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El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama aseveró este jueves que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador “tiene que acatar en sus términos” la orden de un Tribunal federal de prohibir la ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica.
“Habiendo una resolución del Poder Judicial, pues tiene que acatarse en sus términos, hay que ver los términos precisos. A veces hay una información global, pero hay otros detalles que también hay que analizar.
“Entonces, las decisiones que ha tomado el Poder Judicial pues tendrán que acatarse y el Gobierno tendrá que revisar la parte que le corresponde para poder continuar con sus proyectos”, aseveró, en rueda de prensa.
En la víspera, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México además ordenó al Ejecutivo mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, abandonadas desde hace meses.
“Las decisiones que toma el Poder Judicial deben acatarse en términos generales. Esas decisiones que se han tomado sobre los temas de los aeropuertos tienen que ver con diversas impugnaciones que se han dado y son procesos que van a seguir. Tienen diferentes alcances e implican de manera indirecta determinadas recomendaciones a los diversos poderes públicos, se toman en función de ciertas condiciones”, insistió.
El presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, Samuel García, coincidió en que el Gobierno de López Obrador debe acatar el fallo del Tribunal federal.
“Claro, no sólo del juez, es ya de colegiado, es decir, ya fue la última instancia y esa suspensión ya no varía. Y qué bueno porque últimamente había una narrativa de que iban a inundar el lago; y yo digo: 'en qué cabeza cabe, aparte de que desperdicia el agua querer ya de carpetazo tirar un proyecto al que se le invirtió mucho dinero'”, consideró.
El legislador de Movimiento Ciudadano consideró que si el Gobierno federal no hace caso, tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González (por el caso de las estancias infantiles), pueden ir a la cárcel por desacato al fallo de los tribunales.
Son cinco las denuncias por abuso sexual, y el morenista ha argumentado que se trata de desprestigio en su contra.
En la historia de hoy, ayer y antier, varios regímenes han buscado anular políticamente a sus adversarios a través del lenguaje que se usa para descalificarlos.
Tras haber sido negada por los integrantes de la oposición la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX, con 41 votos a favor y 25 en contra, López Obrador la invitó a su gabinete.
"Agradecerle al pueblo de Estados Unidos a su gobierno y a usted presidente Trump por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos".
Los ministros que votaron en contra de la consulta, señalaron que la inconstitucionalidad de ésta es evidente, pues genera una restricción a los derechos humanos.
La inacción del Estado en materia social y económica es causa de la ausencia casi total de programas oficiales para el mejoramiento de la vivienda, de la salud, de la educación y de servicios básicos.
Los programas sociales no se focalizan para la parte poblacional más pobre, porque el diagnóstico que se tiene es erróneo.
México informo la compra de 38 mil 200 unidades de metotrexato, medicamento utilizado para tratamientos contra el cáncer.
En tiempos de AMLO, altos vuelos.
El proyecto causa afectaciones en áreas naturales y especies como el jaguar, el oso negro y la tortuga pecho quebrado en el estado de Sonora.
La población del fraccionamiento Ex Hacienda Santa Inés, municipio de Nextlalpan, Estado de México, fue desalojado debido a una fuga de gas licuado de petróleo (LP).
“Esta caída en el empleo se debe en parte a la pandemia, es cierto, pero se debe también a que el Gobierno se negó a apoyar a las empresas".
El acuerdo recibió el apoyo de una amplia mayoría de los senadores, al recibir 89 votos a favor y solo 10 en contra.
Los estudiantes, maestros y personal académico trabajan con un mobiliario en el que la mayoría de las butacas datan de la fundación de la escuela –en el año 2000–.
Los cálculos y las cuentas no le siguen saliendo al señor presidente, pero además no le van a salir porque la misma bolsa de dinero que se tenía en sexenios anteriores es similar a la que se quiere repartir para este nuevo año.
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Escrito por Redacción