La creación de la Corte Penal Internacional (CPI), el 1° de julio de 2002, concretó el ideal de un órgano justo que sancionara imparcialmente a individuos y Estados responsables por crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio; pero poco o nada puede esperarse de ella porque se halla expuesta a los chantajes de las potencias de Occidente.

Nació durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se fortaleció por los tribunales de Núremberg y Tokio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el éxito de los que resolvieron los problemas de justicia en Ruanda y la desaparecida Yugoslavia. Y tal aspiración pareció encontrar las condiciones idóneas para crear un ente judicial que gozara del reconocimiento unánime.

Pero no ocurrió porque el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dotó a la CPI con prerrogativas para definir “situaciones especiales” y bloquear investigaciones, esto provocó que sus decisiones no se apegaran al sistema de justicia que se esperaban de ella.

Hoy pertenecen a esta Corte 33 Estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 43 de Europa, 28 de América Latina y el Caribe, y no participan en ella Estados Unidos (EE. UU.), Rusia, China, India, Irán, Ucrania, Israel, Yemen, Irak, Qatar y Libia, entre otros países. Es decir, las tres superpotencias con poder atómico y los dos Estados con más de la mitad de la población mundial.

A pesar de que EE. UU. no es miembro de la CPI, maniobra y alcanza sus objetivos de política interna y externa; en tanto que Reino Unido y Francia, que sí pertenecen a ella y al Consejo de Seguridad, sólo recurren a ella con fines abiertamente políticos.

México se abstuvo de la votación en la Conferencia de Roma de 1988; pero el siete de septiembre de 2000, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo adhirió “para ajustar nuestro sistema jurídico a una visión más internacional”. En 2005, Vicente Fox reformó el Artículo 21° de la Constitución para convertirlo en el Estado número 100 de la Corte, recuerda Ricardo Méndez Silva.