El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
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Con penas de tres a seis años de prisión o multas que oscilan entre los 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), legisladores de la Ciudad de México buscan inhibir el uso y la difusión no autorizada de imágenes de personas fallecidas en accidentes o crímenes en la capital.
Se trata de la iniciativa que presentó la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, la cual también plantea sancionar a quienes compartan o comercialicen dichas imágenes sin el consentimiento de los familiares.
Las sanciones se incrementarán en un tercio si las víctimas son mujeres, niños o personas en situación de vulnerabilidad, como medida adicional de protección. Sánchez Barrios explicó que la iniciativa responde a casos recientes de comercialización de imágenes de decesos, como el caso del actor Octavio Ocaña, cuyas fotos fueron filtradas a medios.
Cabe destacar que la propuesta incluye la adición del artículo 208 bis y la modificación del artículo 293 Quater del Código Penal del Distrito Federal.
“La pena y la multa para quienes incurran en el ilícito deben ser lo suficientemente significativas para disuadir a los delincuentes, evitando que incurran en este tipo de prácticas. Si lo hacen, se garantizará un efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas”, argumentó la legisladora.
El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
La tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y de la gobernadora María Eugenia Campos se ha incrementado.
La doctora Bertha Burciaga Morán no debería convertirse en una cifra más en la larga lista de víctimas ocasionadas por la violencia en Veracruz.
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El proyecto modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, establece límites al presupuesto de las legislaturas locales.
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Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera