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El Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley que prevé destinar unos 250.000 millones de dólares al desarrollo del sector tecnológico nacional en un intento de contener el avance de China en este ámbito. Sin embargo, la iniciativa podría haber llegado un poco tarde.
El proyecto, bautizado como Ley de innovación y competencia, contempla la inversión de 190.000 millones de dólares para fortalecer la investigación y desarrollos de tecnologías en EEUU. Además, destina otros 52.000 millones a incrementar la investigación y producción de chips y equipos de telecomunicaciones.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que este proyecto de ley es una de las iniciativas legislativas más importantes de los últimos tiempos y tendrá un gran impacto en la economía de EEUU.
“Es la inversión más grande en investigación científica y desarrollo tecnológico que se ha hecho en varias generaciones”, dijo el Senador por Nueva York durante el debate.
La propuesta de ley, aprobada con 63 votos a favor y 32 en contra, también contempla una serie de medidas que apuntan directamente a China, como la prohibición de que los funcionarios públicos utilicen la aplicación Tik Tok y un veto a los fabricantes chinos de drones.
"Como porcentaje del PIB nosotros gastamos menos de la mitad de lo que destina el Partido Comunista de China a la investigación. Si no hacemos nada, nuestros días como superpotencia dominante podrían estar terminando. No queremos que esos días terminen durante nuestra gestión. No queremos que EEUU se convierta en una nación mediana en este siglo”, añadió Schumer durante su intervención.
La legislación también autoriza nuevas sanciones a los funcionarios chinos por una variedad de delitos, incluidos ataques cibernéticos, robo de propiedad intelectual y presuntas violaciones de derechos humanos contra la minoría Uigur en la provincia de Xinjiang.
China, por su parte, no ha tardado en reaccionar a la decisión del Senado estadounidense.
El Comité de Asuntos Exteriores de la máxima legislatura de China calificó el proyecto de ley como un intento de interferir en los asuntos internos del país y privarlo de su "derecho legítimo al desarrollo a través de la tecnología y el desacoplamiento económico", según un informe de la agencia oficial de noticias Xinhua.
"El proyecto de ley muestra que el engaño paranoico del egoísmo ha distorsionado la intención original de innovación y competencia", añadió el organismo.
El ente chino también fustigó el proyecto de ley estadounidense por estar lleno de la "mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos".
China, la nueva 'amenaza roja'
El Congreso de EEUU, ligeramente dominado por los demócratas, suele estar muy polarizado en casi todos los temas de interés nacional.
Sin embargo, hay un asunto en particular en el que ambos partidos parecen no tener problemas para llegar al consenso: la supuesta amenaza que representa China a la seguridad nacional de EEUU.
Ley de innovación y competencia es el último eslabón de una cadena de declaraciones y decisiones oficiales que buscan establecer en la opinión pública estadounidense la idea de que China es la nueva amenaza roja.
Si bien es cierto que el intercambio de acusaciones públicas y la intensidad de la guerra económica han disminuido con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, en la realidad la Administración de Joe Biden no ha hecho ningún esfuerzo para enmendar las maltrechas relaciones con Pekín. Todo lo contrario.
En abril pasado la directora de la Inteligencia Nacional de EEUU, Avril Haines, confirmó ante el comité de Inteligencia del Senado que China es el gran enemigo a vencer.
"China es cada vez más un competidor cercano que desafía a Estados Unidos en múltiples ámbitos, al tiempo que presiona para revisar las normas globales de manera que favorezcan al autoritario sistema chino", dijo la funcionaria.
Y para que su advertencia no se quedara en palabras vacías, Haines blandió el fantasma de los todopoderosos hackers chinos que estarían acechando las infraestructuras de EEUU para atacarlas en cualquier momento.
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La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
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Escrito por Redacción