La asignación de recursos al presupuesto del agro sigue cayendo. En 2019, la Secretaría de Agricultura tuvo el más bajo en once años; en los últimos dos, la asignación ha caído en 40.2 por ciento, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) para 2021 contempla un aumento de 3.47 por ciento, que será nulificado por la inflación; situación similar guardan las cosas en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Y eso no es todo. El PPEF no se aprecia muy sólido, pues asume supuestos irreales, lo que augura futuros recortes. Para este año prevé una caída de ocho por ciento en el PIB (instituciones especializadas proyectan 10 por ciento; el FMI, 10.5), y para el próximo, una recuperación de cuatro por ciento (el FMI espera 3.3 y la Encuesta Citibanamex, 2.5). Y si cae el PIB caen los ingresos gubernamentales. Asimismo, se asume que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, decrecerá cinco por ciento este año; según el FMI, 6.6 por ciento. Con base en estas cuentas, el presupuesto total incluso aumentaría ligeramente.

Pero además de esta incertidumbre, de entrada, el PPEF ahonda el abandono al campo. Quedan sin recursos y en riesgo de desaparecer, o de plano se suprimen, 17 programas de Fomento a la Inversión y la Productividad, entre ellos: Crédito Ganadero a la Palabra, Fomento Ganadero, Investigación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola, Programa de Apoyos a la Comercialización; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Apoyo a la Comercialización. En situación de alto riesgo quedan FIRA, Agroasemex y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pierde una quinta parte de sus recursos, con el consecuente riesgo a la salud de los mexicanos y pérdida de competitividad en las exportaciones. “En 2021 no habrá programas que estimulen la productividad, se acaban los apoyos que había a través de financieras y seguros para que los productores tuvieran tasas de financiamiento más competitivas” (Juan Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas). Según datos proporcionados por el diputado Ismael Hernández Deras, de cada cien pesos destinados a Sader, 75 centavos irán a impulsar la productividad. Las transferencias directas de dinero, electorales, consumen 35.1 por ciento del Programa Especial Concurrente (recursos totales otorgados al sector por diferentes dependencias).

Respecto al medio ambiente, las cosas no están mejor. Como porcentaje del PIB, el presupuesto de la Semarnat ha caído de 0.38 en 2014 a 0.11 este año. Ahora se plantea un minúsculo aumento de 0.9 por ciento. En contraparte, Sembrando Vida, que no se define esencialmente como programa de reforestación, recibirá casi diez veces más recursos que la Comisión Nacional Forestal, que apoya la silvicultura, atiende la deforestación y combate incendios forestales: pierde 8.6 por ciento de su presupuesto. Continuarán la pérdida de bosques, la erosión y el azolve de lagos y lagunas. A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que cuida el patrimonio natural y la biodiversidad en 182 áreas naturales, se le deja igual presupuesto, reducido de facto por la inflación; se recorta 6.4 por ciento el de la Procuraduría Federal para Protección al Ambiente, y 5.7 por ciento al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Ciertamente, por la pandemia hay menos recursos disponibles, pero ésa no es la causa profunda del abandono al desarrollo productivo agrícola: es la estrategia, errada, de este gobierno desde su primer presupuesto. Los proyectos supermillonarios del presidente, dotados, esos sí, con más recursos, son su verdadera prioridad: en conjunto, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas se llevan 102 mil 653 millones. Los programas de transferencia directa (léase reparto electoral): Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y Becas Benito Juárez, reciben 265 mil 383 millones. Pero hay más: cuantiosos recursos van a nómina.

En un artículo publicado en El Financiero 15 de septiembre, Alejo Sánchez Cano, citando fuentes de la Cámara de Diputados, dice: “el engaño que prevalece en torno a la austeridad y el recorte de plazas en el Gobierno Federal, ya que el rubro de servicios personales (sueldos) que pagará el sector público, ascenderá a 1.37 billones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2020. Esta cifra tiene el nivel más alto de este rubro de gasto en la historia del país (cursivas mías, APZ), y significa 30 por ciento del gasto programable total...”. Ejemplifica: “En 2020 la Oficina de la Presidencia registró un total de mil 280 plazas y su gasto en servicios personales fue de 433.8 millones de pesos, por lo que el costo promedio de cada plaza en la Presidencia fue de 338 mil 900 pesos anuales. Sin embargo, para 2021 se tienen registradas mil 87 plazas y (...) el costo promedio anual de cada plaza será de 449 mil 402 pesos anuales; es decir un incremento de 32 por ciento en el costo promedio anual, a pesar de la disminución en el número de plazas...”. Y así, en diferentes secretarías. Austeridad, sí, pero en hospitales, escuelas, estados y municipios, y en el campo, mas no en las altas esferas gubernamentales.

En conclusión, el distorsionado proyecto presupuestal 2021 se focaliza en el reparto electoral de dinero y no promueve productividad, producción ni desarrollo en el campo; una estrategia insostenible en el largo plazo e ineficaz, pues ningún pueblo en el mundo ha superado así la pobreza; al contrario, al no generarse recursos adicionales para repartir, aumentará la pobreza de los campesinos y otros sectores. Asimismo, habrá de incrementarse la importación de alimentos y será mayor la pérdida de soberanía alimentaria. Aumentará la quiebra de productores agrícolas y ganaderos, se reducirá el ingreso agrícola de los campesinos, y esto redundará en mayor emigración rural-urbana, con todas sus consecuencias. Es previsible un incremento del desempleo formal y del número de ocupados en la informalidad y, como secuela, un aumento en la delincuencia y en los costos de transacción a ella asociados. El Presidente dice que debe atacarse la raíz social del crimen, pero su política presupuestal desmiente el discurso. Las verdaderas prioridades se reflejan en el presupuesto, y es claro que el sector agrícola y la protección del medio ambiente y los recursos naturales no lo son para el gobierno actual.