El programa Sembrando Vida, emblemático de la “Cuarta Transformación” (4T), está dirigido a comunidades agroforestales de ejidatarios y comuneros. Su objetivo en 2019: en un millón de hectáreas plantar 575 millones de árboles, pero se sembraron solo 80 millones, 13.9 por ciento, y sobrevivieron 40 millones, 6.9 por ciento del objetivo. Si damos por válidos los datos, el índice de sobrevivencia fue de 50 por ciento, inferior al 63 por ciento alcanzado por la Conafor hace dos años. Cinco mil pesos mensuales se paga a cada uno de los 230 mil “sembradores” que, no obstante el triste resultado, como premio este año serán medio millón. Debieron contratarse dos mil 300 técnicos, apoyados por 14 mil jóvenes con beca de “Jóvenes construyendo el Futuro”. A ellos, molesto por el desastre, López Obrador les espetó: el que no trabaje, no se aplique, es conservador. Un lavado de manos frente al fracaso de la onerosa aventura.

Se han erogado en dos años 43 mil 500 millones: 15 mil millones en 2019 (más de lo gastado en la pandemia), y si sobreviven 40 millones de árboles, cada uno habrá costado 375 pesos (según especialistas, con una densidad de mil 100 árboles por hectárea, el costo final por árbol, según sean plantaciones de gobierno o explotaciones comerciales, va desde nueve hasta 55 pesos). Pero nada de esto parece preocupar; echando dinero bueno al malo, y quitando recursos a las dependencias que algo hacían, como premio, a Sembrando Vida casi se le duplicó el presupuesto: 28 mil 504 millones este año, casi 60 por ciento del de la Sader, y cercano al de Semarnat (esta última tiene hoy 56 por ciento menos que en 2015), cuya capacidad de producción de árboles es limitada y encima le quitan recursos. El caos institucionalizado.

En el PEF 2020 se redujo 43 por ciento a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y se suprimió el programa de empleo temporal que operaba labores preventivas (a brigadas contra incendios les quitan 60 por ciento de recursos). Así, mientras Sembrando Vida atiende un millón de hectáreas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cubre 90 millones, y en el PEF 2019 le rasuraron 15 por ciento. En cambio, la Conafor debe atender 94.5 millones de hectáreas forestales, con una décima parte del presupuesto de Sembrando Vida. En fin, especialistas estiman que el costo del programa equivale al presupuesto de manejo y conservación de cien parques nacionales y reservas de la biósfera; y con esa suma podrían comprarse dos millones de hectáreas para conservación natural.

Desde su concepción misma, el programa estaba condenado al fracaso, aclaro, para atender el problema forestal. Quedó sectorizado en la Secretaría del Bienestar, no en Semarnat o Agricultura, técnicamente las idóneas; así convenía a su propósito. Es improvisado, sin reglas de operación ni mecanismos precisos de evaluación, ni transparencia: carece de un padrón público de beneficiados, situación advertida por el propio Coneval. Según el diputado Heraclio Rodríguez, coordinador de la Comisión de Agricultura: “Hay mucha discrecionalidad en la aplicación de los recursos y a la fecha no han hecho público el padrón completo de beneficiarios” (Reforma, 14 de julio). Reforma agrega que el padrón utilizado fue levantado por los “Servidores de la Nación” (léase activistas de Morena), y adolece de graves inconsistencias: en el portal de la Secretaría del Bienestar, Sembrando Vida, en todo Oaxaca en 2019 había siete beneficiarios inscritos. Hay duplicidad de funciones con la Semarnat y la Sedena. Frecuentes reportes advierten que propietarios talan áreas forestales para justificar ser incluidos en el programa (en economía esto se explica por los llamados “incentivos perversos”). A ver si al final no resulta más lo destruido que lo sembrado. No hay programas de capacitación ni asistencia técnica permanentes, señalan los especialistas; tampoco estudios de factibilidad y análisis ecológicos. Se desconoce cómo se eligen las especies y áreas a reforestar; falta manejo de combate de plagas. La distribución es tardía. El Coneval reportó en julio que no hay un calendario de compra, distribución y entrega de plantas e insumos acorde con los ciclos agrícolas, para reducir la muerte de plantas.

Pareciera no entenderse que no basta sembrar árboles. Se requieren manejo y protección. Pero el programa esencialmente no está orientado al cuidado y recuperación de los bosques, sino a repartir dinero para control político, compra de votos e incondicionalidad con la 4T. Mientras tanto, el verdadero problema crece. De “2002 a 2019, México perdió 594 mil hectáreas de bosque primario húmedo, un 15 por ciento de la pérdida total de cobertura forestal. El área total de bosque primario húmedo disminuyó un 5.7 por ciento...” (Global Forest Watch, BBCMundo, cuatro de junio 2020). El año pasado, México perdió una superficie forestal de 127 mil 770 hectáreas, equivalente a un tercio de la superficie de Tlaxcala (FAO). Figuramos entre los cinco países latinoamericanos con más deforestación, 321 mil hectáreas (Ibíd.). “En 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario en el país desde que empezamos nuestro monitoreo en 2002” (Mikaela Weisse, Global Forest Watch). Nos ubica también en noveno lugar entre los países con mayor pérdida de bosque primario (2019).

En definitiva, veníamos mal y hoy estamos peor. Y es que subsisten (aunque ya sepultaron al neoliberalismo) las causas económicas determinantes, que la 4T desdeña. Destaca la ampliación territorial de ganadería, turismo, desarrollos urbanos, habitacionales y comerciales; la expansión de la frontera agrícola para cultivo de aguacate (en Michoacán y Jalisco), palma africana, sorgo; particulares estragos se aprecian en Campeche, la Tarahumara, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo. Faltan guardabosques. Se impone la tala clandestina, y los contrabandistas de madera, que la venden más barata. Y a los incendios forestales agréguese ahora el Tren Maya.

El problema exige, pues, un enfoque agroecológico en la producción agropecuaria y silvícola, y en toda la actividad económica; un modelo sustentable que proteja nuestros recursos naturales de los efectos devastadores del capital sin freno y de las trasnacionales; debe apoyarse, en serio, a pequeños productores, muchos de ellos en extrema pobreza, elevando significativamente sus ingresos para lograr una relación más armoniosa con los ecosistemas. Pero no depositemos grandes esperanzas en que este gobierno lo haga. Sus intereses son otros: las vendettas políticas y la rifa del avión. Y a confesión de parte... Víctor Toledo, integrante, hasta hoy, del gabinete, lo dijo claro: “No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente, la Sader y el jefe de la Oficina de Presidencia están en contra”. Así pues, el fracaso de Sembrando Vida exhibe una administración en nada comprometida en la solución del problema forestal, consecuencia del neoliberalismo, sí, pero agravado hoy por el desdén y la incompetencia.