La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
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México se halla entre los 30 países más expuestos a desastres naturales provocados por terremotos, huracanes, inundaciones, etc.; por tal motivo, su población está en riesgo permanente de perder la vida y sus bienes patrimoniales. En esta situación se encuentran los habitantes de Acapulco, Guerrero, donde el huracán Otis destruyó viviendas, hospitales, inmuebles turísticos, avenidas, autopistas, árboles, sistemas de electricidad y, sobre todo vida humanas, cuya cifra real siempre se oculta a la opinión pública. Pero Otis recordó al gobierno fallido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que fue un gravísimo error haber desaparecido el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Las primeras imágenes de video de la devastación que este fenómeno natural provocó son tristes y aterradoras; pues las casas y las calles están completamente inundadas; los hoteles totalmente destrozados; hay escombros en todas partes; árboles, palmeras y postes de electricidad y cables de comunicación derribados; hospitales dañados y carreteras bloqueadas con rocas y deslaves. Se estiman decenas de muertes, más de 500 mil personas afectadas y pérdidas millonarias en daños materiales.
Pero, como ocurre siempre que hay desastres naturales, quienes pagan las mayores consecuencias son los mexicanos que se encuentran en el desamparo y el olvido de los gobiernos municipales, estatales y el Federal, como pudo constatarse cuando AMLO, en vez de anunciar un plan magno de ayuda para los más necesitados, declaró: “la conexión se ha perdido por completo” y poco más tarde aparece posando ante los fotógrafos de prensa entre la maleza, mientras se encaminaba hacia Acapulco. ¡Qué cinismo político el suyo, después de haber desviado a sus programas clientelares los más de 10 mil millones de pesos (mdp) del Fonden!
En la zona turística de Acapulco los daños son incalculables; pero los más graves se produjeron en la zona rural, como en la comunidad Sabinillas, donde la mayoría de las viviendas y las cosechas de los agricultores se perdieron. El apagón afectó a más de medio millón de personas en esa región; y este tipo de problemas seguirá porque la temporada de huracanes, que comenzó en mayo, terminará hasta finales de noviembre. El 21 de octubre, el huracán Norma, de categoría 2, llegó a las costas de Baja California; once días antes, Lidia –de nivel 4– impactó a Puerto Vallarta, Jalisco; y el pasado 25, Otis, de categoría 5, la más alta, ha dejado sin comida ni hogar a miles de guerrerenses.
Las víctimas de este huracán serán equiparables a las de las inundaciones en Tabasco de hace casi un lustro, que el Gobierno Federal nada hizo para prevenir; a las de la tormenta tropical Agatha, que dañó a numerosas poblaciones rurales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz; y a las del huracán Kay, en Baja California Sur y otros cinco estados de la región occidente de México.
Estos desastres, o cualquier otro que tenga usted en mente, justifican la existencia de un fondo especial destinado a brindar atención inmediata a los damnificados, justo como lo hizo con eficiencia el Fonden durante 24 años; pero el mandatario morenista lo eliminó junto con 108 fideicomisos, argumentando que los fondos se administraban de forma “corrupta”, sin considerar que dejaba en el desamparo y el abandono a millones de mexicanos, entre ellos los más débiles y empobrecidos de la patria.
Hoy, a tres años de la desaparición del Fonden, el Gobierno Federal morenista vuelve a mostrarse incapaz para prevenir o evitar precisamente ese tipo de “desgracias que no esperan”, que siempre se presentan y cuya frecuente sucesión obliga al Estado a prever sus consecuencias con recursos financieros independientes del gasto anual programado, porque deben ser utilizados en el momento que se requieren. Ésa era la función del Fonden; pero AMLO lo desapareció de un plumazo.
Y el actual Gobierno Federal, asistencialista y militarizado, está muy lejos de una perspectiva clara e integral orientada a la prevención de tragedias meteorológicas; y deja que los desastres “imprevistos” sean atendidos por las fuerzas armadas, cuya intervención se limita a acciones urgentes de apoyo que, por razones logísticas y presupuestales, no incluyen la atención de futuras necesidades de las poblaciones afectadas.
Las fuerzas armadas no tienen capacidad financiera y operativa para reconstruir casas, caminos, carreteras y campos agrícolas porque, para estos menesteres, están encargadas otras instituciones especializadas. Hace unos días, sin embargo, AMLO repitió lo que muchos gobernantes hicieron: acudió a Acapulco a “tomarse la foto” para buscar el lucimiento político-mediático. No pudo renunciar a su habitual protagonismo político porque el país se encuentra en la antesala de las elecciones federales de 2024 y los candidatos de su partido, hasta ahora no tienen asegurado el triunfo. Sin duda, el grave y lamentable error de extinguir el Fonden y su pésima capacidad para gestionar crisis sobre desastres pesarán el año próximo sobre el voto ciudadano. Por el momento, querido lector, es todo.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El problema no es sólo cuantitativo, es decir, la bajísima creación de empleos. Es también cualitativo, y esto se refiere a la precarización del empleo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).