Las caravanas de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala dejaron atrás su relativo éxito de finales de 2018, debido a que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) endureció su política migratoria, apretó las tuercas a sus homólogos de Guatemala y México en 2019 y, a principios de este año, se inició la pandemia del Covid-19.

A partir de este cambio drástico, los emigrantes de Centroamérica y de algunos países en El Caribe y Sudamérica se han visto obligados a viajar individualmente o en pequeños grupos, buscando rutas clandestinas y, por lo mismo, más riesgosas para su integridad física por cuenta de delincuentes comunes y autoridades migratorias, y militares de Guatemala y México.

Las medidas de contención adoptadas por los gobiernos de ambos países –en el caso de México, mediante el despliegue de la Guardia Nacional (GN) y el personal del Instituto Nacional de Migración (INM)– “empujan” a los migrantes hacia caminos más difíciles en áreas selváticas y boscosas, donde carecen de la protección de las caravanas masivas.

Sin embargo, y pese a la ausencia de una “caravana madre” como la de octubre de 2018, las familias depauperadas de Centroamérica perseveran en la búsqueda del “sueño americano” e inconscientes de que, detrás de la más reciente y desmañada “caravana”, también pudo haber un interés político vinculado con la elección presidencial en EE. UU. del tres de noviembre.

Es decir, como explicó a buzos Ivonne Álvarez Gutiérrez, investigadora social del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los migrantes “están siendo utilizados con fines políticos y ellos se mueven como las olas: para donde los lleve la marea”.

Este fenómeno fue nuevamente observado el pasado 30 de septiembre, cuando más de tres mil centroamericanos, la mayoría hondureños, irrumpieron en Guatemala intentando reproducir el efecto de la “caravana madre”; pero, a diferencia de 2018, las autoridades guatemaltecas detuvieron la marcha y le “hicieron el quite” a México, cuya exitosa política antiinmigrante se inició el año pasado.

En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicialmente había anunciado una política de “puertas abiertas”, de “paso libre” a la frontera con EE. UU., y aun para regularizar a los migrantes. Sin embargo, un mes después, las presiones del presidente estadounidense Donald Trump lo obligaron a “poner candados” en Chiapas, la frontera entre México y Centroamérica.

Ahora, de acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno guatemalteco ha deportado más migrantes, dos mil aproximadamente. A decir del gobierno de López Obrador: “fueron convencidos de regresar a sus hogares para no arriesgar sus vidas por la crisis sanitaria”.

Pero lo narrado por los migrantes es totalmente distinto y en extremo preocupante, porque algunos de ellos revelaron que las autoridades guatemaltecas los amenazaron hasta con 10 años de cárcel si violentaban las leyes sanitarias y los que se atrevieron a cruzar la frontera debieron lidiar con la Policía Nacional Civil de ese país y fueron deportados en autobuses a sus países de origen. Por ello fueron muy pocos los que decidieron continuar la travesía.

Además, en México, el personal del INM y la Guardia Nacional los esperaban en la frontera con Guatemala apoyados por el ejército. El “escudo humano” más notorio se formó a lo largo de un kilómetro en la orilla mexicana del río Suchiate, donde se encuentra la frontera con Guatemala. Pero no fue necesaria su intervención, porque el número de los migrantes era menor.

Hasta ahora, estas instituciones vigilan los seis puntos de entrada más recurrentes de tránsito ilegal en la frontera. Los operativos de patrullaje y los retenes son apoyados con drones para detectar las rutas clandestinas. Respecto a este intento de ingreso de las caravanas, López Obrador declaró que no había sido una “casualidad que se organizara una a un mes de las elecciones en EE. UU.”.

La xenofobia, otro mal antiinmigrante

Ivonne Álvarez Gutiérrez, profesora también del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), explicó que el libre tránsito de los migrantes, así como el respeto a sus derechos humanos, no está garantizado. “Además de que uno puede advertir que la xenofobia ha aumentado y se puede observar en muchas partes, principalmente en ciudades fronterizas como Tapachula. Pero ahora se vive en las capitales como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

La especialista urgió a las autoridades mexicanas a “ser más humanas” y empáticos con quienes buscan un mejor futuro en EE. UU. “Las personas no salen de su país de origen por gusto, sino por necesidad y para obtener mejores condiciones de vida. Falta mucho trabajo por hacer. Si se ha salvaguardado la integridad de los migrantes, se debe al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo la investigadora.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano afirmó que el despliegue militar en las orillas del río Suchiate, instrumentado con el pretexto de la emergencia sanitaria, fue en realidad confeccionado para impedir la entrada de migrantes centroamericanos en el marco de “una narrativa de criminalización y estigmatización”.

Gabriela García salió de su natal Honduras en busca de un futuro mejor. A casi 10 meses de residir en Chiapas y de realizar trámites migratorios, hoy sigue en el limbo. “Les pido a las autoridades que agilicen mis documentos para obtener la condición de refugiada junto a mi familia. Desde que llegué a México, nuestra vida ha sido complicada y no he tenido oportunidad de trabajo”, contó a buzos.

En la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez relató los episodios dramáticos que ha soportado, entre ellos el mayor: la pérdida de sus gemelos que tenían ocho meses de gestación. Fue un golpe muy duro del que aún no se repone. “No puedo salir de la ciudad, no quiero; me da miedo que nos deporten”.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria del Covid-19 y las instituciones mexicanas cerraron sus puertas, los migrantes no tienen a quién recurrir. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fue de las primeras en cerrar. Pierre-Marc René, integrante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Tapachula, informó que, de enero a septiembre, la Comar recibió 27 mil solicitudes de asilo en Chiapas.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, se registró un descenso del flujo migratorio, pero esto no produjo que las solicitudes de refugio en México disminuyeran. El 60 por ciento de las peticiones hechas en Tapachula solo han recibido instrucciones sobre cómo ingresar adecuadamente una solicitud de asilo en el país.

A causa de su posición geográfica y su frontera con EE. UU., México es uno de los principales destinos de migrantes latinoamericanos. De 2014 a la fecha, las solicitudes de asilo se han multiplicado 35 veces, ya que hace seis años solo dos mil personas pidieron asilo; pero en 2019 el número de éstas ascendió a 70 mil 400. Entre 2013 y septiembre de 2020, la Comar reconoció como refugiadas a 35 mil 442 personas y otorgó protección complementaria a seis mil 325; es decir, hay 41 mil 767 migrantes a los que el Estado mexicano ha brindado amparo.

La tasa de reconocimiento en torno a la condición de refugio es del 61.2 por ciento, mientras que de protección complementaria, del 10.9 por ciento. Pierre-Marc René informó que además de apoyo jurídico, protección y asistencia humanitaria, el asilo brinda también recursos económicos para que el beneficiario rente un departamento.

Pero la demanda sobrepasa por mucho las solicitudes que la Comar acepta, y no es posible prever que esta política cambie para el futuro próximo. Pierre-Marc René explicó a buzos que la ACNUR no prevé una situación mejor en los meses venideros, y los migrantes buscarán otras opciones ante los problemas de pobreza y de salud frente a la pandemia.

Ineficiente la Tarjeta de Residencia Permanente

La ACNUR calcula que en el mundo existen alrededor de 470 mil refugiados. “La movilidad internacional después de la Covid-19 iba a tomar cauces numéricamente altos por los efectos de la pandemia, al recrudecerse la pobreza y niveles de violencia doméstica y de las pandillas (maras)”, aseguró Ivonne Álvarez Gutiérrez.

Las expectativas de desarrollo de los migrantes son fijadas por el modelo de vida en países como EE. UU., ya que, en las naciones más pobres o subdesarrollados, no se generan condiciones mínimas de desarrollo y supervivencia para que sus ciudadanos decidan quedarse, sostuvo la especialista.

El tres de octubre pasado, el subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell, declaró que los migrantes no representaban ningún riesgo derivado por la pandemia del Covid-19 y que se les debe atender, acompañar y respetar sus derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no ha desarrollado ninguna acción de apoyo médico para ellos.

El gobierno de Chiapas solo les ha ofrecido empleos temporales mientras esperan una respuesta a su petición de asilo. A diferencia del gobierno de Baja California, que tiene años pidiendo este programa de ayuda para los migrantes, Chiapas es el único estado que ha recibido la aprobación del Gobierno Federal.

Débora Alcatraz, estilista en su natal honduras, actualmente trabaja en el área de limpieza del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, labor por la que recibe un pago de dos mil 700 pesos quincenales. La migrante hondureña pertenece a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTTTI), lo que le ha complicado la existencia tanto en su país de origen como en México. Su nombre oficial –porque no le han querido cambiar su identidad– es Deyby Alexander Estrada Enamorado y salió de Honduras, como miles de sus compatriotas, después de sufrir muchos años de violencia de género, homofobia y pobreza.

En Tapachula vivió en un albergue, pero debió abandonar la Perla del Soconusco tras sufrir varios intentos de violación y asaltos, además de insultos: “En vez de apoyarnos, nos corrieron del albergue”, contó a este semanario mientras esperaba afuera de la Comar para recibir sus documentos y continuar su camino hacia el norte de México.

Hasta ahora ha realizado buena parte de los trámites y solo falta que le den una resolución; pero por la crisis sanitaria, se ha retrasado todo. Sin embargo, confía en que le concederán el asilo y que podrá viajar a la Ciudad de México (CDMX), donde podrá “ser más libre”.

Uno de los problemas más frecuentes de los migrantes se produce cuando la tarjeta de residente permanente no es aceptada en bancos, en oficinas administrativas municipales y estatales o para acceder a programas sociales, a pesar de que funciona como una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que contiene todos sus datos personales.

Ello se debe a que el INM no ha difundido, entre las instituciones gubernamentales y privadas, el valor jurídico que la tarjeta guarda o debe tener en la identificación de una persona, denunció Ivonne Álvarez. “Cuando quieren obtener una cuenta de banco, por ejemplo, es que se encuentran con esta traba”.

Una migrante salvadoreña, quien pidió que se reservara su identidad, reveló que “si tramita la credencial por vínculo familiar, le cuesta ocho mil pesos y a quien solicita refugio no le cobran; pero es un proceso que suele tardar varios meses para que se las entreguen. No sirve para abrir cuentas bancarias, trámites en establecimientos y lo que más vale a veces es el pasaporte”, explicó.

Muchas personas necesitan este servicio para enviar dinero a sus países, pero el banco no las valida, y las instituciones de gobierno afirman que no tiene valor oficial a pesar de que la expide el INM. El único beneficio del documento es legitimar el estatus de la persona en el país, pero no tiene otros usos prácticos.

Su costo oscila entre cinco mil y 10 mil pesos. Banco Azteca es una de las instituciones financieras más utilizada por los migrantes, pero también es la que más les dificulta los trámites.

Las reglas para la atención de los niños y adolescentes están paralizadas. Se ha puesto a debate su estancia en albergues, pero todavía no se implementan, pese a que están previstas por el Gobierno Federal. Sobre el progreso en la armonización de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con la Ley de Migración, la catedrática Ivonne Álvarez aclara:

“Había un choque entre estas dos leyes porque el reglamento del primero prohíbe tajantemente que se encuentren alojados (en realidad detenidos) en las estaciones los niños y adolescentes. En tanto la Ley de Migración señala que en casos excepcionales podían permanecer en éstas; sin embargo, con la reforma que se discutió en el Senado en días pasados, se está estipulando que no deben tocar una estación migratoria”.

Y mientras se destraban estas situaciones burocráticas, los migrantes de Centroamérica y otros países de Latinoamérica siguen detenidos en varias ciudades de Chiapas; mientras, el Estado mexicano les sirve de entrada hacia el “sueño americano” y como supuesta salida a sus graves problemas de pobreza, enfermedad y delincuencia en sus países de origen.