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A principios de los años 60 del siglo pasado, el historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas afirmó que el sistema político mexicano surgido de la Revolución Mexicana tenía como características principales “un poder ejecutivo –o, más específicamente, una Presidencia de la República– con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante”. No hay duda de que hacía alusión al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cosío Villegas expresó que, dadas las amplísimas facultades, legales y extralegales, del Presidente de la República sobre los poderes Legislativo y Judicial y el abrumador predominio del partido oficial, para la existencia de una verdadera democracia en México, era urgente reducir de alguna forma esas expresiones de poder político excesivo.
A finales de esa misma década, el jurista Jorge Carpizo enunció, asimismo, que las causas del presidencialismo –el predominio del Presidente sobre las demás instituciones del Estado mexicano– se debían a que, además de sus atribuciones constitucionales, operaba como el jefe real del partido predominante (PRI); que el Poder Judicial, integrado en buena parte por la Suprema Corte de Justicia, estaba muy debilitado; que el Poder Legislativo (cámaras de Senadores y Diputados) no ejercían ningún freno sobre él; que el Gobierno Federal tenía una marcada influencia sobre la economía nacional; que el Presidente era (es) asimismo el comandante supremo del Ejército; que ejercía enorme influencia sobre la opinión pública mediante el control económico y político de los medios de comunicación y, finalmente, que disponía de un elemento psicológico que favorecía su omnipotencia: que la mayoría de la sociedad mexicana aceptaba sin cuestionar el papel predominante del Ejecutivo.
De acuerdo con el análisis que hicieron ambos intelectuales mexicanos, resulta necesario plantearse preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema político mexicano de entonces y el actual? ¿La democracia que propició el triunfo de Morena en las urnas, en junio de 2018, es la misma que analizaron los juristas arriba citados? ¿Acaso no estamos presenciando hoy, en 2020, el mismo sistema político que hace 60 años Cosío Villegas criticó, porque funcionaba con base en un Poder Ejecutivo con amplísimas facultades y un partido oficial predominante?
Pero no solo estas características validan la similitud del sistema político vigente con el priista que prevaleció hasta finales del siglo anterior, porque en un periodo de gobierno tan corto, como el que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los mexicanos hemos presenciado una falta tan absoluta de democracia en el ejercicio del poder presidencial, que lo mismo se manifiesta en la forma despectiva con que aquél se refiere a sus opositores, que en la asunción de decisiones cuasi unipersonales, como ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco; en los esfuerzos que ahora realiza para cooptar a los órganos electorales, e incluso en su necesidad de encabezar, desde Palacio Nacional, espectáculos matutinos donde, además de dar por hecho que su opinión es la única que merece credibilidad, suele negar arbitrariamente los datos estadísticos y científicos que él y su gobierno no comparten.
Este mismo modelo, por cierto, no ha tardado en replicarse en los estados de la República donde tiene imitadores tanto de sus ocurrencias como de sus satrapías. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, es uno de ellos. En fechas recientes, este señor ha desplegado, sin ningún miramiento, una campaña contra un numeroso grupo de ciudadanos poblanos que, por la vía institucional, pretenden integrarse en partido político y a quienes el Instituto Electoral del Estados (IEE) negó su registro, pese a que cumplieron con creces los requisitos establecidos por la ley. Esta violación flagrante a la legislación electoral fue ordenada por el gobernador Barbosa quien, sin duda, está actuando como los sátrapas que por mucho tiempo prevalecieron en México.
Todo lo anterior evidencia que las campanas que recientemente repicaron por la muerte del viejo dinosaurio mintieron, ya que éste no ha muerto y sigue en pie, aunque ahora utiliza otra indumentaria. De modo que, como adujo Cosío Villegas: hace muchos años, el presidencialismo sigue siendo un problema importante y urgente por resolver, sobre todo para evitar que los mexicanos tengan que sufrir las decisiones arbitrarias y casi siempre improvisadas del actual Presidente de la República.
En San Luis Potosí capital, las autoridades municipales han retirado a cientos de comerciantes ambulantes de las calles de la ciudad.
Xóchitl Gálvez aseguró que con la designación de la nueva magistrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca apoderarse del Poder Judicial.
Un gobierno serio y responsable sabe que tomar medidas obligatorias para salvar vidas no es atentar contra la libertad de los ciudadanos, sino un deber elemental.
La 4T sigue sin mostrar que es un gobierno nuevo y diferente, y sigue sin mostrar que es capaz de trabajar por el pueblo resolviendo y atacando los principales problemas de fondo; la pobreza y miseria lacerantes.
Si bien recibían insumos a través de la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estos también fueron recortados, afectando a las investigaciones.
Con AMLO, los medios públicos fueron usados para difundir la propaganda gubernamental y atacar a los adversarios de la 4T.
Los ciudadanos tendrán entre noviembre y mediados de diciembre para juntar los 2.7 millones de firmas mediante una aplicación electrónica.
Los colectivos feministas están convocando a otra marcha el 1° de noviembre para exigir justicia por Jessica y las mujeres desaparecidas y asesinadas en el estado.
La legisladora recordó que fue en diciembre pasado cuando la iniciativa quedó congelada, luego de que el Jefe del Ejecutivo propusiera su discusión pasando el 2 de junio, fecha de la próxima jornada electoral.
Con la eliminación de los fideicomisos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le serán retirados 65 fondos de investigación.
Senadores dijeron que "el presidente no debe ser irresponsable ni incongruente".
No hay duda: la “Ley Garrote” es un traje a la medida para el gobierno morenista; y es una medida represiva que intentará implementar en otras entidades, como Chiapas, Hidalgo y el Estado de México, para impedir que sus opositores.
"Pedimos nuevo censo porque Bienestar no hizo bien su trabajo, dejaron muchas familias de escasos recursos fuera, no hemos recibido apoyos".
Reyes denunció que este día, más de 50 civiles y policías arribaron al exterior de la embajada de México en Bolivia.
La medida afectará a los funcionarios que tengan nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
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Escrito por Victoria Herrera
Maestra en Historia por la UNAM y la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.