El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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El proceso contra un destacado catedrático de Xalapa y buen padre sacude hoy a la sociedad veracruzana, sobre todo de esta ciudad, a quien le buscan imputar delitos que han sido fabricados.
Padres de familia y personal de un colegio han manifestado su inconformidad por el actuar de las autoridades judiciales, señalando que la persona que lo acusa ha rechazado ante la autoridad que se le realice una valoración psicológica profesional para determinar si presenta algún problema, por las inconsistencias dolosas en que basó su acusación.
En todo caso, advirtieron, estaría utilizando a sus hijos como un arma de venganza, lo que se conoce en muchos países y aquí en México, al ser integrado en los códigos civiles de diversas entidades federativas, como alienación parental.
Incluso, refirieron que el pasado 1 de marzo se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz, quienes durante el proceso incurrieron en numerosas violaciones a las garantías individuales, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al debido proceso.
Consideraron pertinente que se lleve a cabo una investigación y determinar si se aplica la ley o existe un interés por torcerla en favor de la demandante.
El suceso demuestra una vez más las fallas del Sistema de Justicia del estado de Veracruz. El maestro Javier Breña es inocente, como lo muestran los documentos a los que tuvimos acceso y que ya conocen los padres de familia del colegio en el que daba clases.
Entre las numerosas inconsistencias del caso, expusieron que se comprobó desde el principio, con el primer dictamen médico hecho por una profesional, que la supuesta víctima no tenía daño físico, ni daño emocional.
Por otra parte, los psicólogos que hicieron las evaluaciones y las entrevistas de las personas involucradas no contaban con la especialidad ni presentaron documentación que los acreditara como expertos en la materia. Únicamente emitieron opiniones sin utilizar en los dictámenes pruebas verificables y profesionales.
Además, las autoridades de justicia no siguieron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, que debió guiar el actuar de los juzgadores, tanto en el número de entrevistas hechas a los menores como en su formato, desatendiendo con esto los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Padres de familia del colegio publicaron un desplegado para exigir al Poder Judicial que se libere a su exdirector.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
Las condiciones climáticas suponen riesgos para el suministro de gas natural en el norte del país.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
La evaluación será en línea y con uso de Inteligencia Artificial para verificar procesos y evitar fraudes.
En las etiquetas de los envíos se concentra información sensible.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
Este sistema provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos intensos y condiciones adversas en varias regiones.
La percepción de inseguridad a nivel nacional es de 63.8 por ciento.
Se eliminará la leyenda “alerta presidencial” y en su lugar se utilizará un mensaje estandarizado de emergencia.
Los trabajos continúan sin obras de mitigación. No existen cruces peatonales seguros ni infraestructura vial básica.
Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
El repunte fue impulsado por bebidas, tabaco y alimentos preparados fuera del hogar.
Estos cambios fueron oficializados a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece modificaciones en cuestión de características, materiales y diseños de ambas denominaciones.
Carlos Torres, esposo y ex funcionario, presuntamente formaría parte de una red dedicada a actividades como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante diciembre se registraron 11 secuestros a 69 migrantes; además, documentaron seis secuestros masivos que dejaron un saldo de 40 víctimas en diversas entidades.
Escrito por Redacción