Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Sin temor a equivocarme, sostengo que somos la mayoría en este país los que deseamos que pronto se acabe la pesadilla política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y en esta mayoría están incluidos varios millones de mexicanos que votaron por Morena, pero que se han desencantado con las pifias de la 4T. Las razones son muy sencillas: México está ardiendo socialmente; se cae a pedazos día tras día; las crisis sanitaria y económica han rebasado al Gobierno Federal y a los de algunas entidades como Puebla, Veracruz y Chiapas. La población sufre los estragos de la pobreza y la marginación, la inseguridad pública, las deficiencias en el sistema educativo, y la pandemia.
En los dos años de gobierno de AMLO, el país se está cayendo a pedazos; se han registrado más de un millón 250 mil contagios y más de 115 mil muertos por Covid-19; con más de 70 mil víctimas mortales por la inseguridad pública y la violencia delictiva, y con decenas de millones de mexicanos a los que la crisis económica, el desempleo, el hambre o el abandono gubernamental han damnificado por su ineptitud y negligencia, como ocurre hoy con los cerca de un millón de afectados por las inundaciones en Tabasco.
La 4T, violando la Constitución, ha impuesto su voluntad al Poder Legislativo, obligándolo a aprobar leyes que atentan contra los derechos de críticos y opositores. Todo esto hace necesario formar un frente común.
Las circunstancias demandan a gritos un nuevo modelo económico, que impulse a México hacia adelante; uno donde los políticos que aspiren a puestos de representación popular, se comprometan en serio con este proyecto. Un modelo que produzca abundante riqueza, con un mercado competente y donde se realice una mejor distribución del ingreso.
Hace unos días se anunció la creación de una alianza partidista de oposición que sin duda resulta necesaria, pero a ésta habrá que exigirle que proponga una política económica como la que necesita México y que sus candidatos se comprometan con un nuevo modelo de país. En esta salida posible están empeñados hoy PAN, PRI y PRD, cuyos dirigentes acordaron postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados en la elección federal de 2021 y en algunos comicios estatales para elegir gobernadores, diputados locales y alcaldes.
Esta iniciativa opositora surgió como reacción a los nefastos resultados en los dos primeros años de la gestión morenista. La lucha contra la corrupción ha pasado de ser la principal bandera de AMLO durante su campaña a una consigna hueca en manos de un Presidente rodeado de escándalos de corrupción; mientras que otros grandes problemas nacionales –inseguridad, pobreza y desempleo– crecen sin control.
Recientemente, los promotores de la alianza partidista declararon que buscarán a los candidatos con las mejores trayectorias y aceptación entre las mayorías, y que definirán una “agenda del bien común para los mexicanos”. Todo esto parece bien, pero los ciudadanos debemos seguir de cerca los pasos de este proceso político para garantizar que sus actores persigan el objetivo común de promover el desarrollo igualitario del país.
Hoy se requiere una alianza progresista para rebasar por la izquierda a la 4T, cuyo gobierno ha traído tantos males a los mexicanos.
Antes de que AMLO llegara a Palacio Nacional, la situación ya era crítica; ninguno de los otros partidos ofreció soluciones de fondo a los problemas y Morena fue el que mejor expresó los anhelos de los electores.
Pero ya en el gobierno, Morena se ha dedicado destruir la economía nacional y los avances logrados en el proceso de democratización, al acentuar la desigualdad y aniquilar la tranquilidad social. Por eso urge una gran alianza, no solo partidista, sino social y ciudadana, en la que coincidan obreros, campesinos, clases medias, empresarios privados, banqueros, militares, intelectuales y, en fin, todo el pueblo mexicano, y que llame a no votar por Morena en 2021.
México ya no aguanta; por eso, la alianza entre las tres fuerzas partidistas ayudará a enfrentar a la 4T; pero en su frente común no deben olvidar la participación de las organizaciones sociales y el pueblo de México; pues de no hacerlo, se arrepentirán más adelante. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).