• El caso ya sacude a la sociedad de Xalapa y a los padres de familia de varios colegios.
• Se le busca imputar delitos que han sido fabricados y violentan sus derechos humanos.

El proceso contra un destacado catedrático de Xalapa y buen padre sacude hoy a la sociedad veracruzana, sobre todo de esta ciudad, a quien le buscan imputar delitos que han sido fabricados.

Padres de familia y personal de un colegio han manifestado su inconformidad por el actuar de las autoridades judiciales, señalando que la persona que lo acusa ha rechazado ante la autoridad que se le realice una valoración psicológica profesional para determinar si presenta algún problema, por las inconsistencias dolosas en que basó su acusación.

En todo caso, advirtieron, estaría utilizando a sus hijos como un arma de venganza, lo que se conoce en muchos países y aquí en México, al ser integrado en los códigos civiles de diversas entidades federativas, como alienación parental.

Incluso, refirieron que el pasado 1 de marzo se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz, quienes durante el proceso incurrieron en numerosas violaciones a las garantías individuales, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al debido proceso.

Consideraron pertinente que se lleve a cabo una investigación y determinar si se aplica la ley o existe un interés por torcerla en favor de la demandante.

El suceso demuestra una vez más las fallas del Sistema de Justicia del estado de Veracruz. El maestro Javier Breña es inocente, como lo muestran los documentos a los que tuvimos acceso y que ya conocen los padres de familia del colegio en el que daba clases.

Entre las numerosas inconsistencias del caso, expusieron que se comprobó desde el principio, con el primer dictamen médico hecho por una profesional, que la supuesta víctima no tenía daño físico, ni daño emocional.

Por otra parte, los psicólogos que hicieron las evaluaciones y las entrevistas de las personas involucradas no contaban con la especialidad ni presentaron documentación que los acreditara como expertos en la materia. Únicamente emitieron opiniones sin utilizar en los dictámenes pruebas verificables y profesionales.

Además, las autoridades de justicia no siguieron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, que debió guiar el actuar de los juzgadores, tanto en el número de entrevistas hechas a los menores como en su formato, desatendiendo con esto los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Padres de familia del colegio publicaron un desplegado para exigir al Poder Judicial que se libere a su exdirector.