Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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General Zaragoza y General Terán, nuevos Pueblos Mágicos de Nuevo León, que se suman a los reconocidos Bustamante, Linares y Santiago, no están en condiciones de albergar a los turistas que desean disfrutar sus paisajes y culturas tradicionales.
No están preparadas porque carecen de la infraestructura turística, es decir, adecuadas vías de comunicación, hoteles, restaurantes, etc., tampoco tienen los servicios básicos más elementales para garantizar a los visitantes una estancia atractiva y saludable.
Cuando la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, recibió la distinción del Secretario de Turismo (ST) federal, Miguel Torruco Marqués, declaró: “Nuevo León tenía tres pueblos mágicos: Bustamante, Santiago y Linares. Después de un año de arduo trabajo… logramos dos pueblos mágicos más: Terán y Zaragoza”.
“Ya somos cinco, que implica más lana, más dinero para turismo… patrullaje federal y de Fuerza Civil”, reconoció a su vez el gobernador del estado, Samuel García.
Sin embargo, tanto las autoridades federales como estatales omitieron informar que General Zaragoza y General Terán, alejadas de la capital Monterrey, tienen problemas de seguridad pública, salud, comunicación vial, comercialización y de servicios básicos.
De acuerdo con cifras oficiales, General Terán cuenta con 14 mil 109 habitantes y General Zaragoza con seis mil 282, mucho más acentuados que los de Santiago.
El Programa de Pueblos Mágicos (PPM), creado hace 18 años por el Gobierno Federal, pretende convertir a los municipios, con esta denominación, en áreas turísticas, mediante la difusión de sus atractivos naturales, ecología y expresiones artísticas y culturales originarias o coloniales (folclore musical y dancístico, vestimenta, arquitectura, culinaria, etc.).
Estudios especializados revelan que, con los cambios exigidos por el turismo y las necesidades de preservar su hábitat, los Pueblos Mágicos enfrentan problemas de financiamiento que únicamente se resuelven por unas cuantas personas en desdoro de los demás habitantes.
Además, en un análisis interdisciplinario, otro estudio concluye que desde su creación en el 2001, la visión y política de los Pueblos Mágicos ha desprotegido al medio ambiente.
Las profesoras-investigadoras del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Liliana López Levi y María Elena Figueroa Díaz, quienes coordinaron estos análisis, sugieren que si el PPM permanece sin una revisión minuciosa ni los ajustes requeridos, su atractivo turístico ya no tendrá éxito.
Figueroa Díaz explica que el programa está provisto de un “autoboicot” o “suicidio turístico”, porque la afluencia masiva de personas termina por dañar los recursos naturales que motivan su atractivo.
“Los paisajes, selvas, bosques, playas, flora, fauna, formaciones rocosas, entre otros, que son parte del atractivo turístico de dichos lugares, se transforman, se cubren con edificios, por ejemplo, o desaparecen”, detalla.
Estas nuevas construcciones, el exceso de automóviles, los problemas de tráfico y el ruido que producen, terminan por ensombrecer los paisajes y contaminarlos con desechos sólidos y volátiles.
Por ello, las especialistas revelan que la denominación de Pueblos Mágicos debe contener programas de protección o blindaje múltiple para evitar que los municipios terminen convirtiéndose en pueblos fantasmas y en un problema para sus habitantes.
Es decir, no basta con distinguirlos con una designación pomposa, sino que deben ser dotados con la infraestructura necesaria para que todos sus habitantes compartan los beneficios de un centro turístico moderno.
Las expertas coincidieron en que un PPM serio debe incluir un plan de desarrollo integral que ataque las condiciones de precariedad socioeconómica, en la que vive la mayoría de los habitantes de los llamados “pueblos mágicos”.
De otro modo, precisaron, todo quedará en el discurso hueco y mentiroso, similar al que hoy prevalece en el actual Gobierno Federal.
Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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Escrito por Luis Maldonado García
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