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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por unanimidad reconoció el registro como partido político nacional de “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, así como la consecuente redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas que gozarán cada uno de los diez partidos políticos nacionales.
En sesión extraordinaria, los consejeros determinaron que se debe dotar a los nuevos partidos políticos del financiamiento público que les corresponde, desde la fecha en que obtuvieron su registro, esto es, el 20 de octubre.
Así, la redistribución del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el resto del ejercicio 2020. Asimismo, se aprueba a los diez partidos políticos nacionales, la cifra de 3 millones 741 mil 649 pesos como prerrogativa postal y de 26 mil 006 como prerrogativa telegráfica para el periodo de octubre al 31 de diciembre de 2020.
La Consejera Claudia Zavala Pérez señaló que Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México podrán participar en los procesos electorales locales y los invitó a que se rijan estrictamente por el modelo democrático que impera en el país.
“El consenso social está definido para que tanto partidos políticos y autoridades y ciudadanía general acatemos las reglas del juego que nos hemos dado en el ámbito democrático”.
Recordó que el criterio revocado tiene que ver con el sistema de fiscalización que realiza el Instituto. “Tenemos que modificar nuestros propios reglamentos para que quede claro que en esas facultades de comprobación tenemos que allegarnos de todos los elementos, porque lo que no puede ser es que no esté plenamente comprobado de dónde vino el dinero, quién lo dio y que quien tuviera la posibilidad de aportarlo cumpla con las reglas fiscales”.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello enfatizó que ya que se trata de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal “estoy obligado en el respeto y convicción profunda de siempre salvaguardar el Estado de derecho constitucional, de votar a favor”.
Las Universidades del Bienestar no solo han generado quejas entre la opinión pública, también entre los órganos auditables del Estado para constatar su funcionamiento (ASF) por los escándalos de opacidad, sus únicos logros.
Proscribir la organización y dejar inerme al pueblo ha sido constante afán de las clases poderosas; hoy es consigna de la 4T.
Lo grave y preocupante para las familias mexicanas es que, si se proyecta una sobreestimación del crecimiento y del ingreso; y ninguno se realiza, provocará serios problemas, y se tendrá que recortar al gasto o habrá más deuda.
241 personas resultaron heridas y mil 228 fueron detenidas durante estos enfrentamientos.
Ya entrada la noche de ayer, al teléfono del gestor y vocero nacional antorchista, Homero Aguirre, entró una llamada, el número era de Lilia Aguilar, encargada de atención a organizaciones sociales, quien nuevamente intentó "desactivar" la protesta.
La verdad es que en el gobierno de la “cuarta transformación” (4T) no existe una política de generación de empleo formal.
“Los jóvenes nos quedamos aquí con la ola de violencia y con su negligente y criminal política de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes (…) por supuesto que nos da miedo, hoy estamos exigiendo lo más básico: que nos dejen vivir”.
“Exponer a la juventud a un virus mortal es criminal pues pone en peligro sus vidas. Es claro que la población joven también se contagia y puede sufrir las graves consecuencias".
¿Es en serio?, ¿otra vez el presidente vuelve a rechazar lo que sus Secretarías e integrantes de su Gabinete dicen?
Evidente que el gran problema de México y el mundo, que sobrepasa con mucho al de la corrupción, es la injusta distribución de la riqueza.
El Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S. J." hizo un llamado al Senado de la República a rechazar el Dictamen de la Guardia Nacional
Luego del anuncio de la reducción de presupuesto a las estancias infantiles, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Édgar Ulises Rentería, dio un amparo provisional contra el recorte al programa de estancias infantiles.
Cientos de antorchistas alzaron la voz y con pancartas le respondieron al presidente “¡miente, miente, miente el presidente!”
Rubén Moreira recalcó que el planteamiento del Ejecutivo Federal no busca mejorar la impartición de justicia, sino cobrar cuentas con la Corte.
El abandono lo pagará caro nuestro país, no hay suficiente producción y tendremos falta de alimentos. “Lo más grave está por llegar, gracias a la ineptitud del gobierno”, alertó Álvaro López, dirigente de la UNTA.
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Escrito por Redacción