El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama aseveró este jueves que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador “tiene que acatar en sus términos” la orden de un Tribunal federal de prohibir la ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica.

“Habiendo una resolución del Poder Judicial, pues tiene que acatarse en sus términos, hay que ver los términos precisos. A veces hay una información global, pero hay otros detalles que también hay que analizar.

“Entonces, las decisiones que ha tomado el Poder Judicial pues tendrán que acatarse y el Gobierno tendrá que revisar la parte que le corresponde para poder continuar con sus proyectos”, aseveró, en rueda de prensa.

En la víspera, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México además ordenó al Ejecutivo mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, abandonadas desde hace meses.

“Las decisiones que toma el Poder Judicial deben acatarse en términos generales. Esas decisiones que se han tomado sobre los temas de los aeropuertos tienen que ver con diversas impugnaciones que se han dado y son procesos que van a seguir. Tienen diferentes alcances e implican de manera indirecta determinadas recomendaciones a los diversos poderes públicos, se toman en función de ciertas condiciones”, insistió.

El presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, Samuel García, coincidió en que el Gobierno de López Obrador debe acatar el fallo del Tribunal federal.

“Claro, no sólo del juez, es ya de colegiado, es decir, ya fue la última instancia y esa suspensión ya no varía. Y qué bueno porque últimamente había una narrativa de que iban a inundar el lago; y yo digo: 'en qué cabeza cabe, aparte de que desperdicia el agua querer ya de carpetazo tirar un proyecto al que se le invirtió mucho dinero'”, consideró.

El legislador de Movimiento Ciudadano consideró que si el Gobierno federal no hace caso, tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González (por el caso de las estancias infantiles), pueden ir a la cárcel por desacato al fallo de los tribunales.