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Un nuevo presidencialismo en México
El presidencialismo sigue siendo un problema importante y urgente por resolver, sobre todo para evitar que los mexicanos tengan que sufrir las decisiones arbitrarias.
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A principios de los años 60 del siglo pasado, el historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas afirmó que el sistema político mexicano surgido de la Revolución Mexicana tenía como características principales “un poder ejecutivo –o, más específicamente, una Presidencia de la República– con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante”. No hay duda de que hacía alusión al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cosío Villegas expresó que, dadas las amplísimas facultades, legales y extralegales, del Presidente de la República sobre los poderes Legislativo y Judicial y el abrumador predominio del partido oficial, para la existencia de una verdadera democracia en México, era urgente reducir de alguna forma esas expresiones de poder político excesivo.

A finales de esa misma década, el jurista Jorge Carpizo enunció, asimismo, que las causas del presidencialismo –el predominio del Presidente sobre las demás instituciones del Estado mexicano– se debían a que, además de sus atribuciones constitucionales, operaba como el jefe real del partido predominante (PRI); que el Poder Judicial, integrado en buena parte por la Suprema Corte de Justicia, estaba muy debilitado; que el Poder Legislativo (cámaras de Senadores y Diputados) no ejercían ningún freno sobre él; que el Gobierno Federal tenía una marcada influencia sobre la economía nacional; que el Presidente era (es) asimismo el comandante supremo del Ejército; que ejercía enorme influencia sobre la opinión pública mediante el control económico y político de los medios de comunicación y, finalmente, que disponía de un elemento psicológico que favorecía su omnipotencia: que la mayoría de la sociedad mexicana aceptaba sin cuestionar el papel predominante del Ejecutivo.

De acuerdo con el análisis que hicieron ambos intelectuales mexicanos, resulta necesario plantearse preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema político mexicano de entonces y el actual? ¿La democracia que propició el triunfo de Morena en las urnas, en junio de 2018, es la misma que analizaron los juristas arriba citados? ¿Acaso no estamos presenciando hoy, en 2020, el mismo sistema político que hace 60 años Cosío Villegas criticó, porque funcionaba con base en un Poder Ejecutivo con amplísimas facultades y un partido oficial predominante?

Pero no solo estas características validan la similitud del sistema político vigente con el priista que prevaleció hasta finales del siglo anterior, porque en un periodo de gobierno tan corto, como el que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los mexicanos hemos presenciado una falta tan absoluta de democracia en el ejercicio del poder presidencial, que lo mismo se manifiesta en la forma despectiva con que aquél se refiere a sus opositores, que en la asunción de decisiones cuasi unipersonales, como ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco; en los esfuerzos que ahora realiza para cooptar a los órganos electorales, e incluso en su necesidad de encabezar, desde Palacio Nacional, espectáculos matutinos donde, además de dar por hecho que su opinión es la única que merece credibilidad, suele negar arbitrariamente los datos estadísticos y científicos que él y su gobierno no comparten.

Este mismo modelo, por cierto, no ha tardado en replicarse en los estados de la República donde tiene imitadores tanto de sus ocurrencias como de sus satrapías. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, es uno de ellos. En fechas recientes, este señor ha desplegado, sin ningún miramiento, una campaña contra un numeroso grupo de ciudadanos poblanos que, por la vía institucional, pretenden integrarse en partido político y a quienes el Instituto Electoral del Estados (IEE) negó su registro, pese a que cumplieron con creces los requisitos establecidos por la ley. Esta violación flagrante a la legislación electoral fue ordenada por el gobernador Barbosa quien, sin duda, está actuando como los sátrapas que por mucho tiempo prevalecieron en México.

Todo lo anterior evidencia que las campanas que recientemente repicaron por la muerte del viejo dinosaurio mintieron, ya que éste no ha muerto y sigue en pie, aunque ahora utiliza otra indumentaria. De modo que, como adujo Cosío Villegas: hace muchos años, el presidencialismo sigue siendo un problema importante y urgente por resolver, sobre todo para evitar que los mexicanos tengan que sufrir las decisiones arbitrarias y casi siempre improvisadas del actual Presidente de la República.


Escrito por Victoria Herrera

COLUMNISTA


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