La empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue creada por decreto presidencial el 18 de enero de 2019 para resucitar con otro nombre a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), a la que durante un bienio emuló en ineficiencia y corrupción, bajo la dirección de su fundador, Ignacio Ovalle Fernández.

Segalmex no necesitó los 38 años de Conasupo (1961-1999) para evidenciarse como “compañía fallida”; ya que el 11 de agosto de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados denunció, ante la Fiscalía Generación de la República (FGR), una malversación de por lo menos 12 mil millones de pesos (mdp) en sus operaciones comerciales entre 2019 y 2020.

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha investigado las anomalías en Segalmex desde 2020, había calculado que las irregularidades eran de al menos 11 mil mdp; y la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal reconoció que eran por 9.5 mil mdp.

Lo más lamentable del fracaso de la compañía estatal es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la instituyó con el objetivo de combatir el hambre, la desnutrición y la miseria que agobia a la población campesina de las regiones rurales de México donde, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –actualizados al 19 de mayo de 2022– el 60 por ciento de los hogares sufre inseguridad alimentaria por su falta de acceso a comida regular, suficiente y de calidad.

En enero de este año, la organización internacional The Hunger Project (THP) informó que el 23.5 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria en México, es decir, no tiene capacidad económica para comprar una canasta básica con 123 productos indispensables.

Segalmex fue “sectorizada”, o asignada al mando de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en enero de 2019, y anunciada como uno de los principales instrumentos estratégicos del Gobierno Federal para garantizar la compra, distribución y venta de leche y granos básicos (maíz, trigo y frijol) a pequeños productores, y de ese modo fueran accesibles para la población de bajos ingresos.

En función de este objetivo, la Segalmex se encargó de centralizar las operaciones de Liconsa y Diconsa, la primera enfocada a distribuir leche a bajo costo y la segunda a hacer lo propio en el abasto y oferta de alimentos básicos para beneficiar a personas de escasos recursos económicos.

Cuando el Presidente anunció, el 18 de enero de 2019, el decreto con el que se creó Segalmex, asumió el compromiso de rescatar integralmente al campo con equipamiento moderno, capacitación, acceso a créditos y alternativas de desarrollo para los pequeños productores y jornaleros (trabajadores agrícolas), así como impulsar el desarrollo de las regiones y comunidades rurales más necesitadas y recuperar la autosuficiencia alimentaria de México.

Sin embargo, después de casi cuatro años de la administración morenista, ninguno de estos compromisos se ha cumplido; a la fecha, el país sigue importando la mitad de los productos alimenticios de Estados Unidos, entre ellos leche en polvo y un maíz amarillo de dudosa calidad que en territorio estadounidense se usa para alimentar ganado y aquí para consumo humano.

Los principales receptores del impacto negativo de las políticas fallidas del Gobierno Federal son los mexicanos más pobres, vulnerables y carentes de recursos económicos, la mayoría ubicados en el medio rural y las áreas periféricas de las grandes y medianas ciudades de la República, donde la inflación desbordada alcanzó el 8.7 por ciento a finales de septiembre, su índice más alto desde hace 22 años.

Con todo y director

La resurrección fallida de la Conasupo también implicó la reactivación de uno de sus directores originales: el antiguo priista Ignacio Ovalle Fernández, quien desempeñó ese cargo de 1988 a 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Ovalle fue secretario particular del presidente Luis Echeverría (1970-1976); y de 1976 a 1977 fue titular del Instituto Nacional Indigenista (INI) en el gobierno de José López Portillo (1976-1982); fue jefe y “padrino político” de AMLO cuando el tabasqueño inició su carrera burocrática al amparo del priismo.

Por ello, en cuanto AMLO llegó a la Presidencia de la República, colocó a Ovalle al frente de Segalmex, a quien, sin embargo, debió remover el 19 el abril de 2022 –poco después del escándalo registrado en esta empresa entre 2019 y 2020– para reubicarlo como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Alejandro Cruz Juárez, integrante de la dirección del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), reveló a buzos que “las viejas mañas” de la corrupción se hicieron evidentes muy pronto en Segalmex y que ésta “se comió” al organismo, que se quedó sin cumplir el objetivo de brindar al país seguridad alimentaria.

“De Conasupo imitaron hasta la corrupción… Conasupo no hacía todas las compras en apoyo a productores, pero sí llegaba a regular el mercado (producción, comercialización y precios de alimentos básicos) … Ignacio Ovalle llega al programa más importante del Gobierno Federal para impulsar la seguridad alimentaria, pero tronó porque luego, luego, la corrupción fue el motivo principal”.

Cruz explicó que Segalmex “fracasó desde un principio por la gente que quedó al frente… hubo compras a productores, pero solamente para aparentar que estaba funcionando, pero la verdad es que se fueron por otro lado”.

La ASF presentó, el 11 agosto de 2022, dos denuncias por la malversación, entre 2019 y 2020, de al menos 12 mil mdp pertenecientes a los fondos de Segalmex. El 22 de septiembre de 2022, el diario El Universal dio a conocer el testimonio de diversas fuentes confirmando las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), a cargo de María de la Luz Mijangos Borja.

Únicamente en la revisión de las cuentas correspondientes a 2020 se detectaron irregularidades por ocho mil 637 mdp, cuando la dirección general del organismo aún estaba a cargo de Ovalle Fernández.

La organización civil especializada MCCI, que ha indagado y publicado informes desde 2020 sobre diversas irregularidades en Segalmex, calculó el daño público en al menos 11 mil mdp; la califica como distintivo del gobierno de AMLO y equiparable al monto de la “estafa maestra”, en el que se desviaron 7.7 mil mdp de dinero público de 2012-2018.

Una vez removido Ignacio Ovalle de la dirección de Segalmex, y colocado en su nuevo puesto en Segob, el 19 de abril de 2022, durante la conferencia de prensa mañanera del 18 de agosto de AMLO, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que se investigaba el paradero de nueve mil 500 mdp desviados del presupuesto en 2019 y 2020.

Precisó que por operaciones irregulares en Diconsa y Liconsa –integrantes de Segalmex– se abrieron 618 expedientes de investigación y se presentaron ante la FGR 38 denuncias contra funcionarios públicos, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y ejercicio ilícito de atribuciones y facultades. Las denuncias fueron interpuestas también por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, designado en 2019 por Ignacio Ovalle, fue vinculado a proceso penal el martes 12 de abril de 2022 por el uso indebido de 950 mdp, los que invirtió en valores financieros de alto riesgo y que, por tal motivo, tienen posibilidades concretas de sufrir pérdidas. Gavira Segreste fue separado de su cargo en Segalmex el 30 de junio de 2020, junto a funcionarios de oficinas estatales que también se hallan sujetos a investigación.

En el reporte de MCCI Investigan fraude multimillonario en Segalmex, del 27 de julio de 2022, se advierte que de los 950 mdp se habían recuperado 850 mdp desviados de Liconsa y 100 mdp de Segalmex… sin embargo, aún se desconoce el paradero de los 10 mdp que se generaron en rendimientos.

Empresas “fantasma”

El nueve de julio de 2021, MCCI puntualiza que Segalmex había adjudicado 797 mdp a una red de seis empresas “fantasma” asociadas con un “facturero” o persona dedicada a vender facturas falsas, una parte de cuyos contratos fueron expedidos por Gavira Segreste en 2019 y otra en 2020.

“La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas”.

El 31 de marzo de 2022, MCCI publicó su informe Hijo de exdirectivo de Segalmex adquiere departamento de proveedor beneficiado por su padre, en referencia a René Gavira Segreste y su hijo René Federico Gavira Martínez, quien compró, en agosto de 2020, un departamento de lujo en San Antonio, Texas, dos meses después de que su padre fuera removido de su cargo.

El lujoso departamento consta de 135 metros cuadrados y se ubica en el The Ricchi Luxury Condominiums, zona residencial exclusiva de San Antonio que, según la última valuación catastral realizada por el condado de Bexar en 2021, tiene un valor de 289 mil dólares, equivalentes a 5.7 mdp.

Sin embargo, ese valor podría ser mayor, según agencias de bienes raíces consultadas por MCCI: “en sitios de bienes raíces como redfin.com o realtor.com, el valor de una propiedad ronda en los 330 mil dólares, equivalentes a 6.6 millones de pesos”.

Además, la organización civil revela que, en el registro de la propiedad del condado de Bexar, “obtuvo la escritura del inmueble, en la cual René Federico Gavira Martínez figura como el único propietario del departamento desde agosto de 2020”.

“Los derechos de la propiedad fueron transferidos a Gavira Martínez por Vilma Cristina Herrera Reza, quien era dueña del departamento y es hermana de Carlos Herrera Reza, director general de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), empresa a la que Liconsa otorgó tres convenios plurianuales por hasta siete mil mdp para el secado de leche (hacerla polvo) cuando René Gavira Segreste era funcionario de la dependencia”.

En el informe Fantasmas cobran millones en Segalmex por Azúcar, del cinco de septiembre de 2022, MCCI denuncia más operaciones “fantasma” con base en el uso de personas físicas y sociales (empresas) con identidades falsas para desviar dinero público.

Entre las primeras destaca el nombre de una modesta ama de casa, que fue utilizado para atribuirle la propiedad de una empresa “fantasma” denominada Carreguin, que obtuvo un convenio por 465 mdp de Diconsa para la compra de 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel.

Hasta el cinco de septiembre de 2022 quedaban por recuperarse 80 mdp correspondientes a cuatro mil 700 toneladas del endulzante, que jamás se entregaron; el caso fue denunciado por Diconsa ante la FGR por la presunta ejecución de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la denuncia se puntualiza que los pedidos de azúcar por Segalmex empezaron cuando el entonces director comercial, Manuel Lozano Jiménez, firmó un convenio con Carreguin el 23 de abril de 2020, del cual derivaron 37 pedidos más que sumaron 465 mdp.

Inseguridad alimentaria

La FAO-México realizó, el 19 de mayo de 2022, el evento Diálogo sobre la situación de los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas, así como su impacto en los sistemas agroalimentarios de México, durante el cual reveló que casi el 60 por ciento de los hogares mexicanos (de un total de 35.2 millones al 2020) sufre inseguridad alimentaria:

“En México, el 59.1 por ciento de los hogares se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, seis de cada 10 hogares en el país no tienen garantizada la alimentación, mientras que 47.1 por ciento reportó reducción en el gasto en alimentos”.

La organización internacional THP actualizó su informe en enero de 2022 sobre la situación del hambre en México; y cita el dato del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de que el 23.5 por ciento de la población del país vive en pobreza alimentaria.

A decir del Coneval, quienes forman parte de esta categoría de pobreza son incapaces de comprar la “canasta básica alimentaria”, que se integra con 123 productos básicos que tenían un precio global de 11 mil 259 pesos mensuales en junio de 2022, monto difícil de reunir con los ingresos de una familia mexicana pobre.

Y menos pueden adquirir la “canasta básica indispensable”, integrada con 30 productos, además de los servicios de electricidad, agua, teléfono y renta, cuyo monto es de 22 mil 182 pesos mensuales, según un análisis del 22 de junio de 2020 de Héctor del Toro, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La organización THP reportó, además, que la desnutrición crónica está presente en 7.7 por ciento de los habitantes de zonas urbanas y 11.2 por ciento de las rurales, en las que hay cerca de 900 mil niños.

En 2020, el 85 por ciento de los productores agroalimentarios eran pequeños, en su mayoría dedicados al autoconsumo; en tanto que los medianos se encontraban muy afectados por la inflación, las carencias de financiamiento y el clima adverso.

A pesar de las denuncias por ineficiencia y corrupción, el presupuesto de Segalmex ha crecido desde 2019 cuando, a pesar de que en ese año no contaba con uno propio, la Sader le asignó 8.1 mil mdp para que comenzara sus operaciones.

En 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) le destinó 10 mil mdp; su gasto fue de nueve mil mdp en 2021; este año cuenta con 11.3 mil mdp. En 2023, su presupuesto aumentará; pero hasta el cierre de esta edición, se desconocía el nuevo monto.

El dinero público para iniciar operaciones en 2019 se integró con los seis mil mdp del presupuesto aprobado para la Sader, que fue destinado al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el cual quedó a cargo de Segalmex, según indican los lineamientos para la operación de ese programa, publicado el 1° de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Datos de la Cuenta Pública elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informan que, en 2019, los 8.1 mil mdp fueron destinados al funcionamiento de Diconsa y Liconsa y para cubrir el costo de sus compras y gastos de operación –salarios de la burocracia, aparatos de cómputo, papelería, etcétera–.

Diconsa consiguió financiamiento para la “compra, acopio y distribución de maíz y frijol a precios de garantía a pequeños y medianos productores nacionales”, para la entrega de apoyos a productores de arroz y trigo; y la distribución de fertilizantes y otros productos para el cultivo, aunque los trabajadores del campo se quejan de lo contrario.

Liconsa recibió presupuesto para la adquisición de leche líquida a productores nacionales con el fin de apoyarlos con un “precio de garantía” de 8.20 pesos por litro, que subió a 9.20 pesos en 2022; aunque los lecheros locales han denunciado que siguen las millonarias importaciones de lácteo en polvo proveniente de Estados Unidos.