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El pasado 16 de julio, la Semarnat declaró emergencia ambiental en la región de Tula, Hidalgo, y estableció una Declaratoria para la Restauración Ecológica. Los focos contaminantes son la refinería de Pemex, cuatro plantas cementeras, tres caleras, la termoeléctrica y la presa Endhó, que en su conjunto provocan “altos niveles de Mercurio, Arsénico, Plomo, Bario y otros que generan enfermedades en los pobladores”. Admitió el titular de la Semarnat que ello redunda en: “... innumerables enfermedades y problemas de salud que hacen de ésta “una región prácticamente inhabitable en el sentido de una vida digna (cursivas mías, APZ), y agregó que desde el año 2018 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró la región en emergencia sanitaria” (Forbes, 17 de julio). Este mortífero ambiente de polución de aire, agua y suelo afecta, en forma inmediata, a 135 poblados donde viven alrededor de 175 mil personas.
La presa Endhó, ubicada en los municipios de Tepetitlán y Tula de Allende, construida en 1952, fue convertida en 1975 en receptor de las aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México, empleadas luego para riego en el Valle del Mezquital; un triste beneficio, pues en las poblaciones ribereñas, y en general en el valle, la contaminación provoca múltiples padecimientos: conjuntivitis, cáncer, enfermedades renales y de la piel, infecciones gastrointestinales, afecciones respiratorias, etc. Las aguas negras se filtran a los pozos que abastecen a las comunidades aledañas, llevando bacterias coliformes y metales pesados (Conagua 2007). Además, en los alrededores del embalse el hedor es sencillamente insoportable y proliferan las plagas.
Citando fuentes de Naciones Unidas, la agencia quadratín Hidalgo reportó en 2015 que: “El habitar en la ciudad de Tula es considerado un riesgo a la salud, esto debido a la contaminación generada por Pemex, señala un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Dolores Barrientos Alemán, representante del Pnuma, reveló los datos, en donde detalla que Monterrey es la ciudad más contaminada de México y América Latina, situación que aumentó el padecimiento de cáncer y muertes prematuras. En el mismo caso de contaminación se encuentran Salamanca, en Guanajuato; Tula, en Hidalgo, y Poza Rica, Veracruz...” (Quadratín Hidalgo, 26 de abril de 2015). Por su parte, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en visita al Valle del Mezquital, reconoció en su discurso del día 22 de febrero de 2012, que la región de Tula había llegado a ser la más contaminada del mundo.
El problema es añejo, y casi nada se hace para resolverlo, aunque oficialmente se lo admita, o, a veces, se pretenda minimizarlo. “En junio, Honorato Rodríguez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, reconoció que el río representa el mayor riesgo de contaminantes para el agua y, de no tratarse, el problema generará polución con efectos durante más de medio siglo” (La Jornada, 21 de enero de 2014). Otro antecedente. “Un estudio realizado por los laboratorios mexicanos Química de Investigación y Análisis y Laboratorios ABC [...] descubrió cantidades superiores a la norma ambiental de metales pesados como plomo y mercurio, así como cianuro, nitratos, fosfatos, aceites y detergentes, entre otras sustancias químicas” (Milenio Hidalgo, 18 de marzo de 2010). Pero más allá del reconocimiento formal, no se ve una acción firme y efectiva del gobierno estatal, ni del federal; total, han de pensar los funcionarios, es la vida y la suerte de los pobres.
Vea usted esta verdadera perla del discurso oficial. “Asimismo, el sector salud del estado reconoce que la actividad industrial en la zona ¡permite suponer! la existencia de contaminantes atmosféricos (signos de admiración y cursivas mías, APZ) como: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono [...] además reporta que la Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado ha monitoreado la calidad físico-química del agua en la región y ha encontrado en algunos municipios concentraciones de arsénico arriba del límite permisible marcado por la NOM que es de 0.025mg/l (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2008; fuente: SciELO “Instalación de refinerías en la región de Tula en Hidalgo”, Gabriela de la Mora, UANL). Por si faltara: “Benjamín Rico Moreno, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnat), reconoció que el tema del medio ambiente en la región Tula-Tepeji es una situación difícil de tratar para el estado, debido a que el 90 por ciento de la contaminación que se genera en la zona es del ámbito federal” (Diario Plaza Juárez, 10 de octubre de 2018). ¡Qué forma de pelotear un asunto tan grave, que pide a gritos una solución! El problema es que ni el estado ni la federación atienden en serio esto que es a la par crisis ambiental y tragedia humana.
Pero esto ocurre, estimado lector, en los días que corren, en un país y en un estado donde ya se decretó el fin del neoliberalismo y donde los pobres “son primero”; abolido pero muy presente está, y aquí lo vemos en todo su esplendor. Neoliberalismo es una política y una práctica económica centrada exclusivamente en la creación de riqueza y acumulación de ganancias, sin taxativas ni consideración alguna por la vida de los seres humanos. En el caso de Tula ocurren externalidades negativas, consecuencia de una producción industrial agresiva al medio ambiente y al hombre, contra cuyos efectos malsanos no se adoptan medidas efectivas. Se trata, también, de los efectos de un sistema urbanístico de desagüe que “resuelve” el problema de la urbe, pero arrojando las consecuencias sobre indefensos campesinos que han de pagar con su salud y su vida; es, en suma, un Estado reacio a emplear más del gasto público en la infraestructura necesaria para proteger a los habitantes; por ejemplo, en procesamiento de aguas negras, como las que llegan a la presa; en subsidiar servicios médicos a la población de zonas aledañas afectadas, en este caso en Tula y municipios circunvecinos como Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río y Tepetitlán. Por cierto, habitantes de la región han venido exigiendo hace mucho tiempo la construcción de un hospital de especialidades, pero los gobiernos prestan oídos sordos; seguramente tienen otras preocupaciones. Finalmente, debiera obligarse a las industrias a instalar sistemas anticontaminantes, vigilando con energía su debido cumplimiento. En fin, a manera de conclusión podría decirse que los pobres realmente serán primero, solo y únicamente cuando ellos gobiernen este país; mientras tanto, deberán seguir exigiendo, al menos respeto, y que los gobernantes les escuchen y atiendan.
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Escrito por Abel Pérez Zamorano
Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.