El Plan Hídrico Nacional (PHN), difundido el pasado 16 de noviembre, se sustenta en un “acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad” suscrito por el actual Gobierno Federal morenista y el grupo de empresarios que acaparan la comercialización e industrialización del vital líquido en México.

Uno de los enunciados del PHN prevé la “devolución voluntaria de agua” a los usuarios; pero ninguna de sus “soluciones” atiende congruentemente el complejo problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos ni las deficiencias e insuficiencias de los sistemas de almacenaje y distribución hídrica nacional o estatales una vez evidenciada la crisis de sequía registrada a mediados de 2024.

Jacobo Espinosa Hilario, investigador experto en ingeniería hídrica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reveló a buzos que el citado plan se concentra en el reparto de agua a los usuarios; pero omite garantizar las fuentes de ésta y/o reparar los daños sobresalientes en su distribución.

El también activista de organizaciones ambientalistas y promotoras del derecho humano al agua citó la sobreexplotación realizada en la Ciudad de México (CDMX), donde la extracción de agua de los almacenamientos o acuíferos subterráneos rebasa el 300 por ciento, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esto provoca mayor hundimiento en la capital de la República y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) –explicó Espinosa–, por lo que nada garantiza que las tuberías resistan, sino que se deterioran, generan fugas, dejando sin líquido vital a miles de personas durante varios días.

En la presentación del PHN se insistió en que el agua representa un derecho humano, y que en adelante no sería más una mercancía; pero, en el resto de su contenido, el Plan no incluyó normas garantes para su almacenaje natural e hidráulico, disponibilidad suficiente, calidad y acceso sin altos costos.

Además, el PHN morenista tiene un “cuarto piso” demasiado endeble o “colgado del aire”: ofrece salvaguardar el acceso al agua como derecho humano, mientras sus principales “ingenieros hidráulicos” son también los dueños de las corporaciones nacionales y extranjeras que lucran con el agua a costa de los ciudadanos y del medio ambiente.

El acceso al agua como derecho o garantía humana fue reconocido el ocho de febrero de 2012 en la Carta Magna –95 años después de la promulgación de la Constitución de 1917– debido a las presiones de los terratenientes y de los dueños de las fábricas de cervezas y refrescos, industria entonces reciente.

Este reconocimiento fue posible gracias a las organizaciones civiles nacionales e internacionales y no a la promoción o la benevolencia de los gobiernos federales dedicados a proteger los multimillonarios negocios corporativos.

Esa reforma constitucional no se aplicó porque la Ley General de Aguas, su legislación reglamentaria, debía aprobarse en un plazo no mayor a un año (a más tardar el ocho de febrero de 2013) fue bloqueada.

Los intereses mercantiles y políticos la priorizaron porque sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde el 1° de diciembre de 1992 y que resignificaba al líquido vital con enfoque mercantil.

Pero el PHN del gobierno morenista, que promueve la Ley General de Aguas diferida desde 2012, realmente es una fusión de ésta y de la mercantilista y “neoliberal” Ley de Aguas Nacionales de 1992.

Hace 32 años, esta legislación fue criticada por los militantes de “izquierda” que dos décadas después fundaron Morena, el partido que hoy gobierna y que se opone teóricamente al neoliberalismo mientras concesiona el agua a las grandes corporaciones que la mercantilizan.

Esa legislación fue expedida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) dos años antes de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá que, según su suscriptor local, convertiría a México en un “país rico”.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el PHN, reconoció que éste significaba una etapa nueva en la gestión y administración nacional de agua, garantizándola como materia del derecho humano por encima de los intereses económicos.

Especialistas sostienen que durante los 75 años anteriores a la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, se repartieron dos mil 600 permisos especiales para su explotación; y que después de este año se otorgaron 360 mil concesiones de explotación con vigencia de 50 años, prorrogables por ese mismo lapso.

Los poderosos mandan sobre el agua

El modelo de gestión del agua debe cambiar porque, en el vigente, quien manda es el poder económico, aclaró a buzos Jacobo Espinosa, activista de las organizaciones impulsoras de una Ley General de Aguas que sustituya completamente a la Ley de Aguas Nacionales de 1992.

“Que se cambie el modelo; porque actualmente quienes deciden son los industriales, las inmobiliarias, las mineras y al último la academia y la sociedad civil que deben estar muy bien organizadas para que se les considere.

“Por eso era la propuesta (impulsada por organizaciones civiles) de Ley General de Aguas, que prevé la participación social en la toma de decisiones, balance efectivo en las reservas de agua en el territorio y justicia ante los abusos”, advirtió.

El también integrante de la Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México (Edomex) destacó que se debe impulsar el control colectivo del agua, método que ha mostrado eficacia, porque las organizaciones comunitarias “han dado servicio de agua potable en más de 80 mil pueblos, pero no se les ha reconocido; entonces no hay recursos para ello”.

Desde hace más de tres décadas, la Ley de Aguas Nacionales convirtió al agua en mercancía y en materia prima con la que se beneficia a la industria trasnacional de exportación, sobre todo la agroalimentaria, la automovilística y la contaminante minería.

El vital líquido es insumo básico de las empresas cerveceras, refresqueras y de las envasadoras de agua potable supuestamente sanitizada, mientras que falta en gran parte de las tuberías de barrios pobres en poblaciones urbanas.

Según datos oficiales, el 76 por ciento del uso de agua se destina a la industria agroalimentaria (de exportación) y pecuaria, y el 15 por ciento al uso público en zonas urbanas, donde hay tuberías obsoletas, mientras que en las áreas rurales no existen.

El párrafo 6 adicionado al Artículo 4º Constitucional sobre el derecho al agua, obstruido desde 2012, establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…

“…El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En contraste, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que el gobierno busca actualizar, omite la participación ciudadana en la distribución equitativa, de la sobreexplotación de las fuentes disponibles de agua y las marcadas carencias del líquido en numerosas regiones del país.

El Artículo 20° de esta legislación afirma: “La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión (Nacional del Agua)…”.

Y en el Artículo 24: “El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de cincuenta años…”.

Estos 50 años de vigencia son prorrogables por un plazo igual; de tal forma que las expedidas en 1993 tienen vigencia hasta 2043, y ampliadas pueden llegar al año 2093. Solamente se puede retirar una concesión si el titular incumple con la cuota establecida (muy baja) o impide las inspecciones oficiales para verificar si utiliza la cantidad de líquido autorizado.

Lobos vegetarianos 

Con el PHN, los concesionarios ofrecieron voluntariamente no acaparar agua, usar únicamente la permitida, se comprometieron a asumir conciencia social y a repartir agua a la población necesitada.

El proyecto morenista presupone también que los más de 300 mil grandes consumidores de agua, empresas e industriales, aceptarán amablemente las supervisiones; y que ya no darán dinero a los inspectores gubernamentales porque se “impedirá la corrupción”.

En el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, suscrito una vez emitido por el PHN, se prevé que 200 industriales devolverán voluntariamente sus “excedentes”, es decir, el agua que “les sobre”.

En algo que solamente puede acreditar el propio gobierno, devolverán 126 millones de metros cúbicos de agua concesionada; mientras que 67 distritos de riego agrícola de exportación regresarán dos mil 800 millones para destinarla a las zonas donde se requiera.

Como ejemplo de la “transformación moral empresarial”, Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, compañía denunciada por activistas sociales y ejidatarios desde hace mucho tiempo por el enorme acaparamiento de agua, anunció que devolverá concesiones de agua que posee en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que, en 2025, su gobierno destinará 20 mil millones de pesos (mdp) para crear un “registro nacional de agua para el bienestar”, y para inspeccionar a grandes consumidores del líquido vital.

Pero en la VI Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, celebrada el 18 de agosto de 2024 en la CDMX, los pueblos originarios denunciaron que los gobiernos de Morena han preservado el “neoliberalismo” y protegen a los mercantilizadores, explotadores y contaminadores del agua, tal como las mineras nacionales y agroalimentarias trasnacionales.

Denunciaron que se aplican antiguas y nuevas formas de “acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua, la desvían… hay un otorgamiento de concesiones ilimitadas para las industrias, minería y empresas, mientras la población se limita a un día o incluso a horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada”.

Un sexenio acabó y otro empezó, y “no terminan la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad: un segundo piso para los de arriba, construido sobre los y las de abajo. Los banqueros y mega ricos no pueden estar más que contentos. Sus riquezas y su impunidad se ensanchan”.

Denunciaron que el gobierno morenista cambió de nombre al neoliberal Plan Puebla Panamá –luego denominado Proyecto Mesoamérica– con sólo escribir “el apellido Bienestar para intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte”.

Afirmaron que en la Península de Yucatán, “los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes, vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado Tren Maya. Vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de la agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes”.

Agua neoliberal

Las tarifas por recibir agua pública en los hogares urbanos varían en cada estado de la República; pero el gasto mensual promedio de las familias es de 80.73 pesos por metro cúbico (m³), de acuerdo con el estudio El Costo del Agua en México, del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

“Además de esta tarifa mensual, algunas familias deben afrontar costos adicionales, tales como la instalación de sistemas de purificación y el empleo de servicios de abastecimiento mediante pipas”.

En 2020, México lideró el consumo mundial de agua embotellada con 282 litros por persona, cinco veces más que el promedio global, detalló el IMCO en su informe de agosto de 2023. También destacó que las tarifas por el suministro de agua potable en México carecen de un estándar nacional; y que cada entidad “cuenta con su propia legislación relacionada con el uso del agua”.

El IMCO informó que el Gobierno Federal aplica un subsidio para que las tarifas por el uso de agua se rebajen. “No obstante, el esquema actual (de subsidios) ha demostrado ser ineficiente al beneficiar principalmente a los grandes usuarios”.

Esta organización civil explicó que un suministro de agua potable sin interrupciones resulta básico para la vida y el desarrollo social; y afirmó que no todos los mexicanos tienen garantizado el acceso al agua.

“Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, 2.5 millones de viviendas (6.9 por ciento) no acceden al agua potable entubada, lo que obliga a buscar otras opciones”.

Esta situación se debe a que, entre otras causas, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 modificó las legislaciones locales sobre la operación del agua y se abrieron las concesiones a empresas privadas para la prestación de este servicio público localmente.

Según el Artículo 115° de la Constitución, el servicio de agua, alcantarillado, saneamiento, y reutilización del líquido es responsabilidad de los gobiernos municipales a través de “organismos operadores del agua”.

Estos organismos, “la mayoría están endeudados, no son transparentes; los utilizan como la caja chica del municipio; y entonces ahí si no hay una buena administración, no habrá una buena gestión, buena distribución ni una buena conservación”, destacó a este semanario el activista Jacobo Espinosa.

El derecho al agua no sólo implica que el agua llegue a las casas sino “también debe ser de buena calidad, no debe ser cara, y entonces aquí entran los sistemas municipales que se han privatizado; a ellos lo que les interesa no es el servicio, sino la ganancia; entonces le suben el precio, vulnerando una de las partes del derecho humano al agua”, subrayó.

Con la ley de 1992, entre las primeras corporaciones favorecidas en 1993 figuran las filiales locales de las trasnacionales francesas Veolia y Suez; luego entraron las empresas mexicanas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en territorio nacional existen dos mil 356 organismos operadores, entre gubernamentales y privados; mil 567 suministran agua a la población urbana; 98 a las rurales y 691 en ambos casos, de varios municipios.

Entre los operadores privados, desde 1994, la empresa Aguakán se encarga del agua en municipios de Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Querétaro; en esta entidad está la Operadora Querétaro Moderno.

Otro análisis del IMCO propuso, el 31 de enero de 2024, que además de modernizar las leyes en la materia, es indispensable una inversión suficiente para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura hídrica.

“La infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua”.

La falta de acceso al agua es grave, establece el informe, porque la disponibilidad promedio de agua por persona ha disminuido constantemente durante las últimas décadas.

“En 1960, la disponibilidad ascendía a 10 mil m³; mientras que para el año 2000 se había reducido a cuatro mil m³. Actualmente, se encuentra en tres mil 200 m³; y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de los tres mil m³, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación”, alertó.