La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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En el marco del Día de los Derechos Humanos, la diputada Laura Álvarez Soto presentó una iniciativa de ley que busca aumentar las penas por el delito de estupro, que actualmente van de uno a cuatro años de prisión, a un rango de cinco a doce años con el fin de reforzar la protección de los menores de edad y garantizar su desarrollo pleno y seguro, específicamente ante el vacío legal que permite el consentimiento sexual a partir de los 12 años, establecido en el artículo 180 del Código Penal.
La legisladora, acompañada de su bancada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la legislación actual no toma en cuenta factores esenciales como la madurez emocional, cognitiva y psicosocial, que son fundamentales para que los niños y adolescentes tomen decisiones informadas y responsables.
Afirmó que la madurez biológica no puede ser el único criterio para determinar el consentimiento sexual, ya que los menores carecen de las herramientas necesarias para enfrentar situaciones de abuso o manipulación por parte de adultos.
Álvarez Soto detalló que su iniciativa contempla dos reformas clave: primero, incrementar la edad mínima de consentimiento sexual para alinearse con los estándares internacionales; y segundo, aumentar las penas por estupro, buscando enviar un mensaje claro contra el abuso y la explotación sexual de los menores.
La propuesta fue respaldada por Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN, quien expresó que esta reforma es "un acto de justicia para cerrar las puertas a prácticas que afectan la salud física, psicológica y social de los menores".
Por último, la doctora Denise Meade, especialista en violencia familiar, abuso sexual infantil y derechos humanos, enfatizó que el propósito de esta iniciativa es proteger a las niñas, niños y adolescentes de los abusos, así como prevenir las graves consecuencias físicas y emocionales que pueden resultar de la actividad sexual temprana, como embarazos no deseados y la exposición a enfermedades de transmisión sexual.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ironizó con la decisión de los diputados aún cuando existen temas pendientes.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera