La organización social fomenta la disciplina como un medio para fortalecer la sensibilidad y la capacidad de análisis y argumentación sobre la realidad del país.
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El proceso contra un destacado catedrático de Xalapa y buen padre sacude hoy a la sociedad veracruzana, sobre todo de esta ciudad, a quien le buscan imputar delitos que han sido fabricados.
Padres de familia y personal de un colegio han manifestado su inconformidad por el actuar de las autoridades judiciales, señalando que la persona que lo acusa ha rechazado ante la autoridad que se le realice una valoración psicológica profesional para determinar si presenta algún problema, por las inconsistencias dolosas en que basó su acusación.
En todo caso, advirtieron, estaría utilizando a sus hijos como un arma de venganza, lo que se conoce en muchos países y aquí en México, al ser integrado en los códigos civiles de diversas entidades federativas, como alienación parental.
Incluso, refirieron que el pasado 1 de marzo se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz, quienes durante el proceso incurrieron en numerosas violaciones a las garantías individuales, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al debido proceso.
Consideraron pertinente que se lleve a cabo una investigación y determinar si se aplica la ley o existe un interés por torcerla en favor de la demandante.
El suceso demuestra una vez más las fallas del Sistema de Justicia del estado de Veracruz. El maestro Javier Breña es inocente, como lo muestran los documentos a los que tuvimos acceso y que ya conocen los padres de familia del colegio en el que daba clases.
Entre las numerosas inconsistencias del caso, expusieron que se comprobó desde el principio, con el primer dictamen médico hecho por una profesional, que la supuesta víctima no tenía daño físico, ni daño emocional.
Por otra parte, los psicólogos que hicieron las evaluaciones y las entrevistas de las personas involucradas no contaban con la especialidad ni presentaron documentación que los acreditara como expertos en la materia. Únicamente emitieron opiniones sin utilizar en los dictámenes pruebas verificables y profesionales.
Además, las autoridades de justicia no siguieron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, que debió guiar el actuar de los juzgadores, tanto en el número de entrevistas hechas a los menores como en su formato, desatendiendo con esto los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Padres de familia del colegio publicaron un desplegado para exigir al Poder Judicial que se libere a su exdirector.
La organización social fomenta la disciplina como un medio para fortalecer la sensibilidad y la capacidad de análisis y argumentación sobre la realidad del país.
Exigen justicia por la muerte de tres personas, dos mujeres y un menor de edad, presuntamente a manos de un elemento policiaco.
El resguardo se otorgó tras solicitudes formales presentadas por los propios presidentes municipales.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
La medida busca reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal educativo.
Localizan un artefacto explosivo, armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de pertenencias de los mineros.
Estas cifras oficiales llegan meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en una plaza pública, durante los festejos de Día de Muertos.
El fallo acelera el proceso para que las víctimas reciban el dinero en sus cuentas bancarias.
El objetivo de esta operación fue el rescate de un paciente que forma parte de la tripulación de un buque ubicado en altamar.
El engaño ocurre en segundos tras retirar dinero del cajero. El delincuente finge encontrar billetes y convence a la víctima de entregar su efectivo; al final, solo deja papeles sin valor.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
“Homicidio por agresión a la autoridad” y “muerte por enfrentamiento o en hospital”, son categorías que no están en el Código Penal, por lo que no se sabe si se investigan como homicidio.
Prevé su presencia en regiones montañosas del centro y norte del país debido a las temperaturas gélidas.
Desde 2024 la Fiscalía Especializada en Desaparición de Hidalgo ignoró las solicitudes de acceso a la información de la Red Lupa para elaborar su reporte.
En el caso del conflicto agrario de San Sebastián Teponahuaxtlán, se ha logrado la restitución de aproximadamente seis mil 300 hectáreas.
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Escrito por Redacción