En 2019, el Banco de México (Banxico) estimó que el sector de la construcción alcanzó un valor aproximado de siete billones de pesos –el cuarto lugar en orden de importancia–, que representan el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que en generación de empleos ocupó el segundo lugar con seis millones 107 mil 559 plazas, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En lo que va de 2020, este sector se ha visto afectado radicalmente tanto en la generación de empleo como en el ingreso. La causa, aunque no única, es la paralización general de la economía ocasionada por la pandemia. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), efectuada en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que la caída en el valor de la producción del sector fue de -17.1 por ciento y que el personal ocupado descendió -10.7 por ciento; mientras que el comparativo anual de marzo (2019-2020), en cuanto al valor de la producción generado en el subsector de obras de ingeniería civil, decreció -24.5 por ciento; por lo que se refiere al valor de los trabajos especializados, la disminución fue del -18.3 por ciento y el de la edificación se redujo -9.5 por ciento. Partiendo del comportamiento de este sector, la CMIC pronostica que este año estarán en riesgo de quiebra dos mil 400 constructoras y que más del 80 por ciento tendrán afectaciones severas.

Detrás de estas cifras se halla la pérdida de dos millones de empleos y los ingresos de otros tantos millones de trabajadores padres de familia que no dispondrán de dinero para proveerles alimentos, vestido, calzado, estudios, atención médica y vivienda. A este grupo pertenece el capital productivo, que no es menos importante porque al cerrar inevitablemente sus empresas se perderán empleos y los impuestos que se pagan al gobierno. Todo esto provocará un terrible trastorno en nuestra sociedad, habrá un mayor debilitamiento del mercado interno, la clase trabajadora se depauperará aún más y se atizará la caldera de la inconformidad social que ya hervía en las últimas cuatro décadas.

¿Podemos culpar de ello al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? Evidentemente, no, porque ni éste ni ningún otro gobierno es culpable de la existencia del Covid-19 y la pandemia que hoy conmociona al mundo entero. Sin embargo, es posible inculpar a gobiernos como el nuestro por no haber tomado las medidas necesarias para preservar la vida de los ciudadanos y  salvaguardar la economía de sus naciones; porque la responsabilidad principal de las autoridades de los Estados consiste en destinar los recursos que todos ingresamos al erario mediante los impuestos a las instituciones públicas que velan por el bienestar de los ciudadanos y, cuando ocurren situaciones de crisis como la actual, destinar recursos financieros extraordinarios.

Académicos y especialistas en diversos campos de la ciencia han demostrado que, desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias mexicanas no tomaron con seriedad el peligro del Covid-19; que éstas no aplicaron oportunamente la medidas de prevención y, peor aún, que cuando el virus se dispersaba por el territorio nacional, se rehusaron a seguir el ejemplo de los países que lo combatieron con éxito. El ejemplo más notorio de su negligencia está en la ausencia de pruebas de contagio recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la no inversión de los recursos necesarios en materiales, equipos e insumos sanitarios para la protección del personal médico y los pacientes de los hospitales especializados en atender la pandemia. Las consecuencias de estas decisiones equivocadas en materia de salud están a la vista: el pico de contagios de la pandemia aún se ve lejano.

Aunada a su ineptitud manifiesta frente a la crisis sanitaria, los distintos niveles del gobierno actual han negado la atención a los millones de ciudadanos que se ven obligados a suspender sus labores por la cuarentena, sin contar con ingresos propios para alimentar a sus familias, subsidios o condonaciones fiscales para sus pequeñas o medianas empresas. En estas condiciones, el encierro les resulta imposible y deben salir a las calles a retomar sus actividades cotidianas a pesar de los riesgos de contagio de la pandemia, que no ha sido controlada y amenaza con un posible rebrote que aumentaría el peligro de más desempleo y pobreza en México.

La evidente incompetencia de este gobierno para enfrentar la pandemia y la crisis económica es solo un eslabón más en la cadena de sus desaciertos en la mayoría de los sectores, entre los cuales el de la construcción –esencial por sus vínculos con muchos otros– ha sido víctima de recortes presupuestales.

 El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), en su análisis de 2016 sobre la infraestructura, describe las etapas por las que ha pasado el sector en la historia moderna de nuestro país. Los montos, destinos, localización y modalidades de la inversión pública fueron determinados por el modelo de desarrollo económico de cada periodo. Por ejemplo, en la década de los 20, la necesidad de unificar al país, desarrollar al campo y a la educación orientó la inversión a la construcción de carreteras, obras hidráulicas y escuelas. En el periodo de 1940-1960 se optó por la industrialización mediante la sustitución de importaciones, con un desarrollo concentrado en las zonas urbanas y la creación de espacios para la educación y la promoción del crecimiento de la economía; de 1970 a 1976 se planeó y financió la creación de centros turísticos integrados; a partir de los años 80, con la instauración del neoliberalismo, la inversión pública se redujo drásticamente y se impulsó la inversión privada a través de concesiones, como autopistas de peaje; de 2000 a 2016 la inversión se vio condicionada a las necesidades de aceptación popular de los gobernantes, lo que significó que entre 2001 y 2006, por ejemplo, los niveles de inversión ascendieran al 4.2 por ciento del PIB, contra un crecimiento promedio del 2.3 por ciento anual en la mayor parte del periodo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en lo que va del actual gobierno y con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF 2020), la inversión física ha aumentado en términos absolutos, pero ha disminuido en términos relativos. El PEF 2019 fue de cinco billones 815 mil 291 y para la inversión física se asignaron 676 mil 377 millones, cifra equivalente 11. 4 por ciento con respecto al año anterior, pero apenas al  2.71 por ciento del PIB; mientras que para 2020, el PEF fue de seis billones 107 mil 732 millones y se asignaron 762 mil millones, apenas el 0.9 por ciento más en términos reales, pero equivalente solo al 1.4 por ciento del PIB, muy por debajo del mínimo aceptado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que prevé entre dos y 2.3 por ciento. Eso no es todo; en 2019, a la inversión en obras por contrato y proyectos productivos del Estado en el PEF, se asignaron 370.5 mil millones de pesos, tres de cada cuatro pesos del monto total en inversión física. Pero el 95 por ciento se concentró en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que a Provisiones Salariales (Ramo 23) que incluye fondos para el desarrollo regional y la construcción de infraestructura urbana, registró una caída del -84.3 por ciento (64 mil 344 millones en 2018 y solo 10 mil 485 millones en 2019). Se relegaron sectores como el de salud, la educación y las obras públicas civiles para invertir en el Aeropuerto de Santa Lucía, dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que serán construidos en parte o totalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De los 10 mil 485 millones para obra pública, el 90 por ciento fue  asignado  directamente a organizaciones de la sociedad civil y solo el 10 por ciento a empresas del ramo de la construcción legalmente constituidas.

Esta programación de la inversión pública indica la poca importancia que la actual administración da a este sector. El cuadro se completa cuando vemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunciar por redes sociales el impulso a los dos ejes que, según él, permitirán la reactivación económica: el turismo y la inversión en infraestructura destinada a satisfacer las normas del renovado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EE. UU.), México y Canadá (T-MEC). El gobierno acelerará en octubre y noviembre el gasto programado en proyectos que activen, en mayor medida, la generación de empleo –como el aeropuerto de Santa Lucía– y como la mayor parte de éstos requieren algún tipo de financiamiento se buscará que los negocios tengan acceso de manera expedita.

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no solo se suma a la política que provocó que México se ubique –según el Índice de Competitividad Global de 2017-2018 del Foro Económico Mundial–  en el lugar 62 de 137 países, sino que disminuye aun más la inversión destinada a mejorar el nivel de vida de la población. El sector, ya en crisis ante la nula inversión pública, se agita más porque la obra privada está paralizada por la pandemia y, por si eso no fuera suficiente como lo evidencia en las redes sociales, el Gobierno Federal esconde su nula intención de aplicar medidas para evitar que 12 millones de mexicanos pierdan su empleo, al reducir su ayuda en la apertura de líneas de crédito y al adelantar dos meses sus apoyos monetarios personalizados, medidas que no tendrán ningún impacto en la economía de las miles de empresas que hoy están en bancarrota y que generan millones de puestos de trabajo. 

REFERENCIAS:

www.tecomatlán.gob.mx

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=42349fcb-6292-d816_6965_41fb4979a53&groupld=252038.

Mexico la gran esperanza, Peña Nieto, 2011. editorial Grijalbo

https://www.cefp-gob.mx/transp/CEFP-70-C-Estudio0015-26078.pdf

https://www.cmic.org.mx , https://www.inegi.org.mx

https://www.dob.gob.org.mx , https://www.gob.org.mx

https://es.weforum.org