.

El lawfare, o judicialización de la política, está impulsando cambios de envergadura geopolítica en la región. Ejemplo de esto son las acciones de Lenin Moreno cuando promovió a través del poder judicial la persecución política contra Correa y su círculo político más cercano. La misma persecución que se empleó o está empleando contra Dilma y Lula en Brasil, Evo en Bolivia, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El objetivo es destruir a los principales líderes y corrientes de izquierda latinoamericanas, dejando el camino libre al ascenso de las nuevas derechas latinoamericanas.

A Noboa y su gobierno no le interesa lo que diga o haga la comunidad internacional, y poco a poco está adoptando un perfil similar al de Bukele, figura por la que Noboa simpatiza. No es casualidad que El Salvador fuera el único país que se abstuvo en la resolución de condena en la OEA.

Ahora mismo, el gobierno de Noboa tiene otras opciones que pudiera implementar en un escenario en el que en la consulta ganó la bukelización del modelo de seguridad, de cara a reforzar su imagen a lo interno y pensando en las elecciones presidenciales del próximo año. Se tiene listo un golpe de efecto en forma de detención del narco “Fito”, para mostrar el compromiso de Noboa en el combate al crimen organizado.

Asimismo, se están evaluando entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador dos asuntos importantes que pudieran tener un impacto negativo:

Por un lado, el cuestionamiento en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Ecuador como país miembro (observador) por violentar el derecho internacional e instigar un conflicto diplomático con otra nación, o que contraviene los fines de ese organismo, consistente en teoría con la preservación de la paz y la seguridad internacional.

Por otro lado, la pérdida de prestigio y liderazgo internacional de Ecuador entra en contradicción con el reconocimiento que representa ser anfitrión de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el próximo noviembre en la ciudad de Cuenca.

En cualquier caso, todo parece indicar que más allá de contener estos problemas, hay una decisión de los gobiernos de Estados Unidos y el Ecuador de Noboa, de impedir por todos los medios y a como dé lugar, la victoria de Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025.