Las autoridades analizan un nuevo trazo ferroviario para reducir curvas de riesgo en la zona donde ocurrió el descarrilamiento que dejó víctimas en diciembre de 2025.
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“Nos sacaron sin aviso, con policías, sin dejarnos tomar nuestras cosas”, denunció la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) tras el desalojo del albergue estudiantil en Miahuatlán, Oaxaca.
La FNERRR denunció que el 26 de abril, policías municipales retiraron por la fuerza a jóvenes del albergue “Dr. Juan Manuel Celis Ponce”, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, cerca de las 17:30 de la tarde, cuyo operativo contó con la orden directa del presidente municipal, César Figueroa Jiménez y dejó a los estudiantes fuera del inmueble y sin acceso a sus pertenencias.
La FNERRR afirmó que el gobierno local rompió un acuerdo de uso del albergue, sustentado en un contrato de comodato por 99 años. Ese acuerdo se firmó tras una gestión que involucró a organizaciones civiles y autoridades municipales, estatales y federales. Según la organización estudiantil, el presidente municipal intenta apropiarse del inmueble con uso de fuerza y sin fundamento legal.
Al respecto, Anahí Martínez, dirigente estatal de la FNERRR, explicó que el compromiso con el albergue incluía el respaldo a los jóvenes en situación vulnerable mediante servicios de biblioteca, comedor y sala de cómputo “en lugar de apoyo, enfrentamos hostigamiento y despojo”, señaló.
Además, los estudiantes exigieron al Gobierno del Estado la devolución inmediata del albergue. También solicitaron subsidio para cubrir el comedor, la biblioteca, el internet y la energía eléctrica, con el objetivo de continuar sus estudios.
Por último, la FNERRR advirtió que, de no recibir respuesta, comenzarán movilizaciones en Oaxaca y otras entidades, además de iniciar acciones legales.
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Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.
La percepción de inseguridad en Oaxaca de Juárez se expresa claramente en la sucesión de actos delictivos de gran impacto.
Las rachas de viento en costas guerrerenses alcanzarán los 110 km/h.
Con mazos, piedras y postes de alumbrado público, alrededor de 20 personas con el rostro cubierto derribaron parte de la barda perimetral del inmueble.
Los más de 3 mil integrantes de la FNERRR exigieron mejores condiciones educativas, apoyos alimenticios e infraestructura escolar ante la falta de respuesta del gobierno estatal.
En la entidad, permanecerán sin clases más de 800 mil alumnos de 12 mil escuelas. En CDMX el magisterio fue replegado con gases.
La llamada “educación gratuita” choca así con una realidad mucho más concreta, la de que estudiar también depende de quién puede pagar el costo de vivir en las ciudades.
Autoridades agregaron que el resto de los heridos se encuentran estables.
En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal.
Más de 3 mil estudiantes de todo México serán movilizados.
Guanajuato, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor incidencia en masacres.
Aunque en el discurso de Morena se plantea la “transformación de la vida pública”, en al menos una veintena de municipios de Oaxaca el poder sigue en manos de las mismas familias y los cacicazgos se resumen en unos cuantos apellidos.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
Desigualdad laboral, violencia y baja participación económica, entre los principales rezagos que enfrentan las mujeres en el país.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.