Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora transformada en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, asumirá más de 90 mil expedientes reservados de la vida pública de México.

Esta nueva tarea incluye la liberación de asuntos con reservas de más de 10 años, como el diagnóstico de la guerra contra el narcotráfico entregado por el expresidente Felipe Calderón al concluir su sexenio, el cierre de Luz y Fuerza del Centro que dejó a miles de electricistas sin empleo, y la falta de presentación oficial de Mario Aburto Martínez, el “asesino confeso” de Luis Donaldo Colosio en 1994.

El Poder Ejecutivo figura entre las veinte entidades con más reservas. Algunas de ellas son: Prevención y Readaptación Social, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex Exploración y Producción, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por su parte, el Legislativo cuenta con 935 asuntos reservados, mientras que el Judicial presenta dos mil 116.

Los organismos autónomos acumulan cuatro mil 303 expedientes en este recurso. Los sindicatos tienen 111 y los partidos políticos, 135.

“México enfrenta esta bifurcación con un nivel de opacidad de 90 mil 33 expedientes reservados tanto por entidades públicas como por sindicatos y partidos políticos. En el Poder Ejecutivo, la SFP ocupa el segundo lugar en asuntos velados con mil 135, después de la Secretaría del Trabajo que cuenta con 16 mil 534”, señalaron organismos en materia de transparencia y especialistas en el tema.

La titular de la SFP, Raquel Buenrostro, también debe enfrentar su propia carga de asuntos acumulados por los gobiernos. Más de mil sanciones que implicaron multas permanecen en sus archivos. La cantidad por sanciones no cobradas desde 2001 supera los 886 millones de pesos, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la misma dependencia.

Una deuda que quedó en el letargo es la amonestación a la Guardería ABC, donde en junio de 2009 un incendio cobró la vida de 49 niños y dejó heridas a otros 79, en una de las mayores tragedias de México.

Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en la lucha contra la corrupción en la administración pública federal. En 2013, estuvo a punto de desaparecer para ser sustituida por una Comisión, pero el proyecto no obtuvo aprobación en el Congreso. Hoy parece inminente su desaparición, ya que el gobierno anterior propuso un paquete de reformas que incluye la disolución del INAI.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con dos secretarios, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Roberto Salcedo Aquino, la dependencia gastó en contrataciones públicas un promedio de 394 millones 808 mil 278 pesos por año, según lo publicado en CompraNet, en servicios cibernéticos, seguridad para inmuebles, alimentos para el comedor institucional, así como servicios externos para auditoría de contrataciones públicas y control presupuestal.

La SFP presenta más de siete mil contrataciones publicadas en esa plataforma. De mayor a menor, tres de las diez más grandes firmaron contratos con vigencia hasta el último día de 2024; es decir, en las fechas en que se decidirá tanto su destino como el del INAI.