La empresa española Iberdrola anunció, en junio pasado, la cancelación de una inversión por más de 27 mil 600 millones de pesos (mdp) en el estado de Veracruz, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la acusara de monopolizar la producción de energía. Para la entidad, esta acción representará la pérdida de dos mil empleos y el temor a que la misma compañía renuncie a proyectos similares en Perote y Soledad de Doblado.

Apenas el tres de julio de 2019, el senador morenista Armando Guadiana Tijerina, los representantes de Grupo Iberdrola y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) habían coincidido en que la región sur-sureste del país requiere inversiones del sector energético para impulsar su crecimiento económico y elevar el nivel de bienestar de su población.

Incluso, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que el impulso al desarrollo en dicha región por cuenta de las autoridades federales era indispensable, ya que en los últimos años se había dado prioridad a las inversiones en el centro y el norte del país, donde el crecimiento económico había sido del cuatro por ciento en contraste con el promedio nacional, abajo del dos por ciento.

Actualmente –advirtió– no hay suficiente gas natural en esa región, pero una vez que esté listo el ducto de 800 kilómetros que viene del sur de Texas a Tuxpan, México dispondrá de dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios de este energético.

“México está en busca de reducir su dependencia energética de Estados Unidos (EE. UU.). Es urgente desarrollar exploración y explotación de la región geológica rica en gas, que está conformada por el norte de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Esta región tiene más del 70 por ciento de las reservas de gas del país para los próximos 80 años. Llevar esas reservas al sureste generará desarrollo, a través de inversiones y un equilibrio con respecto al centro-norte del país”, sostuvo Guadiana.

El presidente de Grupo Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció por su parte la creación de nuevos proyectos de centrales eléctricas en Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Puebla, y señaló que la empresa española estaba dispuesta a trabajar con el Presidente y a apoyar su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

Sin embargo, el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, anunció, el pasado 23 de junio, que las cosas habían cambiado, que la compañía española Iberdrola y la empresa canadiense Transcanadá habían cancelado la construcción de una planta central eléctrica en su municipio, cuya inversión era de mil 200 millones de dólares y generaría dos mil puestos de trabajo directos.

Según el edil panista, los directivos empresariales acudieron al Palacio Municipal para informarlo oficialmente sobre el retiro de la inversión debido a la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para otorgar el suministro de gas necesario.

Las declaraciones del Presidente

Esta administración federal ha sostenido diversas controversias con las empresas generadoras de energías limpias. Sin embargo, tras el anuncio de Iberdrola, el mandatario mexicano afirmó en su conferencia mañanera que la empresa no le había comunicado la cancelación y que aún estaba en disposición de realizarla.

“Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando de que tienen alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno”, precisó textualmente AMLO.

Pero más tarde reveló que su administración había revisado los contratos que durante el “periodo neoliberal” se firmaron con compañías privadas y que había advertido que éstas producían más electricidad que la CFE. “El plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares y, en especial, a las españolas”.

La decisión de Iberdrola y Transcanadá provocó de inmediato reacciones públicas que criticaron la actitud del gobierno. El exsecretario de Turismo en el sexenio anterior, Enrique de la Madrid Cordero, mediante un mensaje en Twitter lamentó la cancelación de la construcción de la planta de ciclo combinado para producir electricidad a base de gas, por considerar que México no podría desarrollar energía con tecnología de nueva generación.

“Una más de las inversiones que no ocurrirán en nuestro país por falta de confianza en nuestras autoridades. Todo esto, junto con la tragedia del Covid-19, nos llevará a una caída de más del 10 por ciento de nuestra economía en el 2020”, expresó.

En un intento por remediar las reacciones vinculadas con la cancelación, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien estuvo en Tuxpan el día del anuncio, difundió en redes sociales un video advirtiendo que la CFE licitará la planta eléctrica en Tuxpan.

Pero en esos días, en su Índice de Competitividad Estatal 2020, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que en complejidad económica y en algunos sectores de innovación, Veracruz aparece en el lugar 16; que en personas con ingresos mayores al promedio nacional se situaba en la posición 18 y en número de investigadores en el 24, porque solo 26 de cada 100 mil habitantes se dedican a la investigación, cifra muy distante del promedio nacional de 47.

En otros rubros no le fue mejor, pues el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los veracruzanos era de 115 mil 54 pesos; solo el 17.6 por ciento de las personas de 25 años y más tienen educación superior y el monto de inversión pública por Persona Económicamente Activa (PEA) era de 64 mil 419 pesos.

Pero sus mayores debilidades se hallaron en el Subíndice de Sistema Político, pues Veracruz ocupó el primer lugar nacional en agresiones a periodistas y el segundo tanto en percepción de corrupción estatal, como en consulta de información de finanzas públicas.

En el Subíndice de Gobiernos, está en la posición 30 de ingresos propios; el 27 en el índice de información presupuestal e interacción gubernamental por medios electrónicos. Y en el Subíndice de Precursores, la posición 28 en telefonía móvil y acceso a Internet y el 26 en penetración del seguro en la economía.

Al respecto, Lorena Piñón Rivera, secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Veracruz sufre ineficacia gubernamental, insensibilidad social y de la manifiesta falta de liderazgo político del gobernador García.

Explicó que Veracruz tiene una localización privilegiada con 720 kilómetros de costa; es la quinta entidad con mayor número de puertos marítimos; con más aeropuertos (tres nacionales y dos internacionales) y dispone de mil 807 kilómetros de vías férreas.

“Su conectividad con el interior y el exterior del país es una ventaja para la actividad económica, para atraer empresas y para crear cadenas de producción. Sin embargo, la gestión de los gobiernos federal y estatal en lugar de atraer, repelen inversiones productivas con lo que se pierden las fuentes de empleo y se agudiza la maltrecha situación económica de la entidad, que hoy se encuentra inmersa en una crisis multifactorial agudizada por un gobierno pasmado.

“Los empresarios han emprendido el éxodo. Los robos a la industria se multiplican. La violencia se ha extendido y la procuración de justicia es lamentable. Es una lástima que el Presidente de la República venga regularmente a la entidad, pero no con el propósito de anunciar obras públicas o medidas mínimas para la reactivación económica, sino que sólo viene a darle espaldarazos a un gobernador que es reprobado por los veracruzanos”, remató la dirigente priista veracruzana.

Por su parte, Marlon Ramírez Marín, lideresa estatal del PRI, expresó en tono jocoso que los servidores públicos del gobierno morenista tienen “manos de lumbre” porque todo lo que tocan termina en desastre. “Es un gobierno ausente, no hay liderazgo, los integrantes del gabinete son ineficientes y no responden a las exigencias del pueblo veracruzano”, destacó.

La dirigente tricolor recordó que la administración estatal devolvió tres mil 400 millones de pesos a la Federación del ejercicio 2019, dinero que pudo servir para hacer carreteras y escuelas. “Lo devolvieron no sé si para hacer el Tren Maya o Dos Bocas. El gobierno aquí es ausente; el secretario de Salud es una nulidad; la seguridad cada vez está peor, aun cuando el gobernador prometió que en dos años resolvería este problema. Vamos en año y medio, le quedan seis meses para cumplir dicha promesa”.

El factor inseguridad

A la falta de competitividad económica en Veracruz hay que sumar sus altos índices de inseguridad. El empresario David Velasco Chedraui opinó que, en México y en Xalapa, la inseguridad representa un problema grave que genera incertidumbre y ahuyenta las inversiones locales y extranjeras.

El expresidente municipal xalapeño consideró que las autoridades deben estar más pendientes y revisar constantemente sus estrategias de seguridad porque, cuando ésta falla, las inversiones y los empleos huyen. La incidencia delictiva preocupa mucho a los empresarios y a la población en general, insistió Velasco, quien además lamentó que esté impactando demasiado a la economía de todos los veracruzanos.

“Los empresarios estamos muy preocupados, asustados, porque sabemos que muchos ya no podrán abrir sus puertas al público; volvemos a lo mismo, le van a pegar nuevamente al empleo, una vez que pase y se controle el Covid-19 nos enfrentaremos a un problema bastante delicado y muy fuerte, que será el desempleo y que resurjan las empresas y los negocios que tuvieron que cerrar”, puntualizó.

Finalmente, el también exdiputado local hizo un llamado a las autoridades de la entidad y a la Federación para que brinden todas las facilidades a industriales y comerciantes. Es necesario “que les den un respiro, que juntos busquen soluciones concretas para el pago de impuestos”.

Esta misma demanda fue planteada recientemente por la diputada federal veracruzana, Anilú Ingram Vallines, en un punto de acuerdo donde se exhortó al gobierno de México y a la Secretaría de Energía (Sener) a que modifiquen su actitud y brinden garantías legales a las inversiones extranjeras que generan o proyectan producir energías limpias en el territorio nacional con base en la reforma energética.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI pidió a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía que informen en torno al impacto económico y social a nivel local y nacional sobre la cancelación de la inversión en Tuxpan, así como sobre las implicaciones jurídicas de la decisión con base en las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de los que México forma parte.

Y al gobierno estatal de Veracruz y a la CFE exigió agilizar las acciones que permitan la continuación de las obras que se hallan inconclusas para minimizar el impacto económico y social de su cancelación.

“Urge garantizar las inversiones en México para generar empleo y recuperar competitividad, pues en el informe 2020 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa México salió de la lista de los 25 países más atractivos. Entre los factores que incidieron en la baja del índice se encuentran el bajo crecimiento histórico del país; cambios en las reglas que han frenado la dinámica de la reforma energética; la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; detener sin fundamento legal las inversiones aprobadas para empresas del sector privado, como la planta cervecera en Baja California, y priorizar inversiones de bajo impacto económico y social como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya”, sostuvo la legisladora federal.

Si bien es cierto que la empresa española no ha confirmado la cancelación del proyecto en Veracruz, tampoco lo ha desmentido, razón por lo que aún existe la esperanza de que haya un arreglo.