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El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama aseveró este jueves que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador “tiene que acatar en sus términos” la orden de un Tribunal federal de prohibir la ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica.
“Habiendo una resolución del Poder Judicial, pues tiene que acatarse en sus términos, hay que ver los términos precisos. A veces hay una información global, pero hay otros detalles que también hay que analizar.
“Entonces, las decisiones que ha tomado el Poder Judicial pues tendrán que acatarse y el Gobierno tendrá que revisar la parte que le corresponde para poder continuar con sus proyectos”, aseveró, en rueda de prensa.
En la víspera, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México además ordenó al Ejecutivo mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, abandonadas desde hace meses.
“Las decisiones que toma el Poder Judicial deben acatarse en términos generales. Esas decisiones que se han tomado sobre los temas de los aeropuertos tienen que ver con diversas impugnaciones que se han dado y son procesos que van a seguir. Tienen diferentes alcances e implican de manera indirecta determinadas recomendaciones a los diversos poderes públicos, se toman en función de ciertas condiciones”, insistió.
El presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, Samuel García, coincidió en que el Gobierno de López Obrador debe acatar el fallo del Tribunal federal.
“Claro, no sólo del juez, es ya de colegiado, es decir, ya fue la última instancia y esa suspensión ya no varía. Y qué bueno porque últimamente había una narrativa de que iban a inundar el lago; y yo digo: 'en qué cabeza cabe, aparte de que desperdicia el agua querer ya de carpetazo tirar un proyecto al que se le invirtió mucho dinero'”, consideró.
El legislador de Movimiento Ciudadano consideró que si el Gobierno federal no hace caso, tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González (por el caso de las estancias infantiles), pueden ir a la cárcel por desacato al fallo de los tribunales.
Hugo López-Gatell informó hace una semana, que el cierre temporal de la principal planta de Pfizer retrasará y reducirá las dosis de la vacuna contra el Covid-19 destinada a México.
Delgado explicó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo
No se ha pensado nunca en serio en la salud del pueblo. La inmensa riqueza que se produce en el país no está destinada a garantizar su bienestar. Eso no es nuevo.
Exigió que la alcaldesa garantice el vital líquido para ambas comunidades porque es obligación de todo gobierno garantizar agua para todos.
Además de que los incrementos al salario mínimo son nulos o benefician más a los grandes empresarios, recordemos que en México el 96% de los negocios son mini y pequeños, y que tales incrementos los pone al borde de la extinción.
El Presidente ha proclamado, a los cuatro vientos, que ya cumplió con todo “lo prometido”. Sin embargo, una revisión detallada sobre el cumplimiento de sus 100 compromisos evidencia que es mentira.
Cientos de antorchistas alzaron la voz y con pancartas le respondieron al presidente “¡miente, miente, miente el presidente!”
El Banco del Bienestar sólo cuenta con cajeros automáticos, sus "sucursales" no ofrecen servicios ni realizan operaciones bancarias complejas; otra ocurrencia de AMLO que sólo causa pérdidas a los mexicanos.
Desde hace aproximadamente dos meses los jóvenes han exigido que el regreso a las aulas se dé cuando al menos el 70 por ciento de la población esté vacunada.
“Legalmente ninguna organización puede afirmar que ya logró su registro como partido político nacional o que el INE ya le otorgó esa calidad”.
De 2018 a 2023, los apagones y tiempos de suministro se han incrementado en todo el país, según la propia CFE.
El INE exigió una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de realizar comentarios en materia electoral.
El Presidente no tiene ninguna facultad legal para autoerigirse en guardián de las elecciones, ni puede ser garantía de imparcialidad alguna porque sus intereses electorales y partidarios están a la vista de todos.
En los cinco años y cuatro meses del gobierno morenista, niños, niñas y adolescentes del país han padecido mayor pobreza, miseria extrema, falta de acceso a la alimentación, al sistema de salud y a la educación.
Con el Seguro Popular, miles de familias tenían garantizado el acceso a la atención médica.
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Escrito por Redacción