El mes de septiembre es particularmente llamativo, pues ha representado el pico más alto de dinero público entregado a través de adjudicaciones directas en lo que va del 2020, al mismo tiempo que encamina a que este año se rompa, nuevamente, el récord de adjudicaciones directas de la década, pues 79.3 por ciento de los contratos han sido entregados por este mecanismo.
Las compras del gobierno son uno de los espacios en los que puede haber corrupción e impunidad con mayor facilidad. Precisamente por ello, una de nuestras labores se ha concentrado en el análisis y seguimiento de las contrataciones públicas para detectar irregularidades, problemas y áreas de mejora, entre las que destaca la larga y aún vigente tradición del uso y abuso de las adjudicaciones directas, afirma Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La información oficial de la plataforma COMPRANET muestra que durante los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha celebrado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos (mdp). De estos, 83,261 han sido entregados por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.3% del total de contratos; mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada sólo para 12,501 contratos, el 11.9% del total.
El panorama es diferente si se consideran los montos totales, pues desde esta perspectiva, la licitación pública y la adjudicación directa casi se equiparan en la cantidad de recursos entregados: mientras el primero ha sido responsable por 145,841 mdp (43.7% del total), el segundo método ha entregado 129,149 mdp (38.7%). Esto revela una de las preocupaciones principales de las adjudicaciones directas, ya que mientras una licitación pública entrega contratos, en promedio, por 11.6 mdp; las adjudicaciones directas, al ser muchos más contratos, en promedio entregan montos más pequeños, de alrededor de 1.5 mdp, por lo que las posibilidades de escapar de la vigilancia ciudadana y la atención mediática son mayores.
Diversos casos han mostrado que, a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia y control que impidan problemas tan elementales como que en 2019 diversas empresas identificadas por el SAT como fantasmas sigan recibiendo contratos públicos, refiere parte de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
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