A unos días de la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde oficialmente fueron asesinadas 20 personas, aunque extraoficialmente se sabe que fueron 23, las calles siguen vacías; las actividades comerciales y educativas continúan suspendidas ante el temor de que resurja la violencia generada por la disputa de esta plaza entre dos grupos delictivos, La Familia Michoacana y Los Tequileros.

En este municipio de la región de Tierra Caliente, a diferencia de los gobiernos estatal y federal, los delincuentes sí están organizados y bien armados; cada vez que se les antoja  se aprovechan del vacío de poder que aquéllos han propiciado para cometer todo tipo de abusos contra la sociedad y exhibir el rotundo fracaso de la supuesta estrategia de “abrazos, no balazos”.

La matanza en San Miguel Totolapan comenzó poco después de las 14:30 del pasado cinco de septiembre, cuando unos 300 hombres armados con rifles de asalto, granadas y bombas, se desplegaron e irrumpieron simultáneamente contra dos viviendas y el edificio de la presidencia municipal, provocando la muerte de 20 o 23 personas, número de víctimas que puede crecer porque otras resultaron heridas.

Las víctimas fatales son: el presidente municipal Conrado Mendoza Almeida, de 31 años y su padre Juan Mendoza Acosta, exalcalde en los trienios 2015-2018 y 2018-2021; Javier Domínguez Vicente, propietario de una de las viviendas y su hijo Javier Domínguez; Roberto Sergio Mata Marcial, administrador de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Tlapehuala; Fredy Martínez Suazo, director de Seguridad Pública Municipal; Wilber Iván Rojas Nava, enlace municipal con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); Rogelio Rivas Bernabé, exsecretario general del Ayuntamiento; José Gabriel Martínez Nava, Oficial Mayor; José Alberto Slim, excandidato a la alcaldía de San Miguel Totolapan por el Partido Acción Nacional (PAN); Ulises Guillermo, yerno de Juan Mendoza; Gustavo Salazar, cuñado del alcalde Conrado Mendoza; Martín Crescencio, vendedor de paletas; Samuel García y José Antolín Calvo Caballero, guardias particulares del alcalde; Génesis Araujo Marcos, “servidor de la nación” y un hombre aún no identificado.

Todas las víctimas recibieron el tiro de gracia. El edificio del Palacio Municipal quedó cubierto de orificios de armas de alto poder y los policías que intentaron repeler la agresión fueron sacrificados; además de las personas que pasaban por ahí y se hallaban “en el lugar y en el momento equivocados”.

Entre ellos, un joven descalzo que, cuando inició la balacera, se tiró junto a una jardinera ubicada a un costado del Palacio para resguardarse, pero ahí quedó. En cuestión de minutos, las calles quedaron tapizadas con casquillos de balas de grueso calibre, manchas de sangre, algunos restos humanos esparcidos y gritos de dolor y terror.

Cerca de las cinco de la tarde, dos horas después de los ataques armados y el pánico generalizado, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegó a San Miguel Totolapan para trasladar a Chilpancingo, la capital del estado, a Rómulo Robles Bernabé, de 33 años, y a dos heridos más por las armas de fuego de los sicarios.

Previamente, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) salieron en convoy tras los agresores; pero en Poliutla, población ubicada a unos 15 minutos de la demarcación, fueron interceptados con bloqueos efectuados por transportistas de esa comunidad. Durante esa tarde-noche, por las calles de San Miguel solo transitaron los más de 100 policías y soldados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Territorios en disputa

Los autores de la masacre de San Miguel Totolapan pertenecen a una de las bandas del crimen organizado que operan en esa región que, en años recientes, se han fortalecido gracias a la política fallida de seguridad del gobierno morenista –en lo que va del sexenio, los homicidios dolosos suman ya 134 mil– y al escaso apoyo que reciben de los partidos políticos y algunos funcionarios públicos locales.

En un video que dura casi 10 minutos, publicado en redes sociales un día después de la masacre, Alfredo Hurtado Oloscoaga, alias El Fresa, identificado por las autoridades federales como líder de La Familia Michoacana y por quien se ofrece una recompensa de 1.5 millones de pesos, admitió que el ataque fue en su contra, contra el alcalde y contra su padre; y que la ejecución fue realizada por sicarios del grupo Los Tequileros con el propósito de recuperar el control sobre San Miguel Totolapan.

El Fresa también reveló que alguien del pueblo lo traicionó, ya que informó a sus enemigos que estaría en esa reunión “y de no ser porque los sicarios atacaron antes de tiempo, también estaría entre los muertos, aunque (en ese momento) viajaba en un vehículo blindado” hacia San Miguel.

En el video se observa a Hurtado Oloscoaga cómodamente sentado en la sala de una casa, vestido con ropa de marca, mientras cuenta que vivía en San Miguel Totolapan, a una cuadra del Palacio Municipal; y que cuando estaba grabando el video, él y “sus muchachos” ya habían dado muerte a la mayoría de los sicarios que perpetraron la masacre del cinco de octubre.

Enseguida revela que el exdiputado priista Saúl Beltrán La Mula, y otro personaje al que llama El Vago, son los autores intelectuales del atentado, quienes “deben estar felices porque les salió bien el tiro”; aunque les advirtió que, sin importar lo que se gaste, los buscará para matarlos. “Comieron ansias esos cabrones, porque no me dejaron bajar; si me hubieran dejado bajar, ahorita estuviera entre los muertos; apenas salí y dejaron la camioneta hecha pedazos”.

Alfredo Hurtado declaró finalmente que el ataque fue posible porque la gente del pueblo bajó la guardia; pero que ésta debe estar ya tranquila porque ya están muertos “todos los que entraron al pueblo”.

Sin embargo, el domingo nueve de septiembre, esta versión dio un giro inesperado cuando la Mesa para la Paz y el Desarrollo de Guerrero informó que el presunto líder de La Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, convocó a la reunión en la que fueron asesinados el alcalde Conrado Mendoza Almeida y sus colaboradores más cercanos.

Las víctimas no fueron veladas

En San Miguel no hubo suficientes sepultureros para cavar tantas fosas en un mismo día, por lo que fue necesario el apoyo de una retroexcavadora para abrir 17 hoyos profundos. Los sepulcros fueron cubiertos de uno en uno, con miedo y gritos de dolor de familiares y amigos, quienes formaron parte de los cortejos fúnebres con velas, veladoras y flores.

Un día después, el jueves seis de octubre, llegaron los peritos de la FGE a San Miguel Totolapan para realizar las diligencias de ley; pero los habitantes ya habían enterrado a las víctimas y se resguardaron nuevamente en sus casas hasta este fin de semana anterior, pues el temor aún reina en el pueblo.

La matanza evidenció una vez más la fallida estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal, que en lugar de reducir la violencia, la ha recrudecido en Guerrero, donde la pobreza también golpea a miles de familias que no pueden acceder a los productos de la canasta básica y ahora enfrentan el alza desmedida de los precios de los alimentos.

Con respecto al atentado masivo en San Miguel Totolapan, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, lo condenó enérgicamente y lamentó la pérdida de todas las personas fallecidas, pero en especial la del alcalde Conrado Mendoza Almeida y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, ambos militantes de su organización partidista.

Denunció que ese ataque representa, asimismo, un desafío al Estado mexicano porque es consecuencia de la ineficacia de la política de seguridad pública en el estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, en San Miguel y en la comunidad de Poliutla, donde se registró un bloqueo de la carretera para impedir que los cuerpos de seguridad llegaran en auxilio de la población.

Este hecho, abundó, fue un abierto acto de desacato hacia los tres órdenes de gobierno y dejó al descubierto preocupantes señales de ingobernabilidad en la región de Tierra Caliente.

En un comunicado oficial, el PRD exigió la renuncia del gabinete estatal de seguridad y la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón ya que, a casi un año de gobierno, se desconoce la estrategia de seguridad en la entidad; además, demandó la inmediata intervención del Gobierno Federal en la investigación y castigo a los responsables.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno de la República para que haga sentir la presencia del Estado mexicano”, concluye el documento.

Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Bravo Abarca, lamentó los hechos de violencia ocurridos en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan; y advirtió que en Guerrero “no habíamos vivido hechos tan sangrientos como éste en décadas.

“En el país tenemos un fracaso en las estrategias de seguridad; y éste no es el país en el que podemos seguir viviendo. Además, cada día alcanza menos el dinero y es grave lo que estamos viviendo”, agregó Bravo Abarca en el acto político de afiliación y reafiliación realizado por el PRI en Acapulco.

Reestablecerán la base de la Guardia Nacional

A tres días de la masacre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó San Miguel Totolapan, municipio integrado por 151 comunidades, para expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas, a quienes ratificó su respaldo y solidaridad, prometiéndoles que no habrá impunidad.

La mandataria estatal se reunió también con integrantes del Ayuntamiento y las instituciones estatales y federales de seguridad, con el propósito de “delinear acciones” para restablecer la tranquilidad en la zona mediante la presencia permanente de las fuerzas de seguridad.

En cita casi textual de una de las prédicas más conocidas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la gobernadora anunció que en Guerrero se “atacará la violencia desde las causas que la originan, con programas de gobierno en educación, bienestar, salud y mejora de infraestructura social. Vamos a traer todos los programas de gobierno a San Miguel Totolapan, educación, bienestar y salud. Voy a estar viniendo periódicamente, no voy a dejarlos solos”, informó durante el encuentro, al que asistieron la viuda del alcalde Conrado Mendoza Almeida y los regidores, síndicos y directores del Ayuntamiento.

La titular del Poder Ejecutivo estatal informó que solicitó al Presidente más recursos y apoyo para San Miguel Totolapan y toda la Tierra Caliente, no solo en materia de seguridad, sino también para infraestructura urbana básica, pues “la mejor manera de honrar a quienes ya no están con nosotros es lograr la paz para este municipio”.

En la reunión, los representantes del Ayuntamiento solicitaron al gobierno municipal un predio para restablecer la base de la Guardia Nacional y que ésta refuerce la seguridad en la zona. La Fiscal General previó que se dará seguimiento a la carpeta de investigación para castigar a los responsables y reparar el daño de estos hechos delictivos; además de que anunció la creación de una agencia del Ministerio Público en San Miguel.

El dos de agosto de 2015, luego de ganar la elección de presidente municipal, Juan Acosta Mendoza apareció en un video donde dialogó con civiles armados que le recordaron el apoyo brindado en la elección del siete de junio.

“Jamás les voy a fallar cabrón a ustedes”, advierte el alcalde al lado de una botella de whisky, al reconocer que había logrado la elección gracias a la corriente perredista Nueva Mayoría. Días después, el alcalde reconoció haberse reunido con miembros de Los Tequileros para dialogar.

Dos años después, el gobierno estatal inició una cacería contra Los Tequileros y su líder. Los pobladores de San Miguel Totolapan conformaron entonces un grupo de autodefensa para expulsar al grupo criminal y fue un secreto a voces que Juan Acosta y su hijo apoyaron el movimiento para expulsar a Los Tequileros.

Hace unos días, a través de un video, Los Tequileros anunciaron su regreso a San Miguel Totolapan luego de haber sido desplazados hace más de cuatro años por La Familia Michoacana, grupo que opera en la mayor parte de los municipios de la Tierra Caliente, y que comandan los hermanos Hurtado Oloscoaga: Johnny El Pez y José Alfredo El Fresa.

El tres de octubre, el director de Desarrollo Rural y fuerte aspirante a la alcaldía, Nazario Domínguez, falleció en un misterioso accidente automovilístico en la comunidad Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Los Tequileros se adjudicaron la muerte.

Es así como la violencia en la Tierra Caliente resulta imparable y se ha convertido en tierra de nadie, como cuenta doña Socorro “N”, ama de casa que desde que nació, hace 56 años, vive en este municipio, donde el temor predomina a todas horas. Por ello exclama:

“Las autoridades no hacen nada, aunque conocen perfectamente la situación que prevalece en San Miguel Totolapan desde hace años, donde muchas comunidades están sitiadas por grupos criminales y otras más son consideradas ‘pueblos fantasma’ al ser expulsados sus habitantes, que huyen de la violencia”.

La noche del domingo nueve de octubre fueron asesinados a balazos tres campesinos, integrantes de una sola familia, en la comunidad conocida como Kilómetro 30, en Acapulco de Juárez, mientras trabajaban en sus tierras de labor. En tanto AMLO sigue culpando de la violencia delictiva a los gobiernos anteriores y afirma que su estrategia está dando “excelentes resultados”, pese al clamor de justicia de las numerosas viudas y huérfanos en Guerrero y todo México, que “tienen otros datos”.