En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
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Con penas de tres a seis años de prisión o multas que oscilan entre los 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), legisladores de la Ciudad de México buscan inhibir el uso y la difusión no autorizada de imágenes de personas fallecidas en accidentes o crímenes en la capital.
Se trata de la iniciativa que presentó la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, la cual también plantea sancionar a quienes compartan o comercialicen dichas imágenes sin el consentimiento de los familiares.
Las sanciones se incrementarán en un tercio si las víctimas son mujeres, niños o personas en situación de vulnerabilidad, como medida adicional de protección. Sánchez Barrios explicó que la iniciativa responde a casos recientes de comercialización de imágenes de decesos, como el caso del actor Octavio Ocaña, cuyas fotos fueron filtradas a medios.
Cabe destacar que la propuesta incluye la adición del artículo 208 bis y la modificación del artículo 293 Quater del Código Penal del Distrito Federal.
“La pena y la multa para quienes incurran en el ilícito deben ser lo suficientemente significativas para disuadir a los delincuentes, evitando que incurran en este tipo de prácticas. Si lo hacen, se garantizará un efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas”, argumentó la legisladora.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Quien incurra en ese delito enfrentará hasta 12 años de prisión.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera