La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) revela que México atraviesa por una crisis de desaparición de personas; y que la causa por la que los familiares realizan este trabajo, es la desconexión institucional entre los gobiernos estatales, municipales y Federal.

En el ambiente dramático generado por este terrible flagelo social, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a que en el país “no pasa nada”, y que prevalecen el “amor y la paz”, carecen de sentido; y parecen más bien negar una terrible realidad de dolor y angustia que afecta a miles de hogares mexicanos.

Una realidad que, tan solo en los cuatro años de su gobierno, ha provocado la desaparición de más de 38 mil personas, cifra que rebasa las 17 mil 95 registradas en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y las 35 mil en la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En un recuento histórico de desapariciones realizado por la CNBP de 1964 al nueve de marzo de 2023, se contabilizaron 274 mil 654 personas, de las cuales 112 mil 115 siguen desaparecidas (el 40 por ciento); en tanto que los cuerpos de las otras 52 mil quizás se hallan en fosas comunes o en cámaras de conservación de cadáveres de personas desconocidas.

Entrevistadas por buzos, las madres buscadoras Cecilia Flores, Verónica Rosas y Cristina Tolentino coinciden en describir que la desaparición de sus hijos las ha obligado a vivir la peor pesadilla de sus vidas; y que desde entonces no comen, no duermen, no sonríen y solo piensan en buscarlos hasta encontrarlos.

Mitzi Xenia Santiago Tolentino

“Mitzi es una joven de 22 años muy agradable y sociable. Le gusta organizar a la gente para gestionar acciones que favorecen a su comunidad. Es amorosa con su familia y tiene un proyecto prometedor: quiere estudiar periodismo; pero por ahora su vida está en pausa, igual que la nuestra… desapareció”, relató su hermano mayor Juan Tolentino.

Luego de un profundo suspiro, Juan continúa: “Mitzi vino a Atizapán de visita. El 1° de agosto del 2022 se despidió de mamá (Cristina Tolentino) como a las 11:30 y partió de la colonia Villa de las Torres en el municipio de Atizapán de Zaragoza; se dirigía a Nopala de Villagrán, en Hidalgo. Se nos hizo raro que no llamara para avisar que ya había llegado a su casa; así que empezamos a contactar a sus amigos, pero nadie sabía nada. No hemos sabido nada de ella.

“Llamamos a Locatel, pero nos dijeron que debíamos esperar 72 horas para levantar el reporte. Después acudimos a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) mexiquense y nos pidieron discreción, que no hiciéramos pública su desaparición. Dos meses transcurrieron y no pudimos callar más, difundimos en redes sociales su imagen e intensificamos la búsqueda. Se revisaron las cámaras en su trayecto; pero no la ubicamos, en muchas de ellas ya se había borrado la información, las autoridades tardaron demasiado”, afirmó.

Desde entonces, los familiares y amigos de Mitzi han organizado cadenas humanas en las inmediaciones de la FGJ; pero la respuesta ha sido la misma: “aún no avanzan las indagatorias”. También han visitado otras comunidades para obtener información que les ayude a ubicarla; y han difundido la cédula de búsqueda ODI/CUA/A/062/2023 en redes sociales, donde se han acumulado más de 800 mil seguidores, pero sin ningún resultado.

Han pasado siete meses de la desaparición de Mitzi y en los rostros de doña Cristina y sus otros hijos hay una profunda tristeza y zozobra: “En donde quiera que estés, ten la seguridad de que seguiremos buscándote hasta encontrarte”, concluyó su hermano Juan.

Haciendo el trabajo de las autoridades

Ceci Flores es madre de seis jóvenes adultos. El 30 de octubre de 2015 sufrió el primero de tres golpes duros: la desaparición de su hijo Alejandro, quien regresaba del trabajo. Tres años después, el cuatro de mayo de 2019, un comando armado ingresó a la casa de sus hijos Marco y Jesús; sin importar que estuvieran con su esposa e hijos, se los llevaron mientras los amedrentaban con disparos.

Después de estos terribles sucesos y advertir que las autoridades no hacían nada para atrapar a los presuntos responsables, empezó a investigar por su cuenta. Entonces conformó el colectivo Madres Buscadores de Sonora y encontró a Jesús Adrián.

“Estoy consciente de quiénes son mis hijos, sé que tomaron el camino fácil para tener bien a su familia, pero ni eso justifica la desaparición de un ser amado. Para mí, siempre serán mis hijos y no puedo rendirme por nada. En mi casa aún hay dos sillas vacías”.

Con pico y pala en mano, Ceci encabeza brigadas de búsqueda en montes y veredas. “Deberían ser las autoridades las que hagan las labores de localización, pero no es así. Estamos haciendo su trabajo, sin importar que hemos recibido amenazas. Nos han matado y desaparecido también a nuestras compañeras; pero nada nos detiene. El amor a nuestros hijos es lo que nos mueve a realizar búsquedas que duran hasta 12 horas sin parar. Gracias a ello hemos encontrado a más de dos mil personas en fosas clandestinas y más de dos mil con vida, quienes se encontraban en estado de indigencia en diferentes partes del país”, reveló.

Siguiendo los pasos de Ceci, sus otros hijos conformaron el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, que suma esfuerzos y voces en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, además de las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas. A la fecha, la CNBP cuenta con un presupuesto de más de dos mil millones de pesos para “entregar subsidios a entidades y fortalecer comisiones de búsqueda”.

Diego Maximiliano Rosas Valenzuela

El cuatro de septiembre de 2015, a Diego le fue arrebatada su vida de manera despiadada. Eran las cinco de la tarde cuando pidió permiso a su mamá para salir y ella, aunque sobreprotectora, no imaginó que el peligro estaba muy cerca aunque aún había luz del día.

Verónica, la madre de Diego, lo recuerda como un deportista, un estudiante, un soñador; anhelaba ser administrador de empresas, incluso habían emprendido un pequeño negocio en el que trabajaba por las tardes y los fines de semana. Pero ahora, el rostro animoso de Diego solo es visible en fotografías que recorren el país para localizarlo.

A dos años del secuestro de Dieguito, como lo llama con amor, Vero ha recurrido a todas las instancias posibles para encontrarlo. Desde un principio, las autoridades fueron herméticas y le pidieron no difundir la información, so pretexto de que negociarían con los presuntos captores; pero ese hecho ha sido solo uno de los tantos bloqueos institucionales a los que se ha enfrentado.

“Las autoridades están rebasadas. No quiero generalizar, pero, muchas veces, lejos de ayudar, bloquean el camino, que de por sí ya es difícil y doloroso. Actualmente existen instrumentos legales y de búsqueda que no se aplican de manera inmediata, lo cual provoca que los expedientes se vayan acumulando con oficios dobles de la misma diligencia. Se convierten en búsquedas de escritorio y nuestro peor enemigo es el tiempo, pues al no actuar rápido, las líneas de investigación se van borrando.

“Tampoco se aplican los protocolos y no hay coordinación entre las instituciones; no hay recursos materiales ni humanos para reforzar las brigadas de búsqueda. Además, no hay investigación, lo cual es muy grave, ya que la búsqueda y las indagatorias deben ir de manera paralela; porque si no se investiga, no hay líneas de búsqueda”.

A los bloqueos institucionales, Vero suma la falta de agencias de ministerios públicos capacitados para litigar, lo cual propicia que no logren judicializar las desapariciones y, por tal motivo, no se llegue a la verdad ni a la justicia. “Por el contrario: el mensaje que se percibe del Estado es que no pasa nada si desapareces”, argumenta.

Con lágrimas en los ojos, Vero cuenta que cuando desapareció su hijo su vida también quedó suspendida. Primero se sumió en una profunda depresión, pero luego reaccionó y, gracias a su red de apoyo inició la búsqueda de su hijo, labor en la que persiste y no descansará hasta encontrarlo.

Contribuyó en la fundación del colectivo Unión de Esperanza, que efectúa búsquedas en áreas donde sospechan el ocultamiento de cadáveres; recurre a los penales y anexos de fiscales, organiza manifestaciones públicas pacíficas y brinda charlas en escuelas para sensibilizar, alertar y prevenir a la población.

Reflejo de un tejido social roto

“México cuenta con un marco legal en materia de desapariciones y protocolos de actuación reconocidos a nivel nacional e internacional. Sacamos un 10 en la teoría; pero en la práctica alcanzamos solo un cinco, ya que no se aplican ni correcta ni inmediatamente los lineamientos jurídicos y protocolarios”, aseguró el licenciado en derecho Mario Flores González quien, de 2016 a 2022, fue defensor municipal de derechos humanos en el municipio Chimalhuacán, Estado de México.

Recordó que hace cinco años (noviembre de 2017) se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en el Diario Oficial de la Federación, dicho documento define las responsabilidades de las autoridades especializadas en la materia para crear instituciones de búsqueda y registros de personas desaparecidas, cuya información debe ser compartida nacionalmente. En abril de 2001, la desaparición forzada había sido tipificada como delito federal.

El país, además, tiene Protocolos Homologados de Búsqueda e Investigación, el protocolo Alba y las alertas Amber y Odisea. Es decir, “tenemos la herramienta básica, es el turno de las autoridades competentes actuar de manera inmediata para localizar cuanto antes a las personas desaparecidas. Erradiquemos el estigma de que deben transcurrir 72 horas para una búsqueda”, destaca el abogado.

Flores González argumenta que si las autoridades aplicaran el marco jurídico vigente y vigilaran que los derechos humanos sean respetados por todo mundo, empezado por los mismos funcionarios, los mexicanos afectados no tendrían necesidad de manifestarse en las calles para hacerse escuchar, además de que no tendrían que salir de sus casas con miedo.

La politóloga Marilú Rasso aclaró, por su parte, que los extraordinarios índices de criminalidad existentes en el país se ocasionaron por la ruptura del tejido social en muchos estados de la República; y que, para recuperarlo o fortalecerlo, resulta indispensable que la economía crezca nuevamente, que haya empleos y buenos salarios.

Para garantizar la seguridad, ofrecer alternativas de movilidad sin riesgos y combatir con eficacia el flagelo social de las desapariciones, es necesario que los gobiernos visualicen estos problemas integralmente, para que las familias no deban sufrir un desgaste físico, económico, emocional y espiritual tan doloroso.

“Las familias de los desaparecidos sufren un calvario. Es como si la vida se detuviera y se vuelcan a buscar a sus seres queridos en hospitales, fosas, Semefos; incluso en terrenos que han dejado de ser fértiles a consecuencia del ácido que se derrama para desintegrar los cuerpos. Es una situación muy difícil.

“Existe una amplia mezcla de factores que propician la desaparición de personas, situación que va en aumento y requiere atención urgente; de lo contrario, las carpetas seguirán acumulándose sin claridad y se detonarán otras situaciones que también aquejan a la población mexicana como narcotráfico, adicciones, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidios, por mencionar solo algunos”.

Finalmente, sugirió que para la reconstrucción del tejido social, además de las acciones prioritarias, es recomendable crear vínculos de confianza y redes de apoyo entre todos los sectores sociales del país.