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Una de las políticas más enunciadas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la supuesta austeridad republicana que, desde el inicio de su administración, ha aplicado mediante recortes y más recortes al gasto de distintas áreas gubernamentales. En su II Informe de Gobierno, el Presidente presumió que el resultado de dicha política ha sido el ahorro de 1.3 billones de pesos (mdp) en el gasto público, aunque hasta hoy no se ha tomado la molestia de aclarar de dónde y cómo rescató ese dinero, ni en qué lo ha gastado y dónde puede verse reflejado ya que, como hemos visto, hay escasez de medicamentos e insumos médicos, entre otras necesidades.
En los primeros días del año, so pretexto de la famosa austeridad, el Presidente afirmó que en la estructura gubernamental existe una serie de órganos autónomos superfluos (según él) que deberían desaparecer, señalando de manera directa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los que atribuye gastos de mdp que pueden ahorrarse, porque asegura que las actividades de estos órganos pueden efectuarse por algunas secretarías como las de la Función Pública (SFP) y Comunicaciones y Transportes (SCT), subordinadas y a sus órdenes.
Además de remarcar lo engañoso del argumento de la famosa austeridad republicana con el que pretende desaparecer a los órganos autónomos, es necesario advertir que la razón de fondo en su propuesta no es otra que desmantelar las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo y acumular todo el poder del Estado mexicano en sus manos, aunque esto signifique un gran retroceso para la democracia y el Estado de Derecho. Decimos esto a propósito de la creación de los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, el IFT, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instancias, tienen su explicación en la necesidad de sujetar a la Constitución los actos del “presidencialismo todopoderoso” que existía, que gozaba de amplios márgenes de maniobra y discrecionalidad, y cuyo funcionamiento no era compatible, de ningún modo, con el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del país. Por ello, la aparición de los órganos autónomos trajo consigo la disminución o la eliminación de algunas facultades presidenciales, como es el caso de la organización de las elecciones; el surgimiento de procesos de fiscalización externos al propio Poder Ejecutivo y varias obligaciones impuestas al Presidente para que rinda cuentas a la nación, entre las que se halla la de entregar información pública solicitada por la ciudadanía sobre contratos, licitaciones, actos relevantes de gobierno, etc., que tienden a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia en el gasto gubernamental, tarea que realiza el INAI.
Por todo esto, lo hasta ahora planteado por el Presidente es una peligrosa regresión autoritaria, contraria a la Constitución y tendiente a crear una dictadura en el país, que no conviene a nadie y que, por muchos años y a través de distintos mecanismos, se ha intentado evitar en México. Veamos este peligro y actuemos en consecuencia de cara a los próximos.
México se mantiene como uno de los países más violentos con 100 mil 300 homicidios y feminicidios registrados en los casi tres años del actual gobierno, saldo consecuencia de la política “abrazos, no balazos”.
Morena consiguió renovar siete gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Es poco probable que el padrón con datos biométricos vaya a disminuir la delincuencia; por el contrario, es muy probable que aumente el robo de celulares, la clonación de tarjetas SIM y que, por otro lado, ponga en alto riesgo a la mayoría de los mexicano
Los manifestantes trataban de llegar en una marcha pacífica al Zócalo capitalino, pero fueron interceptados por policías de la Ciudad de México.
Los estados de Veracruz, Estado de México, CDMX, Puebla y Morelos son los que acumulan en 49% del delito de secuestro respecto al total nacional.
La FGJ reportó 14 feminicidios en la CDMX, durante enero y febrero.
AMLO prometió al municipio con mayor pobreza extrema en México y ahora devastado, 61 mil millones de pesos, es decir, sólo el 21.7% de todo lo que se calcula que se necesita. Muy disminuido. Revisemos.
La iniciativa de reforma a la política de vivienda no beneficia a la mayoría de las familias que no pueden adquirir una vivienda; sigue repitiendo el patrón que se venía implementando desde antes de las llamadas reformas neoliberales.
Así, en este imperio de la mentira oficial, ¿cree usted que sea remota la posibilidad de que Morena eche mano de la fuerza pública o del ejército para eliminar a sus contrincantes?
La UIF se extralimita e invade responsabilidades que la Constitución de la República otorga al Ministerio Público, única instancia facultada.
Entre los mandatos en “línea” que la maestra Delfina recibió durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, estuvo la orden que hoy la exhibe como una funcionaria sin voluntad política propia: cobrar 10% del sueldo de los trabajadores.
La actitud omisa de las autoridades de Guerrero ante las acciones del crimen organizado ha provocado asesinatos dolosos, masacres, extorsiones y secuestros.
En 5 años de gobierno se esperaría una ciudad innovadora y de derechos que tanto prometió Claudia Sheinbaum; la realidad es que tenemos “un gobierno mediocre y con muchos pendientes”, coinciden diputados, ONG y habitantes de la CDMX.
Jesús Zambrano aseguró que la designación de Lenia Batres Guadarrama en la SCJN confirma que AMLO quiere una dictadura en México al contar con todos los poderes subordinados a él.
En 4 años de gobierno, seis millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza, una inflación no vista desde hace 21 años, más de 100 mil víctimas de homicidio, entre muchas calamidades más.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.